Interior normaliza la semilibertad para presos arrepentidos de ETA

Instituciones Penitenciarias da el régimen abierto a tres reclusos de la banda que han renegado de la violencia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la inauguración de la exposición conmemorativa del 75 aniversario del DNI en Toledo el pasado lunes.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la inauguración de la exposición conmemorativa del 75 aniversario del DNI en Toledo el pasado lunes.Mario Triviño (Europa Press)

El Ministerio del Interior ha anunciado este martes la concesión del tercer grado penitenciario o semilibertad a los presos de ETA Sebastián Echániz Alkorta, Jesús María Martín Hermando y Oier Urrutia González. La concesión del régimen abierto irá acompañada del traslado de los tres a prisiones del País Vasco para que la medida, que busca su reinserción, sea efectiva. Todos ellos han mostrado por escrito su rechazo a la violencia, han reconocido y lamentado el dolor causado y han aceptado la legalidad penitenciaria. Además, los tres han cumplido tres cuartas partes de su estancia en prisión, según ha detallado Instituciones Penitenciarias en una nota.

A los tres se les aplicará el artículo 83 del Reglamento Penitenciario, que contempla salidas diarias de la cárcel para trabajar o realizar actividades de formación “para potenciar las capacidades de inserción social positiva que presentan” los penados y “evitar la desestructuración familiar y social”. Solo tendrán que ir a prisión a dormir de lunes a jueves. Con ellos, ya son 10 los reclusos de ETA que ha accedido a la semilibertad tras el cambio de la política penitenciaria iniciada por Pedro Sánchez al llegar al Palacio de La Moncloa. Desde entonces, otros 43 presos de la organización terrorista han sido trasladados a cárceles próximas al País Vasco. En la actualidad, quedan 207 miembros de la banda armada en prisiones españolas —una decena en las tres del País Vasco— y otros 35 en prisiones de Francia.

De los tres reclusos que acceden ahora al régimen abierto, Echániz es el que tenía la pena más alta. En prisión desde diciembre de 2002, cumple una condena de 30 años de prisión por varios asesinatos, atentado, robo con violencia y utilización ilegítima de vehículo de motor. Como integrante del comando Vizcaya, Echániz fue condenado por participar en la muerte a tiros en 1981 de un guardia civil jubilado y un militar retirado en Basauri (Bizkaia). Además, fue condenado por hacer tareas de vigilancia en el atentado que costó la vida aquel mismo año a un teniente coronel del Ejército. Un año más tarde participó en el asesinato de tres personas en Sestao y una cuarta en Barakaldo, ambas localidades en la provincia vizcaína.

Echániz estaba hasta ahora recluido en la prisión de Villabona (Asturias), cuya junta de tratamiento —un órgano interno integrado por profesionales penitenciarios— ha propuesto su progresión al régimen de semilibertad al valorar que en abril de 2019 cumplió tres cuartas partes de la condena (al haber sido condenado por el Código Penal de 1973, acumula varias redenciones de pena). También ha tenido en cuenta que, ha renunciado por escrito a la violencia y ha mostrado su arrepentimiento por el daño y dolor causados. Además, está pagando la responsabilidad civil a la que fue condenado. Los expertos penitenciarios también han considerado su edad, 76 años, y que hace trabajos dentro de la cárcel, donde muestra buen comportamiento. Será trasladado a la sección abierta del centro penitenciario de Martutene (Gipuzkoa). La fecha prevista para que extinga la pena es comienzos de 2024.

Martín Hernando ya estaba en una prisión vasca. En concreto, en la de Zaballa (Álava). Ahora pasará a ocupar una celda de la sección abierta de la prisión de Basauri. Encarcelado desde el 29 de octubre de 2010, cumple una condena de 18 años y un día por atentado y utilización ilegítima de vehículo de motor por colaborar en el asesinato del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea en 1993. Como en el caso de Echániz, la junta de tratamiento ha propuesto su paso a la semilibertad por tener cumplidas tres cuartas partes de pena —la extinguirá en julio de 2022— y haber mostrado su rechazo a la violencia terrorista, así como haber reconocido el daño causado. Fuentes penitenciarias señalan que, en su caso, también se ha valorado que cuenta con apoyo familiar en Bizkaia (de ahí el traslado desde la cárcel de Álava), que se ha ofrecido a pagar en cuotas la responsabilidad civil a la que le condenó la justicia y que ha hecho un buen uso de los permisos de salida de los que ya ha disfrutado.

El tercer preso, Oier Urrutia, entró en prisión en abril de 2009 para cumplir una condena de 14 años por depósito de armas y explosivos, y pertenencia a organización terrorista. En septiembre de 2019 cumplió tres cuartas partes de la pena, que extinguirá en marzo de 2023. Hasta ahora estaba ingresado en la prisión de Logroño y será trasladado al centro penitenciario de Zaballa. Como los otros dos, ha rechazado la violencia y reconocido el daño causado. En su caso, no debe hacer frente a ninguna responsabilidad civil. La junta de tratamiento ha tenido en cuenta que participa en las actividades que programa la cárcel. Ahora, solo tendrá que ir a prisión a dormir de lunes a jueves. Con ellos tres, ya son una decena los presos de la organización que están recluidos en cárceles del País Vasco y uno más en Navarra.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha hecho este martes pública una nota en la que critica la concesión del tercer grado a los tres etarras. “Estamos asistiendo con asombro, indignación, tristeza y estupor a cómo poco a poco se acerca más el objetivo del entorno de ETA, que es el de vaciar las cárceles”, señalan en el escrito. La AVT asegura que el pasado viernes —día en el que Interior trasladó a cárceles próximas al País Vasco a otros dos reclusos etarras— solicitó una reunión de urgencia con el ministro Fernando Grande-Marlaska. Tras el anuncio de este martes, la asociación recalca que ese encuentro “se hace ahora más necesario”. Grande-Marlaska ha insistido desde que asumió la cartera, hace algo más de dos años, que los acercamientos y las progresiones de grado de los etarras están amparados por la ley para facilitar la reinserción. Antes de cada traslado, el ministro informa personalmente a las asociaciones de víctimas.

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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