El juicio por el amaño del PGOU de Alicante, pendiente de la validez de las escuchas

El caso del plan urbanístico de Alicante incrimina a dos exalcaldes del PP y a uno de los mayores constructores de la provincia que se enfrentan a penas de entre ocho y 10 años

El empresario Enrique Ortiz (izquierda), acompañado por su abogado, a su llegada a la Audiencia de Alicante donde se retoma el juicio por el presunto amaño del Plan Urbanístico de la capital alicantina.
El empresario Enrique Ortiz (izquierda), acompañado por su abogado, a su llegada a la Audiencia de Alicante donde se retoma el juicio por el presunto amaño del Plan Urbanístico de la capital alicantina.Pep Morell (EFE)

Las acusaciones del juicio que se sigue contra dos exalcaldes del PP de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, por el presunto amaño del plan general de ordenación urbanística (PGOU) de la ciudad a favor de un empresario, Enrique Ortiz, han tratado de levantar hoy una fortaleza para salvaguardar las escuchas telefónicas que se realizaron durante la instrucción y que ya han sido anuladas en la causa matriz de este caso. Los pinchazos son la principal prueba para demostrar que Ortiz pagó con dinero en metálico viajes gratis y regalos para beneficiarse de la reordenación del plano de Alicante, pero las defensas han vuelto a pedir su anulación. Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares saben que, sin las escuchas realizadas por la policía, el caso se debilita considerablemente.

La Fiscalía y las dos acusaciones particulares, que representan al Ayuntamiento de Alicante y a Izquierda Unida (IU), han lanzado todo un arsenal de argumentos jurídicos para que las intervenciones telefónicas, y con ellas, el juicio en sí mismo, sigan adelante. Sostienen que son legítimas y que no están manipuladas, sino simplemente editadas para volcarlas en un soporte fácil de manejar. Y que giran en torno a un mismo acusado, Ortiz, lo que justifica que todos los juzgados que han intervenido en el proceso, entre Orihuela, Elche, Valencia (a través del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana) y, ahora, Alicante, estuvieran validados para ir trasladándose las competencias entre unos y otros, un ir y venir que las defensas han puesto en entredicho.

Los dos fiscales que han intervenido en la tercera y última sesión de cuestiones previas, Pablo Romero y el titular de Anticorrupción, Felipe Briones, han incidido en la presencia del constructor alicantino, principal propietario de suelo de la ciudad, en prácticamente todas las piezas desgajadas de la trama madre, el caso Brugal. Todo empezó en Orihuela, con la presunta adjudicación irregular de la contrata de basuras que ya ha sido juzgada y en la que los 34 implicados han sido, precisamente, absueltos por la anulación de las escuchas telefónicas. Después se pasó a la tramitación de un plan zonal de residuos para la comarca de la Vega Baja, al sur de Alicante, en la que ya aparecía Ortiz, según ha recordado Briones. De ahí, al plan parcial de Rabasa, ya en Alicante, cuya causa fue desestimada. Y finalmente, al PGOU de la capital provincial, donde el promotor es protagonista indiscutible. En los rollos de todas las causas aparece el número de móvil del magnate por algún lado.

Centrar el foco sobre Ortiz era fundamental para las acusaciones. Primero, para desligar este caso del de las basuras de Orihuela. La sombra de la absolución dictada por la Audiencia Provincial en este asunto, que ya ha sido recurrida por Briones, oscurece el futuro de esta causa para los fiscales y mantiene frescos los argumentos de las defensas. Las acusaciones quieren que el tribunal entienda que, aunque todas los pinchazos nacen de los ya anulados, este proceso es independiente y se refiere a otros hechos, a los que Briones ha definido como “el manejo torticero” del plan urbanístico de Alicante. Y el representante del Ayuntamiento, José María López Coig, como “un escándalo”.

Pero también, porque Ortiz llegó a firmar un acuerdo con Anticorrupción en el que reconocía todos los hechos que se le imputan, del que se desdijo tras la sentencia del juicio de las basuras de Orihuela. Subliminalmente, sin citar este pacto, las acusaciones han enumerado las irregularidades supuestamente cometidas por Ortiz y que certificó en sede judicial. La “frenética actividad de Ortiz en la consecución de sus intereses”, en palabras de José Luis Romero, abogado de IU, es el nexo de todo. El origen de todo. Y llegó a admitirlo.

Durante las dos primeras sesiones, las defensas arremetieron contra la intervención policial, la instrucción judicial, las decisiones de la Fiscalía y todas las resoluciones que han sentado en el banquillo a Alperi, Castedo y Ortiz, que se enfrentan a penas de entre ocho y diez años por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Junto a ellos, Santiago Bernáldez y Virgilio Ortiz, empleados del promotor, los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, y los empresarios Ramón Salvador y Pablo Rico.

En la vista de hoy, las acusaciones se han desquitado. Han intentado debilitar todas las estrategias defensivas. Han llegado a acusar al abogado inicial de Castedo de cometer “negligencia”. Y han tildado de “bulo o mito” la falta de firma electrónica de los soportes en los que están grabadas las conversaciones, otra de las causas por las que los letrados piden su anulación.

El caso PGOU no volverá a la Audiencia de Alicante hasta septiembre. Las tres magistradas del tribunal tienen lo que queda de verano para resolver si los pinchazos son válidos o no y si, por tanto, procede continuar con las declaraciones y testificales, bien con un auto previo o bien ya en formato de sentencia.

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