Migrados
Coordinado por Lola Hierro

La covid-19 no es excusa para vulnerar derechos de los refugiados

Miles de personas continúan viéndose obligadas a huir de sus países para salvar la vida. El Estado español tiene la obligación de garantizar protección internacional para quien lo necesite

Rostyslav Savchyn (Unsplash)

España responderá, en las próximas semanas, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el Examen Periódico Universal, realizado en el mes de enero, en el que se evaluó el cumplimiento de los derechos humanos en el país. El informe manifiesta una especial preocupación por las vulneraciones de derechos que sufren las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional, quedando de relevancia no solo en el incremento de número de recomendaciones sobre ello, sino en el amplio abanico de cuestiones relacionadas que aborda.

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Una veintena de recomendaciones se centran en las mejoras que España debe adoptar en el sistema de protección internacional y acogida para cumplir con sus obligaciones internacionales. Recomendaciones que, desde la Plataforma para el EPU por los derechos de las personas refugiadas (PlatRefugio), fueron presentadas a Naciones Unidas a través del Informe sobre la situación de los derechos humanos en el sistema de protección internacional y acogida del Estado español, en el que se abarcan desde las vulneraciones de derechos en frontera hasta las que se dan en el sistema de acogida. Cuestiones que a raíz de la pandemia se han visto agravadas.

La crisis sanitaria y social provocada por la covid-19 ha paralizado el país, dejando en una situación de gran vulnerabilidad a miles de personas. Ante esta realidad, las medidas sociales adoptadas por el Gobierno no han dado respuesta a las diferentes situaciones en las que se encuentran las personas que han huido de sus países y buscan protección en España.

El cierre de fronteras, terrestres y aeroportuarias, está dificultando el acceso al procedimiento de solicitud para las personas que necesitan protección internacional. A su vez, la suspensión de los plazos administrativos durante la pandemia ha acumulado un gran retraso en el sistema —ya colapsado— de tramitación de solicitudes y expedientes de protección internacional, lo que supone una gran demora en el primer paso para acceder a los permisos de residencia y trabajo y al sistema de acogida para tener un hogar. Además, las graves consecuencias sociales y económicas afectan de manera especial a las personas que ven denegada su solicitud de protección internacional, quedándose en situación administrativa irregular, sin acceso a un empleo ni a ningún tipo de prestación.

Por ese motivo, las 15 organizaciones que forman PlatRefugio urgen al Gobierno a que actúe para garantizar que todas las personas, sin discriminación alguna, puedan solicitar asilo tanto en frontera como en embajadas y consulados, asegurando el cumplimiento del principio de no devolución; a agilizar el proceso administrativo facilitando la fase inicial de solicitud y aumentando los recursos humanos y logísticos, agilizar el proceso administrativo para cumplir con los plazos establecidos en la ley y a favorecer la concesión de autorización de residencia y trabajo por razones humanitarias a todas aquellas personas a las que se les deniegue la protección internacional, por un periodo mínimo de un año.

Ante esta grave situación es imprescindible que España responda asumiendo las recomendaciones propuestas por Naciones Unidas para cumplir con sus obligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de quienes huyen de los conflictos, la persecución y la violencia.

Paloma García es responsable del área de Incidencia de Red Acoge y Laura Traveso es responsable del área de Comunicación de Red Acoge.

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