Vox alienta el malestar contra el Gobierno de las fuerzas de seguridad

Partidos y sindicatos alertan de la creciente radicalización de algunas asociaciones policiales

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, interviene en concentración de Jusapol frente al Congreso del pasado 3 de marzo.
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, interviene en concentración de Jusapol frente al Congreso del pasado 3 de marzo.Fernando Alvarado (EFE)

El anuncio hecho el martes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del próximo pago del último tramo de la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los policías autonómicos no ha calmado las aguas en las fuerzas de seguridad, revueltas tras la destitución del coronel Pérez de los Cobos. La plataforma Justicia Salarial Policial (Jusapol), con miles de agentes asociados y un discurso duro contra el Gobierno, que incluye protestas callejeras, denuncias judiciales y peticiones de dimisión, ha encontrado un altavoz en Vox, que el miércoles lleva al Congreso su principal reclamación: nuevas subidas salariales.

“Cuando Jusapol se constituyó, en 2017, se nos vinculó con Podemos; más tarde, con Ciudadanos, y ahora, con Vox. Sin embargo, somos apolíticos como organización. Cada afiliado puede pensar y votar lo que quiera”. Quien habla así es Pablo Pérez, el portavoz de Justicia Policial (Jupol), el sindicato surgido de aquella plataforma que aglutinó a policías y guardias civiles para reclamar la equiparación salarial con los Mossos en pleno desafío independentista. Jupol se ha convertido en la punta de lanza del movimiento policial desde que, en las elecciones sindicales de 2019, se hiciera con ocho de los 14 puestos reservados a los representantes de los agentes en el Consejo de la Policía. Su triunfo fue arrollador en la escala básica, la que engloba más policías, con más de 26.000 votos de los cerca de 41.000 emitidos, un 63,4%. En la Guardia Civil, Jusapol también cuenta con una asociación, Justicia para la Guardia Civil (Jucil), cuyo peso real es aún un misterio ya que las próximas elecciones para elegir los representantes de los agentes no se celebrarán hasta 2021. Jucil asegura tener 10.000 asociados, aunque otras organizaciones rebajan esta cifra a 7.000.

Desde las multitudinarias manifestaciones de sus inicios, todavía con el PP en el Gobierno —a las que acudieron dirigentes de todos los partidos de ámbito nacional—, Jusapol y sus dos organizaciones han mantenido una estrategia de choque frontal con el Ejecutivo actual, además de con los sindicatos tradicionales, a los que acusa de aceptar una subida salarial “insuficiente”, y cuyo último tramo fue el que anunció Marlaska el martes. Este acuerdo, cifrado en 807 millones, ha supuesto que los policías pasen a ganar 561 euros brutos más al mes, y los guardias civiles, 720. El rechazo a este acuerdo —firmado en marzo de 2018 por el entonces ministro Juan Ignacio Zoido, del PP— llevó a Jusapol a poner en marcha una iniciativa legislativa popular para alcanzar una “equiparación salarial real”, que exige el desembolso de casi el doble de dinero y con un mecanismo de actualización automática ligada a futuras subidas de las policías autonómicas. Tras recoger más de medio millón de firmas, su tramitación parlamentaria —interrumpida por las últimas elecciones— se frenó el 3 de marzo, cuando los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, impusieron su mayoría en Mesa del Congreso para bloquearlo.

