El Congreso suaviza el impuesto a las energéticas para excluir las actividades reguladas

El texto de la ley también deja fuera los ingresos por las actividades fuera de España

Desde la izquierda, los diputados Pedro Casares (PSOE), Ferran Bel (PDeCAT) y Txema Guijarro (UP), este jueves en la Comisión de Economía del Congreso.
Desde la izquierda, los diputados Pedro Casares (PSOE), Ferran Bel (PDeCAT) y Txema Guijarro (UP), este jueves en la Comisión de Economía del Congreso.Daniel González (EFE)

El pleno del Congreso aprobará la próxima semana la ley que regula los impuestos extraordinarios a las energéticas, la banca y las grandes fortunas, con un texto suavizado en algunos aspectos. Las rebajas beneficiarán a las energéticas, que quedarán exentas de la nueva tributación por las actividades dentro del mercado regulado y por la facturación de sus negocios en otros países. El PSOE pactó esos cambios a solicitud de dos de sus aliados parlamentarios, el PNV y el PDeCAT, en una enmienda que obtuvo el respaldo de todos los grupos en la Comisión de Economía del Congreso.

Nacionalistas catalanes y vascos argumentaron que si el objetivo de la ley es obligar a esas grandes compañías a tributar por los beneficios extraordinarios en tiempos de crisis, dentro de esa categoría no se debería incluir la parte del negocio sometida a precios regulados. Es el caso del 20% de los contratos de gas y el 40% de los de electricidad en España. Socialistas y Unidas Podemos lo aceptaron, así como otra propuesta de ambos grupos para dejar fuera también las actividades de las compañías en el extranjero. Previamente, el PSOE había enmendado su propia propuesta inicial presentada junto a Unidas Podemos para evitar que quedasen fuera —como así ocurría al principio— las corporaciones internacionales del sector que operan en España.

Los partidos del Gobierno cerraron este jueves el proceso de redacción de la ley con algunas concesiones tanto al flanco centrista de sus aliados parlamentarios (PNV y PDeCAT) como al sector más a la izquierda (EH Bildu). A esta última formación, PSOE y UP le ofrecieron un gesto muy simbólico: pactaron con ella que las Haciendas forales vasca y navarra recauden los nuevos tributos sin contar con el PNV, que solicitaba lo mismo. A propuesta de Bildu también se añadió que el Gobierno hará un informe para estudiar si los impuestos se pueden hacer permanentes cuando dejen de estar en vigor, a finales de 2024.

El texto irá al pleno el próximo jueves y, tras su paso por el Senado, se da por hecho que estará listo para ser aplicado con el nuevo año. Ha sido una tramitación exprés que ha levantado las más ácidas críticas de la derecha e incluso de apoyos habituales del Gobierno, como los propios PNV y PDeCAT. Estos dos grupos comparten otra de las críticas de la oposición: que el gravamen se aplique a la facturación y no a los beneficios. Pese a todo, el PNV dio su apoyo al texto, al igual que Junts, fuera del perímetro de la base parlamentaria del Gobierno.

Uno de los aspectos que más han irritado a la oposición ha sido que el impuesto a las grandes fortunas no figurase en la propuesta inicial de PSOE y UP y se introdujese a través de una enmienda, lo que impidió que los demás lo enmendasen a su vez. Ese fue uno de los motivos esgrimidos por Ciudadanos para intentar sin éxito que se bloquease la aprobación del texto. En una intervención muy airada, su portavoz, Edmundo Bal, dio por hecho que la ley será anulada por el Tribunal Constitucional y la Comisión Europea. Gabriel Elorriaga, del PP, denunció que la apresurada tramitación de la ley ha supuesto una “flagrante violación de los derechos constitucionales” de los diputados.

Los partidos del Gobierno replicaron que la derecha apela a defectos de forma para ocultar su supuesto alineamiento con los intereses de las grandes compañías. “Hablan de la forma para no hablar del fondo”, contraatacó el socialista Pedro Casares. “Buscan excusas formales porque lo que no les hace ninguna gracia es que paguen más los que más tienen”, abundó Txema Guijarro, de Unidas Podemos.

El tono de indignación que exhibieron los portavoces de la derecha escaló hasta lo más alto con el gurú económico de Vox, Rubén Manso, quien proclamó con toda seriedad: “Recuerden esta fecha: hoy empezó el totalitarismo en España”. La forma en que se han aprobado estos impuestos supone ni más ni menos que “un paso previo al Gulag”, prosiguió Manso, un inspector del Banco de España en excedencia capaz de acusar al Gobierno en estos términos: “No están actuando ustedes de una manera distinta a Hitler y a Stalin”.

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Sobre la firma

Xosé Hermida

Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.

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