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Coordinado por Gonzalo Fanjul

No puede ser lo mismo para los derechos humanos

La entrada de la ultraderecha en un Gobierno supone cruzar un punto de no retorno y una amenaza para los derechos fundamentales. En varios países europeos ya es una realidad

Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid.Isabel Infantes (Europa Press)

Por primera vez desde 1976, un partido de ultraderecha está a punto de convertirse en parte de un Gobierno regional español. Y de uno tan determinante del conjunto de la política nacional como el de Madrid. Lo hace en un contexto particularmente polarizado, en el que se ha instalado con eficacia la dicotomía Podemos-Vox como dos males comparables e insorteables en cualquier opción de Gobierno. No soy ningún entusiasta del líder de Podemos, un hombre tan irritante como irritable en un partido con discursos populistas y estrategias torpemente aterrizadas. Pero no puede ser lo mismo. En este tiempo y en esta Europa, establecer una equidistancia entre lo que defienden unos y otros o entre el peligro que representan para la democracia –como afirma Fernando Savater– me parece absurdo.

Vox no es solo un partido populista y gamberro, con una ideología económica ultraliberal, un gusto por el maniqueísmo y una visión distorsionada y melancólica de la historia. Los líderes de Vox promueven una ideología de odio. Carente de la compasión más elemental con algunos de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, lo que ataca la línea de flotación de un Estado de bienestar moderno. Una agenda racista, machista y anticientífica que determina el marco del debate y las líneas rojas que estamos dispuestos a cruzar. Incluyendo las de vulnerar la ley, como han hecho los procesistas y los batasunos –sus verdaderos reflejos al otro lado del espejo político– en Cataluña o en el País Vasco.

En ningún caso esta actividad se limita al ruido de los titulares y las redes sociales. Para comprobar la verdadera calaña de esta fuerza política basta con asomarse a su actividad parlamentaria, donde muchas intervenciones orales y preguntas escritas rezuman una ignorancia y una inquina que podrían parecer infantiles, pero que acaban determinando el conjunto de la conversación. Su verdadera eficacia no está en ganar el argumento, sino en lograr que se lo compren los partidos que gozan de verdadero poder en las instituciones.

Todo esto sería muy preocupante si afectase solo a Madrid, o incluso a España. Lo que resulta alarmante –y les distingue claramente de un populismo de izquierdas que pasa por horas bajas en toda Europa– es la dimensión histórica de este asunto. En su libro más reciente – El ocaso de la democracia (Debate/Random House)– la historiadora conservadora Anne Applebaum ofrece una disección demoledora de este fenómeno, cuya evolución sigue de primera mano desde su residencia en la UE del Este. El autoritarismo conservador es un fenómeno sólidamente establecido en países como Polonia y Hungría –el último movimiento de Fidesz ha sido asegurarse el control de todas las universidades públicas– y se extiende como una mancha de aceite por el resto del continente. Salvini vuelve a formar parte del Gobierno de Italia, Le Pen encabeza las encuestas para la primera vuelta de las presidenciales de 2022 y el Reino Unido ha quedado atrapado en un ensimismamiento identitario cuyas consecuencias para propios y extraños no han hecho más que empezar.

La historia se repite en muchos otros países europeos, donde formas más o menos relevantes de nacionalpopulismo han logrado colarse en gobiernos de coalición que eligieron jugar a corto y blanquearon con ello sus posiciones. El deterioro es reconocible en derechos, libertades y obligaciones que pueden parecer muy lejos de unas elecciones locales, pero no lo están: el derecho a desplazarse y expresarse libremente; el derecho de las mujeres a vivir sin el miedo a una agresión sexual; la obligación de proteger a todos los niños, vengan de donde vengan; la independencia de los jueces, los medios de comunicación públicos y otras instituciones democráticas. En último término, el ascendiente de Europa a la hora de proteger estos mismos valores en un mundo que camina peligrosamente en otra dirección.

Cuando Vox haya entrado en el Gobierno de la Comunidad de la Madrid, España también habrá cruzado ese punto de no retorno.

No puede ser lo mismo. No basta el argumento perezoso de que hay extremos en todas partes o de que la izquierda también cuenta con personajes desagradables y maleducados. Por supuesto. Pero lo que nos jugamos es mucho más serio que eso. Todos tenemos la responsabilidad de evitarlo porque todos tenemos opciones para hacerlo. A la hora de votar es posible elegir alternativas de izquierda o de centro-derecha que se hayan comprometido formalmente a no incluir a Vox en el ejecutivo. Una vez pasadas las elecciones, y si son incapaces de formar gobierno sin el PP, los partidos de la oposición deben facilitar a toda costa una investidura que no incluya a los ultraderechistas. No se trata de hacerles el vacío, sino de aplicar un firme cordón sanitario en el gobierno, precisamente por las razones que Pablo Casado nos explicó a todos los españoles en aquel memorable debate de moción de censura promovido por Vox. El tono grave e histórico que utilizó hace ocho meses sigue siendo válido hoy. La encrucijada sigue estando ahí, frente a cada uno de nosotros.

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