Profesorado universitario
Tribuna
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Otro modelo de evaluación del profesorado universitario es posible

El colectivo Uni-Digna defiende un cambio hacia un sistema de reconocimiento de los méritos docentes e investigadores que fomente el servicio de la sociedad y no del negocio editorial

Una profesora imparte clase en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.
Una profesora imparte clase en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.David Expósito

Dos de las tareas más relevantes de las universidades son la docencia y la investigación. La calidad y el equilibrio entre ambas funciones dependen en gran medida del sistema de evaluación al que son sometidas. La evaluación de las mismas es una exigencia de toda política educativa y de investigación para mejorar su calidad y equidad.

Pero toda evaluación tiene sus efectos, aunque no siempre sean los deseados. El punto nueve del reconocido Manifiesto de Leiden sobre indicadores de la evaluación, suscrito por la agencia nacional de evaluación Aneca, declara que deben reconocerse los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores, pues los indicadores que se utilizan cambian el sistema científico a través de los incentivos que establecen.

Macrogranjas de gallinas ponedoras de ‘papers’

De hecho, una mirada crítica sobre las universidades españolas muestra que estas se han convertido en “macrogranjas de gallinas ponedoras de papers”, como denuncian expertos y expertas: a día de hoy, lo que importa al personal investigador o docente universitario español es disponer de una cesta repleta de papers que cumpla con los requisitos de las agencias de evaluación (Delgado y Martín-Martín, 2022). El peso que se otorga a los méritos de investigación en forma de publicaciones en revistas es desmedido.

La investigación es la dimensión más valorada, con diferencia, por el sistema de evaluación académica. En consecuencia, el personal académico tiende a dedicar todos sus afanes a cultivar esta dimensión, orillando o abandonando, si llega el caso, aquellas actividades que puedan o se perciban como entorpecimiento: la mal llamada “carga docente” (denotación negativa asignada a la tarea docente), la extensión universitaria (la relación de la universidad con la comunidad social en la que está inmersa y a la que se supone que sirve) o la participación democrática en la gestión y funcionamiento de la propia universidad. El resultado es la desvalorización, subordinación y precarización de la docencia respecto a la investigación. Siendo la docencia universitaria una de las tareas esenciales de nuestras universidades, es la que menos se valora en la trayectoria de los profesores universitarios.

Además, este modelo de evaluación de la Aneca también devalúa la actividad investigadora universitaria, pues lo que se valora es la traducción cuantitativa de ella en formato de publicaciones citadas principalmente en dos plataformas privadas pertenecientes a multinacionales extranjeras: Clarivate y Elsevier. Estas multinacionales reciben cuantiosas remuneraciones por parte del erario público español para que sus accionistas sigan controlando y enriqueciéndose de la investigación de nuestras universidades, la cual ofrecemos gratuitamente aunque después tengamos que pagar por poder acceder a ellas. Un negocio privado redondo a costa de lo público.

Este mecanismo decidido por voluntad política de nuestros gobiernos, a través de la Aneca, convierte al docente-investigador en una especie de gestor emprendedor, obligado permanentemente a maximizar y rentabilizar sus creaciones o producciones investigadoras. Se acaba reduciendo el oficio investigador a una especie de operación de cálculo instrumental que organiza el trabajo científico y sus resultados en estructuras estandarizadas promovidas desde esas multinacionales extranjeras comercializadoras del conocimiento y validadas por las agencias de evaluación españolas.

Cultura del impacto

En definitiva, la publicación de un número de artículos, variable según el campo científico, en revistas bien posicionadas que figuren en los rankings de las plataformas de ambas multinacionales, Journal Citation Reports (JCR) o Scimago Journal Rank (SJR), es el requisito exigido para acceder, estabilizar y progresar en la carrera académica (acreditación, sexenios de investigación). Se instala la “cultura del impacto”, obsesionados por el número de veces que es citado mi artículo y la posición en el ranking de la revista en la que he publicado.

Este proceso, de aparente objetividad, no está exento de irracionalidad y efectos indeseados, algunos perversos, por ejemplo:

