Marjaliza detalla al juez cómo repartió más de un millón de euros a PP, PSOE e IU

El arrepentido de la trama Púnica declara en la Audiencia Nacional para explicar el contenido de documentos recientemente incorporados a la causa

El empresario David Marjaliza, en el momento de su llegada para declarar este martes en la Audiencia Nacional. En vídeo, declaraciones de Marjaliza, quien ha explicado en la Audiencia Nacional "los pagos, importes, sociedad y conceptos" que aparecen en los libros contables de algunas de sus sociedades.EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El constructor David Marjaliza, el cabecilla de la trama Púnica que lleva colaborando con la justicia desde el verano de 2015, ha acudido este martes de nuevo a la Audiencia Nacional a declarar para aportar nueva información sobre el funcionamiento de la red de corrupción. Lo ha hecho para explicar el contenido de la documentación contable de varias de sus empresas en el periodo 1999-2002 que entregó recientemente al juez y en el que se recogen el supuesto pago de más de un millón de euros en comisiones a cargos públicos municipales de PP, PSOE e IU en la Comunidad de Madrid para hacerse con adjudicaciones de suelo donde construir vivienda, según confirman fuentes jurídicas presentes en la declaración.

En su comparecencia, el empresario ha explicado en qué consistió cada operación y cómo repartió mordidas en aquellos Ayuntamientos en los que él o Francisco Granados, el exdirigente del PP de Madrid señalado como cabecilla de la trama, tenían contactos. En concreto, ha hablado de Valdemoro, Pinto y Parla. Marjaliza ha detallado apunte por apunte cada pago durante los cuatro años que recogía la contabilidad aportada. En el caso de Parla, donde gobernaba el socialista Tomás Gómez, ha destacado que se pagaron 1.000 euros por cada vivienda, una parte al consistorio y otra a Granados, como miembro ya del ejecutivo regional. En las entregas de dinero, el constructor ha implicado, además de al exdirigente del PP madrileño, a otros dos imputados en la causa: el empresario José Luis Cápita y José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena y presunto conseguidor de la trama. Según ha recalcado, estos fueron los que contactaban supuestamente con los alcaldes para hacer las entregas de dinero.

El constructor ha asegurado que en Valdemoro, donde Granados fue alcalde antes de formar parte del Gobierno de Esperanza Aguirre, “pasamos de cosechar patatas a cosechar ladrillos”, en referencia a la masiva recalificación de terrenos rústicos. Marjaliza se comprometió a entregar en breve nuevos documentos sobre estas operaciones. En concreto, escrituras que reflejan presuntamente la implicación de Granados en algunas de aquellas operaciones por las que ha afirmado que le pagó “30.000 millones de pesetas [180.300 euros]”.

No es la primera vez que Marjaliza implica a cargos públicos de otros partidos distintos al PP en estas actividades. En julio de 2018 aseguró que la adjudicación de suelo para construir vivienda era el mecanismo con el que se lucraban “todos los partidos [PP, PSOE, IU…], los sindicatos, los constructores…” e, incluso, detalló que el porcentaje que recibía cada partido estaba en función de la representación que tenían en el Ayuntamiento. En aquella comparecencia ante el juez, el constructor afirmó: “Hay un consorcio y un número de viviendas. Están los grupos políticos y, para que nadie se queje, se reparten las viviendas proporcionalmente, en función del poder político que representa”. En el caso del municipio de Aranjuez, Marjaliza detalló: “El PSOE, que estaba gobernando, se repartió el 46,60%; el PP, el 39,27%; IU, el 6,15%; y los compromisos, el 7,92% (incluido CC OO y UGT)”.

En mayo de 2017, la Fiscalía Anticorrupción ya incorporó al sumario un informe en el que también se aseguraba que las supuestas irregularidades en la venta de suelo de la Comunidad de Madrid a través de los 22 consorcios urbanísticos creados para ello no solo benefició a Granados y otros cargos públicos supuestamente implicados, sino que también “sirvió para engrosar presuntamente las arcas del Partido Popular, Izquierda Unida y PSOE, partidos con ediles que eran miembros del Consejo de Administración del respectivo consorcio urbanístico”. Anticorrupción cifraba entonces en 2.000 millones de euros el dinero gestionado a través de estos entes en los que participaban tanto el Ejecutivo regional como los consistorios.

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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