Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Madrileños a las urnas

Sobre las votaciones propuestas por el Ayuntamiento pende la sospecha de una operación de propaganda

Manuela Carmena y el delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, depositarán su papeleta.
Manuela Carmena y el delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, depositarán su papeleta. Claudio Alvarez (EL PAÍS)

El Ayuntamiento de Madrid consulta estos días a los ciudadanos para que manifiesten su parecer acerca de una serie de iniciativas relacionadas con la movilidad, la sostenibilidad y el urbanismo.

En principio, existen pocas razones para oponerse a iniciativas que pretendan incrementar la participación ciudadana. Al contrario, en un país con altas tasas de desafección política, los poderes públicos hacen bien en promover que las decisiones cuenten con el respaldo de la ciudadanía, máxime en el ámbito municipal, mucho más idóneo para este tipo de consultas que el estatal, más remoto.

Pero en política no se juzgan las intenciones, que se suponen loables, sino los procedimientos y los resultados. Y es aquí donde la iniciativa del Ayuntamiento despierta todo tipo de interrogantes. No se entiende bien que el Consistorio emplee tanto tiempo y recursos en llamar a las urnas a los madrileños para refrendar medidas que o bien generan ya amplio consenso o son parte del programa político de la candidatura que ganó las elecciones y que, por tanto, debe a sus electores.

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Resulta difícil justificar la oposición al billete combinado de metro y autobús, la priorización del transporte público y los peatones en el centro de la ciudad o la sostenibilidad medioambiental. Y en cuanto a la reforma de la plaza de España, el tema excede la capacidad o interés de muchos vecinos.

Las consultas, de llevarse a cabo, deberían versar sobre cuestiones controvertidas donde existan alternativas igualmente legítimas y posibles y los costes y beneficios estén claros. La ausencia de estos requisitos hace que sobre esta consulta penda la sospecha de que se trata más de una operación de propaganda política a mayor gloria del equipo municipal que de un intento serio de involucrar a los madrileños en el diseño de su ciudad.

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