Pablo Iglesias insiste en recuperar la condición de víctima en el ‘caso Dina’

El líder de Podemos aporta un informe de la Policía Científica para reforzar su tesis

Pablo Iglesias, a su salida de la Audiencia Nacional, en marzo de 2019.
Pablo Iglesias, a su salida de la Audiencia Nacional, en marzo de 2019.Á. García

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no tira la toalla en el caso Dina ―donde se investiga el robo del móvil a Dina Bousselham, una antigua asistente del líder de Podemos, y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación― y persiste en su pelea por mantener la condición de víctima en esta línea de investigación del caso Villarejo. El político ha enviado este miércoles un nuevo escrito a la Audiencia Nacional para ampliar el recurso que ya presentó en junio contra la decisión del juez Manuel García-Castellón de dejar de considerarlo perjudicado. En dicho documento, el dirigente de la formación de izquierdas pone sobre la mesa los dos nuevos informes que se han incorporado a la causa y que, en su opinión, refuerzan su tesis: el elaborado por la Policía Científica y que concluía que los daños de la tarjeta bajo sospecha son “compatibles” con los intentos de recuperación del contenido por parte de una empresa especializada; y la declaración de los responsables de esa compañía informática, que aseguraron que el dispositivo les llegó “físicamente intacto”.

Este segundo escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, tiene como destino la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, encargada de resolver ahora la petición de Iglesias. La intención del vicepresidente es que los magistrados de este órgano tengan en cuenta estos dos recientes informes a la hora de fallar. Ya que, según el abogado del líder de Podemos, ambos demuestran que no tiene fundamento la tesis que utilizó García-Castellón para dejar de considerarlo víctima: “Obviamente, dado el actual estado de la tarjeta, no se puede precisar si existía daño alguno previo, pero sí ha quedado acreditado que la supuesta destrucción externa era ajena a la tesis del instructor, que la consideró base y elemento para la retirada de la condición de perjudicado”.

El caso Dina nació en marzo de 2019 después de que los investigadores hallaran en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde 2017, una “importante cantidad de documentos” que parecían “provenir de una extracción de datos” del móvil de Dina Bousselham, una antigua ayudante de Iglesias que había denunciado el robo de su teléfono en noviembre de 2015. La causa dio un giro el pasado mayo cuando, después de algunas contradicciones de la excolaboradora, el juez centró sus pesquisas en averiguar qué había ocurrido con una tarjeta que contenía una copia de esa información y que, tras pasar por manos del actual vicepresidente, llegó dañada a la Audiencia Nacional. El magistrado quería saber cuándo y dónde se rompió. Y, ante la posibilidad de que pudo ocurrir cuando la tenía Iglesias, le retiró la condición de víctima.

Entonces, García-Castellón puso en marcha varias iniciativas. Pidió un informe a la Policía Científica. Y también solicitó a la compañía británica que había tratado la tarjeta —tras enviársela la pareja de Bousselham para tratar de recuperar su contenido antes de remitirlo a la Audiencia— que le informara en qué estado le había llegado. La compañía respondió que estaba “físicamente intacta” y “no presentaba daños”; y añadía que, al retirar el revestimiento de plástico, pudo “eliminar” alguna parte de la misma.

Podemos insiste a la Sección Tercera que el fracaso de estas pesquisas tiran por tierra las sospechas del magistrado. Y que, al centrarse en este asunto, el juez ha emprendido “una línea de investigación ajena a la causa”. El partido lleva semanas intentando que García-Castellón vuelva a focalizar el caso en la policía patriótica y en la guerra sucia contra su partido que emprendió este grupo creado en el seno del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP). “Existen indicios suficientes para sospechar que se realizaron investigaciones a Podemos y sus miembros, presuntamente con cargo a los fondos reservados del Estado, ordenadas desde el Gobierno a los mandos de la policía. Y en dicho contexto se produce el robo del móvil”, destacó Bousselham en un escrito enviado a García-Castellón la pasada semana.

Iglesias recuerda que Villarejo consiguió una copia de los archivos del teléfono de su excolaboradora y que le dijo al juez que se la entregó a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. Además, apostilla, datos de ese móvil aparecieron en la primera versión del informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), un falso documento policial —rechazado por la justicia— donde se afirmaba que el Gobierno de Irán había financiado al partido y que tenía por objeto “desacreditar” al líder de Podemos, según recalca la formación.

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J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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