Manuel Castells:“La Universidad pública debe ser gratuita, pero en esta legislatura no hay capacidad presupuestaria”

El ministro defiende la reforma legal emprendida, que espera que logre consensos, para reducir la precariedad de una parte del profesorado y mejorar la calidad del sistema

El ministro de Universidades, Manuel Castells, en su despacho durante la entrevista. FOTO: ÁLVARO GARCÍA / VÍDEO: LUIS ALMODÓVAR

Manuel Castells (Hellín, Albacete, 79 años) presentó el pasado martes un anteproyecto de ley de Universidades que impulsa numerosas medidas en favor de la igualdad de género (con unidades especializadas o la posibilidad de establecer discriminación positiva en las contrataciones), trata de ordenar la carrera docente, acabar con la precariedad de una parte del profesorado, mejorar la gestión y la financiación de los campus a la vez que le exige más rendición de cuentas para incentivar, aseguran, la mejora de la calidad. El ministro de Universidades elegido por Unidas Podemos, insigne académico, sociólogo, profesor de Berkeley y la Universitat Oberta de Catalunya, aseguraba este miércoles en su despacho que esta reforma siempre estuvo en la agenda del Gobierno y que tiene esperanzas de lograr consensos durante la tramitación de la ley.

Pregunta. En el contexto actual de polarización política, ¿cree que esta ley, si sale adelante, tiene posibilidades de perdurar en el tiempo?

Respuesta. Hay que guardar un equilibrio, no hacer una ley tan insulsa que todo el mundo esté de acuerdo pero que no sirva para nada y, al mismo tiempo, sobre temas de fondo en que podríamos ponernos de acuerdo más allá de las diferencias políticas. Llegar a ese consenso. Por ejemplo, con el Grupo Parlamentario Popular tuvimos una excelente reunión, liderada por la diputada Ana Pastor, la gran personalidad del Partido Popular, y no había desacuerdos que, digamos, imposibilitaran un cierto consenso. Es distinto decir que estábamos de acuerdo, pero estaba todo dentro de un marco de objetivos y mecanismos relativamente compartidos. Si usted me pregunta si soy tan ingenuo que tengo la esperanza de que podamos hacer un acuerdo con la oposición de derechas... Desde luego con Vox no, eso está claro. Una ley que es profundamente feminista —porque es la política del Gobierno y de lo que estoy muy orgulloso— no puede tener el consenso de un partido con la ideología que tiene Vox, pero el PP no es lo mismo. Mi esperanza, tal vez ingenua, es que en los próximos meses se vayan despejando las nubes que nos impiden llegar a acuerdos, al menos los importantes sobre temas de Estado, con el PP, hablando claro, y luego con el conjunto de los grupos parlamentarios. Habrá un pacto, ojalá. Por nuestra parte, toda la disposición.

P. ¿Esta es una ley más de Podemos? ¿Contempla concesiones al PSOE?

R. Es una ley de coalición. Es la ley del Gobierno. Le recuerdo que yo soy independiente pero, fuera como fuera, las leyes son del Gobierno. Y no ha habido, prácticamente, ninguna divergencia importante dentro del Ejecutivo.

P. En la ley se establece que la Conferencia General de Política Universitaria fijará los límites máximos de los precios de las carreras. ¿Cuánto debe costar la universidad pública? ¿Qué opina de la propuesta que lleva a Podemos en su programa electoral de que la universidad pública sea gratuita?

R. Personalmente, siempre he defendido que la universidad pública debe ser gratuita. Podemos o no Podemos pero, en fin, estoy de acuerdo en ese aspecto. Porque no veo ningún sentido a decir que la sanidad pública es gratuita, que la enseñanza obligatoria es gratuita. Y, entonces, la enseñanza universitaria, ¿qué es?, ¿un lujo? Esto es de otros tiempos, de tiempos pasados, en que era elitismo, en que había quien se pensaba que no hacía falta realmente formarse en la universidad para tener un buen trabajo. Bueno, pues hoy día no es eso. Hoy día, para tener posibilidades serias en el mercado de trabajo, se tienen muchas más posibilidades con una formación universitaria, del tipo que sea. Si eso es así, ¿por qué vamos a diferenciarlo de la enseñanza obligatoria?