  1. Al tenerse en cuenta el índice de impacto de la revista, lo que se valora es la calidad del medio en que se publica y no el producto en sí, es decir, se da más validez al continente (tipo de revista) y no tanto al contenido del artículo. Esto también implica que se desechan numerosos artículos valiosos por el hecho de haberse publicado en revistas de menor difusión.
  2. Se impone un estilo narrativo minimalista —”esquematismo científico”—, con un número de páginas y una estructura rígida del formato del artículo. Este estilo, consistente en subdividir una investigación hasta la mínima unidad publicable, limita la capacidad de reflexión crítica y el análisis en profundidad de los temas.
  3. Se incentiva el plagio, el corta y pega, la publicación por entregas para inflar el impacto, incluyendo aspectos parciales de un estudio, con la consiguiente reiteración y pérdida de sentido del conjunto.
  4. Se establece una determinada concepción de “transferencia del conocimiento”, que se identifica con la publicación en determinadas revistas académicas que monopolizan el mercado editorial. En España, el 20% de las revistas de ciencias sociales concentran el 80% de las citas. Además, promueven el dominio de determinados paradigmas de investigación y dificultan la difusión de paradigmas heterodoxos, imponiendo una metodología y formato de producción como hegemónicos para el conjunto de las ciencias.
  5. El sistema genera estrés y situaciones de ansiedad en el profesorado, especialmente en el más joven y precario, introduce una perversa lógica de competitividad extrema, castiga la colaboración y el trabajo en equipo, disminuye y desvaloriza la aportación de la universidad a la sociedad y a la sostenibilidad y alienta el desarrollo de prácticas poco éticas, además de promover el cinismo de los organismos responsables de gestionar la investigación, que se subordinan a los intereses económicos de un mercado editorial, mientras firman declaraciones internacionales sobre prácticas de evaluación que sistemáticamente incumplen.

Esto origina otros efectos negativos añadidos al sistema universitario: dificultad para conformar comunidades de práctica que compartan y revisen su actividad docente (se instala la cultura de la competición); una concepción restringida y mercantilizada de los tiempos universitarios que ignora e invisibiliza todo aquello que no se ajuste a dicha evaluación (cultura de productividad restringida); el aumento de la fragilidad de la comunidad académica que ve peligrar trayectorias biográficas, abandona tareas valiosas o conciliación de la vida personal.

Todas las expresiones de la vida académica quedan afectadas por esa “cultura del impacto”: los concursos de acceso a la universidad dan prioridad a los méritos investigadores, cuando la mayoría de los nuevos aspirantes a la universidad son contratados por necesidades docentes; los congresos y las reuniones científicas ofrecen como reclamo la publicación de los mejores papers en revistas o editoriales de impacto, convirtiéndose en instrumentos para alimentar la carrera de méritos; las tesis doctorales pierden el carácter de investigación global e integrado para fragmentarse en artículos, convirtiendo a las revistas en determinantes de la estructura y plazos de defensa de las tesis; etcétera.

Otra forma de evaluación es posible y necesaria

A pesar de esta situación, sabemos que otra forma de evaluación es posible y, sobre todo, necesaria. Desde Unidigna proponemos unas primeras medidas para avanzar en este sentido. Propuestas que han de completarse con otras y enmarcarse en una reforma global de los procesos de acreditación negociada y consensuada con la comunidad universitaria:

