Opinión
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Por una nueva ley para la Universidad que España necesita

La conclusión es evidente, hay que tener formación, cuanta más mejor.

Estudiantes en el campus de la Universidad de Santiago de Compostela, este marzo.
Estudiantes en el campus de la Universidad de Santiago de Compostela, este marzo.OSCAR CORRAL / EL PAÍS

El modelo de desarrollo al que debemos dirigirnos es el basado en el conocimiento. No nos cansamos de repetirlo, hay que invertir en investigación, en I+D para afianzar las bases de nuestro crecimiento, y la investigación se debe extender a todas las áreas del conocimiento, incluyendo áreas no explotadas hasta ahora. En este objetivo, el papel de la Universidad es imprescindible, como lo es transferir el conocimiento a través de la formación a los estudiantes universitarios, empoderándolos para que ellos y ellas puedan insertarse dignamente en el mercado laboral y construir su propio futuro.

En esto se basa nuestro futuro, y en esto se basa cualquier procedimiento de mejora en todos los ámbitos que nos rodean: económico, laboral, social y vital, porque cualquier proceso de mejora repercute en nuestra calidad de vida.

Estos últimos meses hemos constatado cómo aquellos países que han estado más volcados en priorizar la ciencia y la investigación como avances en todos los ámbitos, han estado más equilibrados para hacer frente a esta crisis. Hemos visto como la investigación se puso al servicio de las necesidades que surgían, diseños y fabricación de EPIS, respiradores, PCR, test y el gran reto de la vacuna. Hasta la toma de decisiones políticas se ha basado en investigaciones y recomendaciones científicas: la organización de la vuelta al cole, la desescalada, los protocolos, las fases de vacunación, etcétera.

También hemos podido comprobar que las crisis que hemos vivido en los últimos tiempos suelen llevarse por delante múltiples empleos y perspectivas laborales, especialmente para los más jóvenes. Es indudable que son los más afectados por la precariedad, inestabilidad laboral y el desempleo. Cerca del 40% del paro castiga a nuestros jóvenes. Pero también hemos de reconocer que no todos y todas lo viven de la misma manera. Mujeres y jóvenes entre 25-34 años son los más castigados con una tasa del 17,5%, y mujeres con estudios básicos, como mucho tienen educación primaria, son las que encabezan la tasa de desempleo 24,5%. Frente a ellas, están los hombres con educación superior, cuya tasa de desempleo se reduce al 6,5% según datos de la EPA, FUNCAS. La conclusión es evidente, hay que tener formación, cuanta más mejor.

Pero para ello debemos contar con un buen sistema universitario, que sea capaz de proporcionar en primer lugar la posibilidad de competir en investigación y su transferencia con el resto de los países de nuestro entorno europeo, en un mundo globalizado e internacionalizado, y para ello debe poder contar con los recursos adecuados. Sin duda, la Universidad y el conjunto de la educación superior, deben protagonizar el liderazgo de los cambios sociales y de vanguardia que se producen y producirán en España.

Para lo cual se hace necesaria y oportuna una nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario español (LOSU) que, unida a un conjunto de políticas universitarias sectoriales, aborde las reformas estructurales que requiere el sistema universitario, en beneficio de toda la sociedad, actual y futura.

Una ley orgánica que contemple las instituciones y comunidades universitarias como un sistema. Esto es fundamental. Un sistema formativo y de investigación al servicio de la sociedad, que debe caracterizarse por su calidad, que abarque todas las instituciones universitarias que lo conforman.

La Universidad y el conjunto de la educación superior, deben protagonizar el liderazgo de los cambios sociales y de vanguardia que se producen

Una ley que defina la Universidad a partir de las funciones que desempeña: formar profesionales de las diversas ramas del saber; producir y transferir conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico; impulsar la innovación; contribuir al desarrollo económico y territorial y a la cohesión de la sociedad; generar pensamiento crítico; y formar ciudadanas y ciudadanos a partir de los valores democráticos.

Una norma asimismo que, como mínimo, aborde las funciones y objetivos de la universidad; el papel de la sociedad en la universidad y de la universidad en la sociedad; la necesidad de atender a las exigencias de una demanda real de títulos (mapa de titulaciones y la estructura de títulos); la organización docente y los objetivos formativos del estudiantado en relación a su inserción digna en el mercado laboral; el modelo de profesorado y de su carrera profesional; el sistema de ayudas y la política de precios de los estudios; la creación de nuevas instituciones universitarias o de centros sean públicos o privados; las bases de un modelo de financiación; la incardinación entre docencia e investigación y transferencia del conocimiento; el modelo de personal de administración y servicios y de carrera profesional; los deberes y derechos del estudiantado; los mecanismos de aseguramiento de la calidad; la forma de gobernanza y de participación democrática; la internacionalización de la docencia y la investigación; las interrelaciones con los sectores productivos locales y globales; y los instrumentos de rendición de cuentas y de transparencia en el uso de los recursos y de los resultados académicos.

Una nueva ley orgánica de universidades que debe poner los cimientos de un conjunto de políticas que resuelvan los problemas estructurales del sistema universitario español. Un sistema sustentado fundamentalmente en la universidad pública.

Una ley que debe tener perspectiva de continuidad para lo que es necesario construirla desde un amplio consenso.

Una ley que asuma la complejidad y heterogeneidad del sistema universitario como una riqueza, y su capacidad de cambio y de adaptación como una necesidad.

Una ley que se conciba desde la libertad de cátedra y de estudio, de la garantía de participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, desde el fortalecimiento de la autonomía real y efectiva de las universidades, y desde el convencimiento de que el gobierno universitario debe tener capacidad efectiva de tomar decisiones y de promover y ejecutar políticas.

Una ley que conjugue estratégicamente la capacidad efectiva de gobierno y la participación democrática de la comunidad universitaria.

Una ley que consolide y desarrolle la cultura de la evaluación y el aseguramiento de la calidad de la oferta académica universitaria.

En definitiva, las y los socialistas queremos construir una ley que contenga todos estos ingredientes para garantizar mecanismos de control y de transparencia, y, sobre todo, la participación y complicidad de la sociedad en el diseño de las principales estrategias universitarias. España se juega mucho de su futuro en el éxito de una Universidad dinámica, comprometida y abierta al cambio.

Luz Martínez Seijo es secretaria de área de Política Social, Educación y Universidades del PSOE y diputada por Palencia.

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