P. ¿Por qué no han planteado, si esa es su opinión, la gratuidad en esta ley, en esta legislatura?

R. Porque hay que ser realista y en esta legislatura, simplemente, no hay capacidad presupuestaria para seriamente hacer eso. Pero es un principio de acuerdo de la coalición de Gobierno, no solamente de Podemos. Cuando se planteó la posibilidad en esta legislatura, resulta que no sabíamos que venía una pandemia y una crisis económica catastrófica, que hay que considerar. El batacazo ha sido gigantesco. Entonces, cuando nuestra economía vaya mejor, se afirme totalmente la recuperación, quizá en ese contexto se pueda empezar a plantear reformas de calado. Por cierto, curiosamente la gratuidad de las universidades públicas es lo que está planteando el presidente en Estados Unidos, precisamente en Estados Unidos, donde parecía que era imposible. Todo depende de la voluntad política. Lo que no puede ser es que los precios públicos de la universidad española sean los más altos de la Unión Europea, junto con Holanda, pero más altos que Francia, Alemania o Italia. Nuestra propuesta, que fue pasar el precio de los grados a los niveles del 2011, antes de que hubiera una llamarada de aumentos, fue votada a favor con abrumadora mayoría o casi unanimidad.

P. La futura norma establece que en las universidades no pueda haber más de un 20% de contratos temporales. Sin embargo, el plan del Gobierno contra la temporalidad en el sector público se ha fijado el objetivo de reducirla hasta el 8%. ¿Por qué esta disparidad?

R. Bueno, primero porque los niveles de temporalidad actual en las universidades son tales, muy por encima del 50%, que hay que ser un poco realista. Pero, sobre todo, porque la universidad no es exactamente como el resto de la Administración pública. Por ejemplo, los asociados del sistema de salud son temporales. Hay muchos [profesores] asociados legales [profesionales destacados de distintos sectores económicos y sociales que dedican una parte de su tiempo a enseñar]. Por tanto, hay una temporalidad precaria y una funcional, porque no todo el mundo tiene que ser permanente. Esto quiere decir que la tasa de temporalidad no puede ser el 8%, porque dejaríamos la universidad sin los abogados, médicos, ingenieros que contribuyen a ella.

P. La plataforma de profesores asociados asegura que esta ley no resuelve su situación de precariedad [la figura se ha usado durante años como una puerta falsa, mal pagada, de entrada a la docencia].

R. Bueno, yo creo que sí. Si no, no lo hubiéramos hecho. Creo que sentamos las bases. Esta ley es ahora un anteproyecto, no es un punto final, sino de arranque. Hemos establecido una reserva del 15% de las plazas que se convoquen para que los asociados doctores puedan ser integrados. Y soy optimista porque tenemos una oleada de jubilaciones inmediatas en los próximos años: para el 2030, nuestros cálculos señalan que habrá entre un 30% y un 50% de jubilaciones entre los profesores permanentes. Pero tenemos que sacar a ese grupo de docentes de la precariedad sin comprometer la calidad y, por tanto, tiene que haber una solución para los asociados no doctores. Será un contrato temporal de tres a cinco años —a partir de los cuales se tienen que acreditar y obtener una plaza—, para darles tiempo de obtener el doctorado. Es un tema de no comprometer la calidad: no puede haber profesores permanentes en la universidad que no sean doctores.

P. La ley hace mucho hincapié en las medidas para fomentar la igualdad de género. ¿Hay en la universidad un problema mayor de desigualdad que en otros ámbitos?

R. No hay un problema mayor, pero hay un problema. Por ejemplo, la idea de hacer un registro salarial obligatorio en todas las universidades es para empezar a tener datos sobre disparidad de género en los salarios. Hoy sabemos que la proporción de catedráticas es ínfima. Sabemos que la proporción de rectoras es muy pequeña. Sabemos que hay algunas ramas, sobre todo en ingeniería, en que todavía hoy las mujeres, no solo entre profesores sino también entre estudiantes, son minoritarias. Hay que empezar a corregir todo eso. Primero, porque personalmente estoy absolutamente convencido —en mi vida universitaria en Estados Unidos he visto esa transformación— de lo importante que es eso. Tener el potencial de todos, cualquiera que sea el género. Y, segundo, porque realmente es una política de Gobierno.

P. La norma dice que las universidades podrán dar preferencia en las contrataciones “a personas del sexo menos representado en el cuerpo” al que va a pertenecer. ¿Quiere eso decir que se podría primar a los candidatos hombres si se tratara de una facultad muy feminizada?

