Vivir en el limbo de una plaza de toros

Migrantes y solicitantes de asilo son acogidos en Melilla en instalaciones improvisadas por la saturación del CETI

Literas improvisadas en los pasillos de la plaza de toros de Melilla.
Literas improvisadas en los pasillos de la plaza de toros de Melilla.

Uzman se pregunta cuándo podrá irse de Melilla después de más de tres meses varado en la ciudad autónoma. Este maliense de 35 años llegó junto a otras 52 personas el pasado 6 de abril en la última entrada colectiva a través de la valla, registrada en pleno período de confinamiento. Entonces, encontró las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) cerradas debido a las medidas de protección frente a la covid-19. Y hasta hoy. “Primero nos quedamos en la puerta del CETI”, recuerda. Después de que los médicos les vieran, cuenta que les llevaron a unas instalaciones improvisadas donde permanecieron casi dos meses. “Ahora estamos en la plaza de toros”.

La Secretaría de Estado para las Migraciones, que gestiona el CETI, no permite nuevas entradas “para asegurar una acogida acorde a la situación actual”, según confirman fuentes del departamento. En el centro, preparado para acoger a 782 personas, conviven actualmente 1.382, pero ha llegado a albergar a más de 1.600 inmigrantes durante las semanas más duras del estado de alarma. El cierre ha obligado a mantener en funcionamiento recursos improvisados habilitados durante el confinamiento y que no están preparados para acoger a migrantes o solicitantes de asilo, como el espacio de la plaza de toros, gestionado por las autoridades locales.

“Han traído a la gente que han ido encontrando aquí”, comenta Uzman. La Consejería de Salud Pública del Ejecutivo melillense ha habilitado tres espacios en los pasillos del edificio para alojar por separado a los migrantes subsaharianos que han llegado a Melilla desde el 16 de marzo, a nacionales marroquíes atrapados en la ciudad por el cierre fronterizo decretado por Marruecos el 13 de marzo y a mujeres y familias de otros territorios igualmente varadas.

Organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que presta asistencia jurídica a los acogidos, han denunciado las condiciones en las que conviven al menos 88 personas en la segunda planta del recinto, el ala donde se aloja Uzman. Imágenes del interior muestran hileras de camastros y literas encajonadas en pasillos de menos de dos metros de ancho. El agua corriente en los aseos funciona de forma intermitente y el olor del agua estancada impregna buena parte del recinto. “Nos preocupa el deterioro de las condiciones higiénicas y el riesgo para la salud pública que entraña dicho deterioro”, reivindica el abogado Josep Buades, coordinador del SJM.

Fuentes del Gobierno local admiten que la situación les sobrepasa: “La ciudad autónoma está asumiendo una competencia que no es suya. Se ha hablado con Migraciones, a los que se reclama el servicio”. La situación se ve agravada por el bloqueo que mantiene el Ministerio del Interior de los traslados hacia instalaciones en la Península de migrantes y solicitantes de asilo, que solo pueden abandonar la ciudad autónoma si lo autoriza la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Las salidas periódicas, que solían hacerse cada semana antes de decretarse el estado de alarma, son la única herramienta que permite mantener el equilibrio en unas instalaciones que nunca han estado por debajo de su capacidad.

En abril, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska solo autorizó dos salidas de 51 y 136 personas, lo que permitió empezar a aliviar la presión del centro. En mayo, Migraciones coordinó con Cruz Roja el traslado a un hotel de otras 50 personas con un perfil vulnerable y de riesgo ante la covid. Fuentes de la Secretaría de Estado aseguran que están en constante comunicación con Interior y que la prioridad es “continuar liberando plazas [en el CETI] para tener espacios bloqueados para albergar a posibles casos de covid, y también para asegurar la protección de quienes se encuentran en el centro”. Las salidas se realizan “cuando se consideran pertinentes, de acuerdo a análisis individualizados, en los que priman los perfiles de protección internacional y de colectivos vulnerables”, según fuentes de Interior.

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