Los exámenes de recuperación de la ESO podrán mantenerse este curso en las comunidades autónomas que así lo quieran

Educación acepta la petición de algunos territorios gobernados por el PP de aplazar su desaparición

Alumnos de un instituto de Barcelona durante un examen.
Alumnos de un instituto de Barcelona durante un examen.CARLES RIBAS

Los exámenes de recuperación de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que tradicionalmente eran en septiembre, pero que prácticamente todas las comunidades autónomas ha ido adelantado a junio o julio, podrán mantenerse este curso en aquellos territorios que así lo deseen. El Ministerio de Educación ha tomado la decisión a petición de algunas comunidades del PP.

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El nuevo decreto de evaluación y promoción, que el Gobierno prevé aprobar próximamente, contempla su desaparición en el marco de una reforma más profunda, en la que pasar de curso ya no dependerá directamente del número de suspensos del alumno, sino de lo que el equipo de profesores considere que será más beneficioso para su trayectoria académica. La moratoria, adelantada por la ministra de Educación, Pilar Alegría, en una entrevista en El Mundo, supone un gesto hacia las autonomías del PP, y se enmarca en su voluntad de llegar a acuerdos y rebajar la tensión política en torno a la enseñanza.

Los responsables educativos de Galicia habían manifestado que estaban dispuestos a llegar a los tribunales contra el cambio, argumentando que, al haber comenzado ya el curso, la decisión alteraría el calendario escolar previsto.

Existe un consenso bastante amplio entre el profesorado de que incluso antes de que entre en vigor el nuevo sistema de promoción y titulación, con el que desaparece buena parte del sentido de los exámenes de recuperación, estas pruebas han perdido gran relevancia, ya que al celebrarse en general poco después del final de curso, pocas veces cambian de forma significativa el número de suspensos de los chavales.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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