Aquel día, Jusapol dio una vuelta de tuerca a sus protestas y congregó a miles de policías y guardias civiles ante la puerta del Congreso. Muchos de los asistentes cubrieron sus rostros con caretas de Anonymous e, incluso, los asistentes rompieron el primer cordón policial para plantarse frente a la puerta de los leones. En aquella protesta también se repartieron pasquines anónimos en los que se incitaba a los agentes a participar, una semana más tarde, en una huelga —policías y guardias civiles no tienen reconocido este derecho— encubierta con bajas médicas. Pese a que algunos dirigentes parecieron alentarla desde la tribuna, Jusapol se desmarcó de una protesta que, finalmente, tuvo escasa incidencia. El porcentaje de agentes que faltó al trabajo tras alegar enfermedad fue similar al de cualquier otra jornada. Unos días antes, miembros de la organización habían protagonizado un escrache frente a la casa del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Vox hizo entonces suyas las reclamaciones de la plataforma y presentó el 4 de marzo, un día después de la manifestación frente Congreso, la proposición de ley que se discutirá en el pleno del próximo miércoles, en lo que supone, según fuentes del Ministerio de Interior, “una demostración más” de la cercanía de la formación de Abascal con la plataforma policial. Estas fuentes añaden que no es la única coincidencia, y señalan un mensaje difundido el viernes por Jupol. En él, el sindicato vinculaba el contagio por coronavirus de un agente con un inmigrante “ilegal”, uno de los colectivos contra los que Vox ha dirigido tradicionalmente sus ataques.

Pese a ello, los dirigentes sindicales niegan una vinculación real con el partido ultraderechista, aunque sí admiten sintonía. Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil, califica al partido de Abascal como su “principal” valedor político. “Tras caer en diputados Ciudadanos en las últimas elecciones, es Vox el que ha recogido la bandera de nuestras reivindicaciones”, señala Leal para explicar, por ejemplo, que la presencia del secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, en los actos de Jusapol sea habitual, al igual que las ovaciones que le dedican los asistentes.

Esta identificación es reconocida abiertamente por algunos afiliados como Alejandro León, conocido como Jandro Lion, un policía que se ha hecho célebre en el colectivo por sus vídeos en Internet en los que muestra su apoyo a Vox y a sus medidas más polémicas, como las críticas a la ley de violencia de género. “Hay muchas denuncias falsas de mujeres”, reiteraba el viernes a EL PAÍS. Expedientado cuatro veces —una por aparecer en un vídeo con una navaja en la mano y diciendo, mientras ríe, “que se preparen los mena [menores extranjeros no acompañados]”—, justifica su afinidad con el partido de Abascal: “A quién vamos a alabar, a los que defienden la equiparación real”.

Esta cercanía también es percibida por el resto de partidos. El diputado del PSOE David Serrada critica la “agresividad” que los perfiles en redes sociales relacionados con esta organización muestran hacia miembros de su partido. “Hay sindicatos que hacen política y partidos que hacen sindicalismo”, asegura sin señalar a ninguno. Enrique Santiago, portavoz de Interior de Unidas Podemos en el Congreso y de la dirección de IU, cree que “es público y notorio que hay organizaciones políticas que pretenden dar a entender que tienen una vinculación privilegiada” con las asociaciones de agentes.

“Politización”

Ana Vázquez, diputada del PP y portavoz en la Comisión de Interior, asegura tener buena relación con Jusapol pese a que, cuando acudió a la manifestación del 3 de marzo, fue abucheada por un sector de los asistentes. Ella asegura no haber percibido que el partido de Abascal tenga “ascendente” sobre Jusapol, aunque sí cree que “Vox intenta apropiarse de ese movimiento”. En similares términos se expresa Miguel Gutiérrez, que vuelve al Congreso como diputado de Ciudadanos y que fue uno de los principales valedores de Jusapol al inicio de sus movilizaciones. Gutiérrez no descarta que, como ha ocurrido en la sociedad, “una parte del colectivo policial se haya radicalizado”. Vox no respondió a los requerimientos de EL PAÍS para explicar su vinculación con Jusapol.

Más críticos se muestran los otros sindicatos policiales. Adolfo Medida, portavoz del Sindicato Profesional de Policía (SPP, mayoritario en la escala de mando) asegura que Jusapol tiene “un discurso radical que ha calado en el colectivo”. José María Benito, de la Unión Federal de Policía (UFP), ve evidente la identificación entre la plataforma y el partido de Abascal: “Jusapol se arrima a quien más sirva a sus intereses y, ahora, parece que es Vox”. Otro sindicalista, que pide permanecer en el anonimato, afirma que la plataforma “se ha echado en brazos” del partido de Abascal y que ambos “se retroalimentan”. Las asociaciones de la Guardia Civil miran con igual recelo esa supuesta cercanía. Dirigentes de dos de ellas, que también piden mantener el anonimato, coinciden en que las propuestas de Jusapol “polarizan” a los agentes. “Ciudadanos les puso el altavoz, con Vox hay una simbiosis”, añade uno.

