El ministro de Justicia admite la “gravedad” del espionaje a Torrent y cree necesario investigarlo

Torrent insiste en que todos los indicios apuntan al Gobierno pero pide mantener la mesa de diálogo sobre Cataluña

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la sesión de control en el Senado, este martes en Madrid.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la sesión de control en el Senado, este martes en Madrid.FERNANDO VILLAR (EFE)

El Gobierno ha admitido este miércoles por primera vez, en boca de uno de sus miembros, la “gravedad” de las informaciones relativas al supuesto espionaje al presidente del Parlament, Roger Torrent. En medio de la tormenta política que han desatado las informaciones publicadas por EL PAÍS y The Guardian, el Ejecutivo se había limitado a asegurar que no tenía constancia del supuesto hackeo, pero había eludido valorarlo. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dio ayer ese paso al calificar los hechos de “graves” y apostar por averiguar lo ocurrido. Torrent insistió en que todos los indicios apuntan al Gobierno pero pidió mantener la mesa de diálogo sobre Cataluña.

El Gobierno había pasado el martes de puntillas sobre el supuesto ataque que sufrieron en mayo de 2019 el teléfono móvil del presidente del Parlament y del exconsejero de la Generalitat Ernest Maragall. La ministra portavoz, María Jesús Montero, preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no quiso valorar las informaciones que revelaban que Torrent y Maragall fueron espiados con Pegasus, un programa desarrollado por la compañía israelí NSO que solo pueden comprar Gobiernos y fuerzas de seguridad con el propósito de combatir el crimen y el terrorismo. El Ministerio del Interior se apresuró a negar tener algo que ver con esos hechos, pero nadie del Gobierno había querido hasta ahora calificar lo ocurrido.

Lo ha hecho este miércoles por primera vez el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que aunque pidió prudencia, admitió que lo que recoge la investigación conjunta de EL PAÍS y The Guardian es “grave” y abogó por investigarlo. “Vivimos en un Estado de derecho que protege las comunicaciones y el secreto de las mismas. Y, por tanto, si esa vulneración se ha producido es un motivo preocupante”, señaló en el programa Los Desayunos de TVE.

“Las actuaciones del Estado son claras en cuanto al rigor y el cumplimiento de la ley y si ha habido algún transgresor habrá que averiguarlo e indagar, pues la situación es grave y hay que analizarla”, insistió Campo, quien, no obstante, aseguró confiar “plenamente” en que “desde el Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay una garantía absoluta del secreto de las comunicaciones”. “Lo verdaderamente importante es que somos un Estado de garantía, que protege el secreto de nuestras comunicaciones y al igual que la Constitución protege ese derecho el Código Penal castiga a los que no se atienen al respeto del mismo”, zanjó.

El caso ha tensado las relaciones entre el Gobierno central y ERC, socio de investidura de Pedro Sanchez, aunque los republicanos aseguran que no va a interferir en la mesa de diálogo con el Ejecutivo, al que sí exigen que mueva ficha para aclarar los hechos. Torrent aún no ha tomado ninguna acción legal y en su entorno dicen que están estudiando una querella. El presidente del Parlament envió ayer una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que le pide que “abra una investigación” para aclarar lo sucedido ya que “los indicios factuales apuntan al Centro Nacional de Inteligencia”.

”Lo que nos pediría el cuerpo es que no podemos reunirnos ni hablar con un Gobierno español bajo el cual se han producido estos hechos, pero esto sería un error político. Tenemos que insistir en la resolución política del conflicto”, dijo ayer Torrent a los diputados de ERC reunidos en el Parlament. “Esa es la única vía”, agregó, para “superar al régimen del 78”. Su pronunciamiento llega un día después de que la vicepresidenta Carmen Calvo aguara la posibilidad de reunir el foro de diálogo por las diferencias entre los republicanos y Junts.

Pese a mantener esa puerta abierta, ERC criticó la posición de Sánchez y tiró del icónico caso Watergate (el robo, en los años 70, de unos documentos del Partido Demócrata de EE UU y el posterior encubrimiento de los hechos por el presidente Richard Nixon) para cargar contra el líder socialista. “En EE UU dimitió un presidente. ¿Qué pasará en España? “, dijo Torrent. Maragall bautizó el caso como el Catalangate, aunque dijo que “es mucho más grave, porque va contra las instituciones de un país”. También pidió a los diputados que transmitan la idea de que “están en juego la intimidad y los derechos de todos”.


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