Los exámenes presenciales en las universidades abren una crisis entre los rectores y Castells

La CRUE lamenta el “populismo” del ministro después de que este se haya alineado con las denuncias de los estudiantes al cuestionar la seguridad sanitaria de las pruebas

El ministro de Universidades, Manuel Castells, este miércoles en el acto de presentación de planes digitales para pymes, en Madrid.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, este miércoles en el acto de presentación de planes digitales para pymes, en Madrid.R. RUBIO/POOL (Europa Press)

La polémica en torno a los exámenes presenciales en las universidades, que muchos estudiantes y sus principales organizaciones piden desde hace semanas que se cambien a la modalidad online por el riesgo de contagio del coronavirus, algo que muy pocos campus han aceptado hacer, ha acabado generando el mayor conflicto hasta la fecha entre el ministro Manuel Castells y los rectores.

El ministro de Universidades se mostró comprensivo con la petición de los estudiantes, con quienes se reunió el 11 de enero, pero como carece de competencias en la materia, se limitó a hacer llegar la solicitud a las autoridades sanitarias, que descartaron prohibir los exámenes presenciales al estar de acuerdo con los centros en que sus protocolos de prevención contra las infecciones están funcionando.

Explicaciones sobre los fondos

Después de ser objeto de críticas en las redes sociales por parte de estudiantes durante varios días por no actuar, y de la difusión de algunas fotografías en las que se observan aglomeraciones en instalaciones académicas, Castells entró de nuevo en el debate este miércoles asegurando sentir una “profunda preocupación” por lo que estaba sucediendo “en algunas aulas, en la medida en que las imágenes muestran situaciones que tal vez no cumplen los protocolos sanitarios”. “La prioridad es la salud de toda la comunidad universitaria”, prosiguió Castells, “y no hay ninguna razón para que los exámenes tengan que ser presenciales cuando las condiciones sanitarias no lo permitan”. El curso pasado los exámenes fueron a distancia, dijo el ministro, “sin que hubiera problemas sensibles de calidad académica, según las agencias de evaluación pertinentes”.

Y remató: “El Gobierno transfirió a las comunidades autónomas 400 millones del fondo covid-19 para que las universidades pudieran adaptarse a la enseñanza digital. Es decir, las universidades están preparadas para la enseñanza online y, si no lo hacen, deben explicar por qué, empezando por los estudiantes”.

“Situaciones puntuales”

Las afirmaciones de Castells sentaron fatal entre los rectores que, a diferencia de su moderación habitual, reaccionaron con un comunicado en el que, sin citarlo, pero dejando claro que se referían al ministro, criticaron con dureza su actitud. En el texto difundido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) defendieron sus medidas de seguridad y afirmaron que “los incidentes aislados y ocasionales que se hayan podido producir han sido corregidos de inmediato y, en ningún caso, reflejan la realidad de los campus universitarios”. “Lamentamos profundamente que ahora se cuestionen vía Twitter [que fue la elegida por Castells para manifestar su opinión] desde otros ámbitos gubernamentales y se haga eco de situaciones puntuales, olvidando el formidable trabajo realizado”, continuaron.

Las pruebas online exigen, señalaron los rectores, “unas medidas extraordinarias y con complejas derivadas legales y técnicas en el ámbito de la protección de datos y la identificación de quienes se examinan”, que han tenido como consecuencia “intentos de fraude”.

Los rectores consideraron una deslealtad las declaraciones del ministro después de que muchos de los integrantes de los equipos de gobierno de las universidades hayan “tenido que soportar en estas semanas una presión, en algunos casos a nivel personal, que es injustificable e intolerable”. Y concluyen: “La vocación de servicio que profesamos todos los miembros de la comunidad universitaria nos impide rendirnos ante el populismo y el mensaje fácil”.

Sospechas de trampas

Las universidades y los profesores en general defienden que, más allá de episodios concretos (en un contexto en el que se está examinando a centenares de miles de alumnos en España), la seguridad en las pruebas está siendo elevada. Y que, en cambio, la evaluación online que tuvieron que aplicar el curso pasado no permitió asegurar suficientemente la limpieza de las pruebas.

“Hemos avanzado mucho en la docencia online, pero no tenemos tan bien desarrollado cómo realizar unas evaluaciones a distancia que aseguren algo que también es nuestra responsabilidad, que es otorgar unas calificaciones justas atendiendo al esfuerzo que los estudiantes han realizado”, afirma el decano de Medicina de Málaga y presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina, Pablo Lara. “En Medicina, el expediente pesa un 10% en la nota del examen MIR (el que abre la puerta a un médico a realizar la residencia). Aunque no parezca mucho, puede representar la diferencia entre quedar en el puesto 500 y el 2.000 a la hora de elegir plaza”. “El curso pasado”, añade María José Carbonell, profesora de Historia en la Universidad de Valencia, “el profesorado fue más generoso a la hora de corregir, y el alumnado menos honrado a la hora de hacer el examen”.

Temor al contagio

Los estudiantes consideran que el riesgo de contagio en plena tercera ola es alto no solo por las condiciones de las aulas, sino por las aglomeraciones que pueden producirse en los accesos a las facultades y las clases, así como en el transporte público. Y que las universidades deberían haber desarrollado herramientas para asegurar exámenes a distancia con garantías o, en todo caso, haber optado por formatos de evaluación, como por ejemplo presentaciones grabadas, en las que el hecho de copiar no fuera relevante. Castells, por su parte, lo considera en realidad un problema relativo. “La obsesión de que no copien es un reflejo de una vieja pedagogía autoritaria. Si copian bien y lo interpretan inteligentemente es prueba de inteligencia”, declaró el año pasado en una entrevista con el diario Público.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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