Columna
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Presos

Hace cuatro décadas algunos fuimos delincuentes como Leopoldo López, y creamos discordia hasta que conseguimos una democracia constitucional

Un hombre presenta sus respetos ante un altar levantado en memoria de Liu Xiaobo.
Un hombre presenta sus respetos ante un altar levantado en memoria de Liu Xiaobo.Alex Hofford (EFE)

En el País Vasco seguimos escuchando la monserga de los presos “políticos”, que por serlo tienen derecho a un trato preferente e incluso a una dignidad semiheroica. Les consideran así porque sus delitos —asesinatos, secuestros, etcétera— tuvieron una motivación “política”, que es como si a los terroristas del ISIS les llamásemos presos “religiosos” o “de conciencia” porque justifican sus atentados con citas del Corán. Los verdaderos presos “políticos” han cometido actos políticos prohibidos, no actos prohibidos con motivación política. Fue preso político Liu Xiaobo, premio Nobel de la Paz, que pasó cerca de una década encarcelado por haber escrito un manifiesto pidiendo libertades democráticas en China. Y lo fue el joven americano condenado en Corea del Norte por haber arrancado un cartel de propaganda del régimen. Ambos solo fueron excarcelados para morir. Pero evidentemente no es un preso político en ninguna acepción del término quien secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco.

Para encubrir que Leopoldo López y otros 400 venezolanos son presos políticos, Garzón le llama “golpista” y el repelente Monedero dice que ha violado las leyes del país y ahora sigue “echando gasolina al fuego”. Calla que esas leyes coartan la actividad política constitucionalmente reconocida y la “gasolina” es rechazar una invalidación arbitraria de la Asamblea electa y pedir comicios con garantías. En España hace cuatro décadas algunos fuimos delincuentes como él y creamos discordia hasta que conseguimos una democracia constitucional digna de ser políticamente defendida. Nunca quisimos un franquismo de izquierdas, como hoy reclaman demasiados en nombre de un maniqueísmo radical que manipula la memoria y de un “derecho a decidir” reservado a los territorios contra los ciudadanos.

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