  • Definir un sistema de acreditación que tenga como uno de sus principios rectores la consideración de todas las funciones del personal académico: investigación, docencia, formación y transferencia social del conocimiento (nos referimos a la denominada extensión universitaria, no solo a la extrema simplificación que significa la transferencia de conocimiento para el exclusivo beneficio empresarial o comercial), colaboración en la gestión y la democracia en el sistema universitario.
  • Una estrategia concreta para poner en práctica el punto anterior es valorar la investigación vinculada a la docencia, mostrando cómo se aplica la misma a la docencia realizada y cómo la mejora, abriendo líneas de financiación con esta finalidad e incluyéndola entre los méritos relevantes para la acreditación.
  • Evitar el desequilibrio entre los incentivos asignados a la investigación y los incentivos asignados a la docencia, la transferencia o la innovación, lo que requiere entender la producción investigadora como parte de una concepción del desempeño profesional más amplia.
  • Incluir el impacto social como criterio, considerando como mérito la investigación orientada a temas relacionados con el bienestar humano, desde una perspectiva global y local, el desarrollo cultural, la sostenibilidad y el cambio social, la conexión con los entornos locales, los movimientos y colectivos de utilidad pública, la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones y los beneficios en la solución de problemas sociales y ambientales, valorando sus resultados en la transformación de las desigualdades de todo tipo.
  • No reducir la evaluación de la investigación a las publicaciones científicas en forma de papers o capítulos de libros. Desarrollar una visión global de la investigación y considerar otros méritos de investigación, como la labor realizada en la dirección de tesis doctorales o en la formación de personal académico novel, la generación de patentes libres y abiertas que sirvan al bien común, la consideración de formatos abiertos como documentos pdf, páginas web, blogs o vídeos, los informes de investigación, la creación de bases de datos o de software de interés social y público, la divulgación social y pedagógica de la ciencia, las labores de gestión de la investigación (dirección de revistas, gestión de ediciones científicas, organización de eventos, revisión de artículos y proyectos, etcétera).
  • La investigación de relevancia local debe ser fomentada y potenciada, tal y como señala la declaración de Leiden, hoy sacrificada por la exigencia de publicación en revistas con alto factor de impacto. Por ello, se deben establecer criterios para valorar la investigación vinculada al entorno social y que aporte soluciones a problemas acuciantes de la realidad social local, valorando la publicación en lengua española o en cualquiera de las lenguas cooficiales del país de forma prioritaria sobre las publicaciones en inglés o en otros idiomas y considerando el cumplimiento de las condiciones de alcance y accesibilidad.
  • Poner en práctica, en un plazo muy breve de tiempo, el siguiente compromiso básico del Acuerdo para la reforma de la evaluación de la investigación de 20 de julio de 2022: Abandonar los usos inapropiados en la evaluación de la investigación de las métricas basadas en revistas y publicaciones, en particular los usos inapropiados del Journal Impact Factor (JIF) y el índice h. Estos usos deben desaparecer de toda convocatoria pública promovida por los organismos estatales en cualquier proceso de acreditación o de evaluación de investigación a partir del año 2024. En particular, debe revisarse, de modo inmediato y en profundidad, el documento Principios y directrices de evaluación de la investigación publicado por ANECA en 2021, plagado de referencias reduccionistas de la investigación. Se debe promover la calidad, creatividad y diversidad metodológica frente a la cantidad y la uniformidad. Incluir todas las revistas y soportes, utilizando indicadores a nivel de artículo y no solo de revista. Una evaluación no centrada exclusivamente en los productos sino en el análisis integral de los procesos y condiciones de trabajo, y una evaluación formativa y cualitativa, entendida como un ejercicio de reflexión colegiada, de retroalimentación y de intercambio informado entre colegas que asumen el papel de interlocutores y no de jueces, cuyo propósito central sea la mejora de los procesos docentes e investigadores. Esto permitirá tomar en consideración las diferencias en función de los ámbitos de conocimiento, la etapa de desarrollo de la carrera en la que se encuentre el personal académico, la valoración del trabajo en equipo y no solo de la trayectoria individual.
  • Dar mayor transparencia a los procesos de evaluación, explicitando al máximo los criterios y procedimientos de decisión, incluido el derecho a la reclamación, sin por ello judicializar las decisiones en extremo, que beneficia a quienes poseen mayores recursos para pleitear. También debe haber transparencia en los procesos de nominación y gestión de las comisiones de evaluación, cuyos miembros deberían ser seleccionados por méritos, de carácter rotativo y tener un carácter no voluntario.
  • Iniciar, definir y financiar una línea de evaluación y análisis del sistema de evaluación de la investigación, que incluya a los organismos que la realizan, los procedimientos que se utilizan, los criterios y los procesos que se llevan a cabo, así como los efectos que están generando. Esta metaevaluación de la investigación ha de realizarse de manera independiente y transparente. Una buena iniciativa es incluir la misma en los planes estatales de I+D+i.
  • Crear una estructura y una estrategia que contemple mecanismos abiertos, públicos, transparentes, democráticos y participativos para evaluar periódicamente el sistema de evaluación del profesorado universitario que se implante; que dé participación a toda la comunidad universitaria a través de sus representantes: estudiantes, profesorado y órganos de coordinación; que se publiquen y difundan los resultados de esta evaluación; que sirva para mejorar progresivamente el sistema de evaluación con el acuerdo y consenso de la comunidad universitaria. También es fundamental evaluar cualitativa y cuantitativamente la actuación, el funcionamiento, la organización y los resultados de ANECA, de las agencias de las comunidades autónomas y de la Agencia Estatal de Investigación.
  • Reorientar la actual deriva de la denominada política de Open Science. CRUE Universidades Españolas emitió en 2019 una Declaración de impulso a la ciencia abierta que promueve una direccionalidad fundamental para nuestra investigación. Sin embargo, esa orientación, deseable y hasta imprescindible, se está concretando en el trasvase de dinero público a empresas multinacionales y a la potenciación del denominado factor de impacto como criterio de evaluación, en una reafirmación de las condiciones estructurales del capitalismo académico.

Es evidente que otra universidad es posible. Desde el colectivo Unidigna reivindicamos un modelo alternativo de evaluación del profesorado universitario, como condición para construir una universidad al servicio del bien común y de la sociedad. Un modelo de universidad donde la docencia y la investigación reviertan sobre la sociedad en general, especialmente al servicio de los sectores más desfavorecidos y de las necesidades sociales más importantes, un modelo de universidad que no esté al dictado de empresas editoriales, como sucede en la actualidad, con marcados intereses comerciales y unas líneas de investigación alejadas de los intereses y demandas de la sociedad en general.

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