El borrador del nuevo diseño de la ESO: más práctica, más autonomía para los institutos y con perspectiva de género

La primera versión del decreto de la ESO plantea que los centros educativos bilingües no podrán exigir requisitos lingüísticos al matricular al alumnado y que los padres tendrán derecho a revisar los exámenes de sus hijos

Una clase de primero de ESO en el instituto público Benicalap, en Valencia, la semana pasada.
Una clase de primero de ESO en el instituto público Benicalap, en Valencia, la semana pasada.Mònica Torres

El Gobierno ha diseñado la nueva etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que avanza en la dirección tomada por la nueva ley educativa, la Lomloe, hacia una enseñanza más práctica e interdisciplinar, en la que, sin dejar de lado la memorización, el objetivo es que los estudiantes terminen la enseñanza básica siendo capaces de aplicar los conocimientos adquiridos, más que saber repetir contenidos en una prueba de evaluación.

El proyecto de decreto que el Ministerio de Educación ha enviado a las comunidades y al que ha tenido acceso EL PAÍS establece que la formación en secundaria debe contener “perspectiva de género”, educar al alumnado de forma transversal en materia “de salud, incluida la afectivo-sexual, igualdad entre hombres y mujeres” y sostenibilidad, y permitirles “conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad”. Pero plantea las cuestiones que más rechazo generan en los partidos y sectores educativos conservadores en menos ocasiones y en un tono más comedido que en las regulaciones anteriores. Se trata, señalan fuentes del Ministerio de Educación, de un ejemplo del cambio de tono que se ha producido con la nueva titular del departamento, Pilar Alegría, respecto a la época de su antecesora, Isabel Celaá, a quien sustituyó en julio.

El borrador de decreto insta a los centros a elaborar propuestas pedagógicas que atiendan a la diversidad del alumnado y métodos “que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje” de los estudiantes, “favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo”. Los centros educativos podrán realizar “innovaciones” y “experimentaciones” en materia de programas educativos, formas de organización y horarios, con los límites que establezcan las comunidades autónomas. Y para “fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes, y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad”.

Las comunidades también decidirán “las condiciones que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos”. Esto ocurre, por ejemplo, en los llamados ámbitos de conocimiento, en los que se fusionan dos o más asignaturas, que se imparten en una sola sesión por parte de uno o más docentes y se aplica ya de forma generalizada en primero de la ESO en la Comunidad Valenciana y de forma más limitada en otros territorios.

La nueva ley ha acabado con los itinerarios que contenía la anterior norma de Educación aprobada por el PP, la Lomce, que separaban al alumnado en segundo de la ESO. Pero prevé que en cuarto curso los centros puedan realizar agrupaciones de materias para orientar a los alumnos a las diferentes modalidades de Bachillerato y de Formación Profesional, “fomentando la presencia equilibrada de ambos sexos en las diferentes ramas de estudio”.

El nuevo tono del Ministerio de Educación también se observa en los objetivos de la etapa, entre los que, además de “valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos”, y “rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres”, establece que la ESO debe contribuir a que los alumnos desarrollen y consoliden “hábitos de disciplina”, y a que asuman “responsablemente sus deberes”, al tiempo que conozcan y ejerzan sus derechos.

La etapa deberá garantizar una “competencia lingüística suficiente” en castellano y, en su caso, en la otra lengua oficial del territorio. Los padres tendrán derecho a acceder a los exámenes de sus hijos. Y los centros que impartan una parte del horario escolar en una lengua extranjera (la más común es el inglés) deberán aplicar los criterios de admisión del alumnado generales, y no podrán incluir “requisitos lingüísticos”.

Los alumnos que no cursen Religión no tendrán una asignatura espejo como ocurre ahora, sino que aprovecharán ese tiempo para reforzar las “competencias transversales” a través de la realización de proyectos interdisciplinares y “la resolución colaborativa de problemas”. Las notas de Religión ya no contarán para la nota media del expediente a la hora de acceder a carreras u otras titulaciones o solicitar becas. Con la anterior ley educativa, aprobada por el PP, sí contaba, lo que estimuló un aumento de las matriculaciones en la materia.

Todos los centros realizarán en el segundo curso de la ESO una evaluación “de diagnóstico” al conjunto de los alumnos. Estas pruebas no tendrán consecuencias académicas al modo de una reválida, sino “carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias”. El borrador da una gran importancia a las “tutorías personales”, así como a la “orientación educativa, psicopedagógica y profesional” del alumnado. Y tanto en segundo curso como al final de la etapa, los centros darán a los estudiantes un “consejo orientador” sobre la opción más adecuada para continuar su formación. En segundo, además de proseguir el camino general de la ESO, podrán optar por un programa de diversificación curricular (en el que los contenidos son adaptados, haciéndolos más sencillos) o la FP básica, que proporciona educación básica más orientada al mundo laboral. Todas las modalidades conducirán a la obtención del título de secundaria.

Lo mismo sucederá con los alumnos con diversidad funcional y otra clase de necesidades educativas especiales que tengan una adaptación curricular “significativa”, en el sentido de que ello no podrá impedirles por sí solo obtener el título de la ESO. La escolarización de este alumnado “se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo”.

Pasar de curso ya no dependerá de un número concreto de asignaturas suspendidas (ahora no se puede pasar, de forma general, con tres o más suspensos), sino que lo decidirá el equipo docente del alumno en función de lo que considere que beneficiará más su trayectoria educativa.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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