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Coordinado por Gonzalo Fanjul
opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El vínculo obsceno

Seguridad, dinero público, control migratorio, industria privada y personas vulnerables se mezclan continuamente en los discursos políticos

El ministro Zoido respondiendo a preguntas en el Senado.
El ministro Zoido respondiendo a preguntas en el Senado. Zipi / EFE
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El buque Sorolla, de Transmediterránea, hace regularmente la línea Almería-Melilla. Es un pedazo de barco, un “superferry”. Tiene jacuzzi y piscina y animaciones en temporada alta. Lo conozco porque en él viajamos un pequeño equipo de la Fundación porCausa a Melilla. Recuerdo estar mirando por la borda, mientras la música de baile de cubierta sonaba sin piedad, y pensar, que diferente es este mar en función de quien lo atraviese. Así se encontraría seguramente alguno de los pasajeros del ferry cuando el sábado pasado esté chocó con 20 cadáveres que juntitos flotaban inertes en el agua.

20 vidas truncadas por ese mar que, para los pasajeros del barco, es una delicia. 20 vidas perdidas por culpa de un sistema migratorio deshumanizado que selecciona los derechos de las personas en función del sitio en el que hayan nacido. La policía encontró un último cuerpo más adelante. Fueron 21 los encontrados y nadie sabe cuántos se han perdido. La activista Helena Maleno afirma que 47 personas viajaban en la patera. Eso supondría 26 cuerpos desaparecidos, el mismo número que suelen tener de media las clases alumnos de los colegios.

Y mientras eso pasa en la costa, en tierra vamos cada vez a peor. En Melilla se consolida el estado de excepción que el presidente de la ciudad, el señor Imbroda, ha impuesto. Estos últimos días los protagonistas son los más de cien niños extranjeros que viven en las calles de la ciudad. Desde que un joven marroquí, al que le habían amputado una pierna, muriera solo y desatendido en la cama de una de las residencias, y desde que las declaraciones del consejero de Bienestar Social se convirtieran en un escándalo, por lo inhumanas, el presidente ha iniciado una persecución sin tregua contra los chavales.

Lo primero que han hecho es poner concertina en la valla del puerto por la que los chavales saltan para intentar ir de polizones en los barcos. La concertina produce unas heridas gravísimas y las organizaciones de derechos humanos han denunciado su uso en repetidas ocasiones. Las concertinas y demás nuevos complementos adicionales de la valla del puerto han superado la noble cifra de más de medio millón de euros de dinero público que han ido a parar a una o varias empresas de la industria del control migratorio, un negocio que cada vez parece más lucrativo.

No contento con gastarse tanto dinero en un sistema que no evitará los intentos de los chavales de cruzar, sino que convertirá el cruce en algo más peligroso si cabe, el presidente ha decidido que los niños de la calle son como alimañas, iniciando una campaña en la que pide que no se les asista con mantas o comida. Desde que se hizo este anuncio las identificaciones a voluntarios que ayudan a los chavales de la calle se han intensificado. Jose Alonso Sánchez, representante de APDH de Melilla, cuenta que hace un par de semanas el defensor del pueblo abrió un expediente sobre este tema.

Mientras hoy, gracias a una pregunta resultado de la investigación impulsada por la Fundación porCausa, el ministro Zoido explicaba en el Senado sin rubor alguno que el Gobierno mantiene los servicios de un CIE que no está en uso desde 2012, con un coste de 4,1 millones de euros. Según el ministro del Interior es por el bien de los inmigrantes. Migrantes como a los que se maltrató sin conciencia alguna en Málaga metiéndolos en la prisión de Archidona.

El vínculo obsceno entre seguridad, dinero público, control migratorio, industria privada y personas vulnerables me hiela la sangre. Y la impunidad y desfachatez con la que diversos dirigentes vapulean los derechos humanos me enciende. No es admisible nada de lo que está pasando. Los medios tienen la responsabilidad de informar de esto, los políticos de exigir responsabilidades y plantear alternativas, la sociedad de exigir a los dos anteriores que cumplan su función. Y ya puestos a soñar, estaría bien que alguien pidiera la dimisión del presidente Imbroda y de su compañero, el señor Ventura, que a parte de incumplir con las obligaciones propias de su cargo están violando unos cuantos derechos humanos todos los días.

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