R. Bueno, sí, según esa redacción, lo que se establece es la igualdad de género, pero ya sabemos en la práctica lo que ocurre. Lo que estamos diciendo es que en aquellas especialidades donde haya una disparidad importante de género, en caso de igualdad de condiciones, que es lo que se hace en todo el mundo, tendrían prioridad las personas que están en clara desproporción en el sistema universitario. Es interesante lo que señala de que podían ser hombres. Ojalá lleguemos a una situación en la que ese fuera el problema.

P. La ley actual ya habla de la rendición de cuentas de la universidad pública, de un equilibrio razonable entre autonomía y transparencia, sobre todo en el tema de la selección de entrada de la universidad, de financiación por objetivos para incentivar la calidad. ¿Por qué cree que esta nueva norma va a hacer caminar a la universidad en esa dirección?

R. Primero, hay muchas cosas que no estaban en la ley anterior, que es de hace 20 años, ha habido muchas transformaciones. Y luego hay una serie de elementos clave que no estaban ni mucho menos legislados antes: la política de becas [como derecho subjetivo del alumno], la política de precios públicos [para fijar límites]...

P. ¿Por qué hay que limitar el mandato de los órganos unipersonales a seis años, incluidos los rectores?

R. Todo eso son propuestas a las que hemos llegado a partir de una amplísima consulta con todos los sectores. Y una de las ideas que circulaba en la comunidad universitaria, que nos pareció interesante, es cómo evitar que una buena parte del tiempo y la energía de los equipos del rectorado y de los demás órganos unipersonales se la llevaran las elecciones. Lo consultamos con los rectores y les pareció, en general, bien. Además, evitamos también la reproducción excesiva de los grupos que estén en el poder en la Universidad.

P. El anteproyecto también establece una nueva vía de elección del rector: las universidades pueden decidir que lo seleccione un comité designado por el claustro. ¿Cree que habrá muchas universidades que la elijan?

R. Pues no lo sé. Hemos pensado en ese sistema, precisamente, porque ha habido parte de la comunidad universitaria, y parte de los rectores, que nos pedía un modelo más ágil, menos dependiente, de nuevo, de las campañas electorales. Y para acercarnos a Europa. El sistema de elección del rector en España es minoritario. Pero simplemente estamos dando la opción. Si hay una universidad que quiere ir por ese sistema, puede ir. ¿Cuántas lo van a hacer? Pues vamos a ver; es que todo esto es experimentación. Lo que hace esta ley es flexibilizar el sistema, dar opciones y permitir que no haya simplemente un método, sino que pueda haber diversas vías y que la comunidad universitaria sea la que elija siempre. El tema clave es que todo esto, todas las nuevas reformas, se va a instrumentar en los estatutos y estos los designa el claustro.

P. Según la redacción del anteproyecto, el candidato a rector ya no tiene que ser un catedrático de la propia universidad, sino que puede ser un profesor (titular o catedrático) que cumpla los requisitos de méritos, de cualquier universidad española.

R. Sí, pero tiene que ser funcionario. Pero sí, la idea es que no necesariamente un rector tenga que ser la universidad en la que se elige. Puede presentarse alguien de otra. Ahora, si se presenta en el marco del primer modelo [el de elecciones de toda la comunidad universitaria] tal y como está, sería bastante difícil que saliera elegido. Pero lo que queremos hacer es evitar rigideces; siempre, en último término, son las universidades las que en sus estatutos van a decidir.

P. La norma se fija un objetivo de aumento de la financiación pública en 10 años, pero no establece una cifra. ¿Tiene algún objetivo?

R. La financiación de la Universidad tiene que insertarse en el marco de la financiación global del sistema educativo. Hay un compromiso del Gobierno, que esta ley reproduce, como ya hizo la Lomloe [la ley de enseñanza no universitaria], que dice que dentro de dos años acordará con las comunidades autónomas un incremento mínimo en educación antes del final de la década. El objetivo puede ser alcanzar el 5% del PIB español y ahí entra, obviamente, el incremento del gasto universitario. ¿Cuánto corresponde al gasto universitario? Depende de la negociación con las comunidades.

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Sobre la firma

J. A. Aunión

Coordinador del espacio de Educación de EL PAÍS. Especializado en información educativa durante más de una década, también ha trabajado para las secciones de Local-Madrid, Reportajes, Cultura y EL PAÍS_LAB, el equipo del diario dedicado a experimentar con nuevos formatos.

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