En el seno de la plataforma también han surgido voces críticas. Natan Espinosa, uno de sus fundadores, señala que cuando nació el movimiento “la neutralidad política era una de sus banderas. Ahora ya no trata a todos los partidos por igual”. Espinosa recuerda que en sus inicios ya se vinculó a Jusapol con un partido, en este caso Ciudadanos, y que se llegó a decir que los financiaba. “Era mentira. En todo momento fuimos apolíticos”, presume. Finalmente, dejó sus cargos al no compartir que el movimiento se transformara en un sindicato “al uso” y tras ser acusado por otros dirigentes de querer medrar en el partido que entonces lideraba Albert Rivera. “El movimiento ha ido a menos”, asegura Espinosa.

Un fenómeno similar entre los funcionarios de prisiones

Un fenómeno similar al que ha supuesto Jusapol en el seno de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha registrado, aunque en menor escala, con la asociación de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) en Instituciones Penitenciarias. Este movimiento, como las organizaciones policiales, ha convertido la reivindicación de la equiparación salarial, en su caso con los funcionarios de las cárceles dependientes de la Generalitat, en su principal bandera. Y también ha hecho de la movilización callejera y su enfrentamiento frontal con el Gobierno y con los sindicatos tradicionales su principal seña de identidad.

El pasado martes, horas después de que el ministro Grande-Marlaska anunciase el pago del último tramo de la equiparación salarial para policías y guardias civiles, el coordinador de TAMPM, Manuel Galisteo, proponía a los otros sindicatos convocar una huelga en las cárceles para conseguir “el mismo trato” que los agentes. La oferta será rechazada de plano por las otras organizaciones, según señalan a este diario dirigentes de estas. Esas fuentes coinciden en calificar a TAMPM de “populista” y de situarla ideológicamente cerca de “los partidos más a la derecha”, en palabras de un dirigente sindical que pide mantener el anonimato. En este sentido, otro sindicalista destaca sus semejanzas, precisamente, con Jusapol. “Han compartido asesoría jurídica”, asegura, a la que vez que acusa a TAMPM de “romper” el colectivo y lanzar “continuas campañas de insultos y descalificaciones” en redes sociales contra los sindicatos tradicionales y los periodistas que no se hacen eco de sus reivindicaciones.

Elena Getino, portavoz de la nueva organización, niega estas acusaciones. Admite que, efectivamente, compartieron asesoría jurídica con la plataforma policial, aunque afirma que hace meses cambiaron. Desde Jucil y Jupol también confirman este hecho. “No hay ningún vínculo con Jusapol, Jupol o Jucil”, insiste la portavoz de la asociación penitenciaria. Getino también rechaza una supuesta alineación ideológica con el partido de Abascal: “Nuestra relación con Vox es exactamente igual que la que tenemos con el resto de los partidos políticos”. E insiste: “Nos hemos reunido con todo el arco político parlamentario, y lo seguiremos haciendo”. Los otros sindicatos, sin embargo, recuerdan que una delegación de TAMPM acudió el pasado noviembre al Parlamento Europeo invitada por la formación de ultraderecha a exponer sus reclamaciones. Sobre los ataques en redes sociales, Getino asegura que su organización no se puede “hacer responsable de lo que la gente, sea asociada o no, diga en un medio que no podemos controlar”.

En las últimas elecciones sindicales, celebradas en 2019, TAMPM se convirtió en la tercera fuerza, con una representación muy dispar según los territorios. Andalucía es su principal bastión, sobre todo en las prisiones de Málaga y Cádiz. También ganó las elecciones en las oficinas centrales de la Secretaría General de Prisiones.

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Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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