DERECHO A LA EDUCACIÓN

La ONU reprende a España por no escolarizar a un niño de ocho años de Melilla

La madre intentó matricularlo cuando tenía seis años, pero las autoridades no reconocieron la residencia del pequeño en la ciudad autónoma. Unos 150 menores se encuentran en una situación parecida de cara el próximo curso

Manifestación de un grupo de niños sin escolarizar de Melilla ante la Delegación de Gobierno en marzo de 2018.
Manifestación de un grupo de niños sin escolarizar de Melilla ante la Delegación de Gobierno en marzo de 2018.Antonio Ruiz

El Comité de Derechos del Niño de la ONU publicó este lunes una resolución en la que condena la actuación de España por mantener sin escolarizar durante casi dos años lectivos a un niño nacido en Melilla con pasaporte marroquí. El Comité decidió que España violó el derecho a la educación de este niño de ocho años “por no admitirlo inmediatamente en la escuela pública después de que se confirmara su residencia en el territorio español”. La resolución es la primera que entra en el fondo un problema crónico en la ciudad autónoma y que mantiene en una trampa burocrática a decenas de chiquillos que no pueden ir al colegio por las dificultades que tienen para demostrar que viven en la ciudad o por su situación irregular.

El menor cuyo caso estudió la ONU responde a las iniciales A. E. A., nació en Melilla en 2013 y vive allí desde entonces aunque ni él ni su familia cuentan con autorización de residencia. La legislación nacional reconoce el derecho de cualquier niño a la educación, independientemente de su situación administrativa, así que su madre comenzó la odisea para matricularlo cuando cumplió los seis años. Enseguida se encontró con el muro burocrático de las autoridades melillenses que, en la práctica, exigen que el extranjero tenga sus papeles en regla para empadronarse. Sin papeles no hay padrón y sin padrón no hay colegio. La familia presentó otros documentos como la solicitud de la tarjeta sanitaria, el certificado de nacimiento del niño y un contrato de suministro de gas que no se aceptaron como prueba. A pesar de varios procedimientos en los tribunales, las autoridades administrativas y judiciales locales se negaron a permitir que el pequeño asistiera a la escuela.

La madre, entonces, denunció el caso ante el Comité en marzo de 2020 y ocho meses después, la policía confirmó que el niño y su familia vivían en Melilla, pero las autoridades locales siguieron exigiendo que se confirmase su “situación legal de residencia” y negando su escolarización. Solo en marzo, el Ministerio de Educación ordenó que se permitiese su matriculación en la escuela pública. La resolución incide en la demora de la Administración tanto para descartar un posible fraude como para escolarizar al niño una vez que se demuestra que efectivamente vivía donde decía. “La escolarización tardía no ha reparado integralmente las potenciales violaciones a sus derechos”, reprende el Comité.

El caso pone de manifiesto las barreras que enfrentan decenas de familias, primero, para demostrar que viven en Melilla y, después, para lograr que sus hijos vayan al colegio. Hace más de dos años que el Defensor del Pueblo viene denunciando esas trabas que se imponen a las familias de origen marroquí —y en especial a las que están en situación irregular— para completar este trámite. En unos casos, los progenitores no tienen autorización de residencia y, en otros, a pesar de residir legalmente, no pueden empadronarse. El problema, además, se ha agravado desde que Marruecos decidió cerrar la frontera en marzo del año pasado para frenar el avance de la pandemia. Aunque las autoridades calculan que casi 500 han dejado de ir al colegio por, probablemente, haberse quedado atrapados en Marruecos, donde realmente vivían, también dejó a cientos de familias marroquíes con niños del lado español de la valla, en situación irregular y sin escuela.

Las exigencias para demostrar la residencia se justifican en el régimen de exención de visado de Ceuta y Melilla que permite que los vecinos de Tetuán y Nador, respectivamente, puedan entrar y salir sin visado de las dos ciudades autónomas. Pero las barreras para acceder a la educación se imponen sobre todo en Melilla, donde el Comité calcula que aún hay 150 menores sin colegio. La ciudad, con recursos limitados y el ratio de alumnos por clase más alto del país, quiere evitar que los habitantes de poblaciones limítrofes cercanas accedan a distintos servicios, entre ellos los sanitarios o educativos. La Plataforma de Infancia solicitó el martes 8 de junio frente a las puertas del Ministerio de Educación ―que tiene la competencia educativa en las dos ciudades autónomas— que se revisen los casos de esos 150 menores. El Comité ya ha mediado en varias ocasiones y ha pedido a Educación la escolarización de 14 niños a los que se les había denegado una plaza. Una nota del ministerio informa de que ya se matriculó a ocho de esos menores tras comprobar su residencia.

Según el último informe del Defensor del Pueblo, la Dirección Provincial de Educación en Melilla transmite en las respuestas ante las numerosas quejas “una sospecha generalizada y no documentada” de que las afectadas son familias marroquíes que no residen en la ciudad y que pretenden escolarizar a sus hijos en fraude de ley. El Defensor, sin embargo, discrepa. “Esa sospecha en modo alguno se sustenta con los datos que se han conocido y se ha de insistir en la necesidad de proceder a la escolarización inmediata de estos menores”, concluye en su informe.

Almudena Escorial, responsable de incidencia política de Plataforma de Infancia, celebra la decisión y considera que es “muy importante”. Apunta, no obstante, que estarán vigilantes: “Este martes, el Ministerio de Educación debe publicar las listas definitivas sobre los menores admitidos, veremos si hay menores que se quedan fuera”. “Las fronteras están cerradas, no hay forma de que ahora mismo un niño que esté en Melilla no esté residiendo allí”, recalca. Escorial insiste en que el “único requisito” que debe exigirse a los menores es “que se pruebe la residencia efectiva, y hay ocasiones en que se está imponiendo la obligación de que todos los miembros de la familia estén empadronados, por ejemplo”.

En el caso de A. E. A. el Comité consideró que España había violado los derechos del menor al no tomar medidas rápidas para verificar su residencia y al no admitirlo en el sistema educativo inmediatamente después de que se confirmara por la visita de la Policía que efectivamente vivía en Melilla. Recoge también que la madre fundamentó que “fue víctima de discriminación en razón de su origen nacional y de su situación administrativa”. La resolución insta al Estado a compensar al pequeño y a adoptar medidas para que se ponga al día en clase.

Con información de María Sosa.

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