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Coordinado por Gonzalo Fanjul

El laberinto de la frontera Sur

El informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes documenta las violaciones de derechos humanos en Melilla

Migrantes rescatados en el Mar de Alborán.
Migrantes rescatados en el Mar de Alborán.Carlos Barba (EFE)

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) se ha convertido en un testigo privilegiado e incómodo de la realidad de nuestra frontera Sur. Su trabajo de acompañamiento personal y jurídico, constante y discreto, nos permite asomarnos a un territorio en el que las consideraciones políticas y de seguridad pasan por encima de cualquier otra razón, incluyendo las del Estado de derecho y las obligaciones internacionales. De alguna manera, la condición fronteriza del territorio permite una impunidad que sería inconcebible en cualquier otra región geográfica o administrativa del Estado.

Esta fotografía se repite una vez más en el Informe Frontera Sur 2018, presentado esta mañana en Madrid bajo el título Sacar del laberinto. En él se detallan dos años de trabajo del SJM en la Ciudad Autónoma de Melilla y sus alrededores, donde mantienen una oficina abierta desde mediados de 2016. De un modo sobrio y demoledor, las 53 páginas de este estudio van desgranando la realidad de quienes buscan la protección o la prosperidad en nuestro país, y las dificultades a las que hacen frente quienes tratan de ayudarles. En este tiempo, el SJM se ha ocupado de 604 casos, lo que les da una idea clara del desafío al que hacen frente.

Estos son los seis ámbitos de preocupación destacados por el informe:

1) Los controles de fronteras terrestres, donde se producen prácticas contrarias a las normas internacionales como las devoluciones sumarias o los rechazos en frontera (devoluciones en caliente).

2) Las fronteras marítimas, donde hombres, mujeres y niños se ahogan cada semana, donde Europa ha desplegado verdaderos limbos legales y donde la aspiración por detener pesa a menudo más que la aspiración por rescatar.

3) Los desembarcos en islotes y peñones de soberanía española, que facilitan devoluciones cuestionables e impiden el acceso a los mecanismos de protección.

4) El acceso a la protección internacional, donde abundan las deficiencias procedimentales y se producen separaciones de matrimonios y familias en un contexto de recursos saturados e ineficaces.

5) La privación de libertad para solicitantes de protección, que ven limitado su derecho a desplazarse por el territorio nacional y quedan sujetos a procedimientos traumáticos que se extienden en el tiempo.

6) Los niños no acompañados y los jóvenes extutelados, que se establecen en Melilla y para los que el Estado ofrece soluciones escasas y mal coordinadas.

La relación abrumadora de problemas coexiste con no pocos casos en los que la intervención del SJM, de otras organizaciones o de la propia Administración pública ha permitido resolver con éxito las necesidades de los inmigrantes. También señalan los autores del informe un paso adelante en el discurso del nuevo gobierno.

Pero ahí queda todo. No se aprecian avances fundamentales en la orientación y el contenido de las políticas y prácticas, que muestran una resistencia sorprendente a los cambios de gobierno. En palabras de uno de los autores del informe, “no puede ser que quienes nos obligan a cumplir las leyes [el Ministerio del Interior] no estén sujetos a las mismas normas”. No se me ocurre un modo más sencillo de explicar el inexplicable laberinto de la frontera Sur.

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