El Parlamento Europeo busca reactivar el suplicatorio de Puigdemont, Comín y Ponsatí

“No voy a permitir que se convierta en un circo”, afirma el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, el eurodipuado de Ciudadanos Adrián Vázquez

Antoni Comín, Clara Ponsatí y Carles Puigdemont, el pasado mes de marzo.
Antoni Comín, Clara Ponsatí y Carles Puigdemont, el pasado mes de marzo. Albert Garcia

Ocho meses después de convertirse en eurodiputados, la andadura parlamentaria de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí afronta su curso político decisivo. La pandemia ha retrasado notablemente los tiempos previstos para que los miembros de la institución voten si les despojan de su inmunidad, en cuyo caso se retomaría en Bélgica su proceso de extradición a España. Pero eso no quiere decir que el caso se haya parado por completo. El Parlamento Europeo estudia si es posible poner en marcha un plan alternativo para retomar el suplicatorio sin incumplir las normas de distancia social. Y según fuentes parlamentarias hay cerca de 4.000 páginas de documentación debido a que ha sido traducida a los 15 idiomas de los miembros de la comisión de Asuntos Jurídicos, los encargados de recomendar al pleno del Parlamento que apruebe o desestime el suplicatorio.

El kilométrico expediente, más largo de lo habitual en este tipo de trámites, está sirviendo de base para el informe que el ponente, el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, ha ido avanzado durante el verano. Fuentes de la defensa de los independentistas aseguran haber recibido casi un millar de folios del dosier remitido por las autoridades españolas, en el que se incluyen sentencias, autos de procesamiento y euroórdenes. Esa ingente cantidad de papeleo aumentará próximamente, cuando los abogados de los huidos en Bélgica hagan llegar su propia versión de los hechos. “No hemos presentado ni un cuarto de folio, porque no es el momento todavía. Cuando se establezca la fecha aportaremos la documentación que corresponda”, afirma el letrado Gonzalo Boye.

Ese paso, el de concretar día y hora, está pendiente de que se hallen fórmulas para conciliar las audiencias con las restricciones de seguridad por la pandemia. El Parlamento Europeo funciona con normas de semipresencialidad incompatibles con la defensa en persona de su inmunidad que deben realizar los tres dirigentes catalanes. Cada uno de ellos contará con 15 minutos a puerta cerrada para exponer sus argumentos, y será sometido después a las preguntas de los eurodiputados para ayudarles a decidir el sentido de su voto, que será secreto. En total, se esperan tres sesiones en dicha comisión antes de que pase al pleno: una para que el ponente haga su exposición, otra en la que hablan los eurodiputados, y la última con la votación del informe.

La presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos ha recaído en el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez. El político español apunta a que en ningún caso se entrará en el fondo de la cuestión, aunque teme que los líderes independentistas traten de convertir sus intervenciones en alegatos contra la presunta persecución política del Estado español. “Seré escrupulosamente garantista para que nadie pueda usarlo para minar el buen nombre de las instituciones europeas. No permitiré que nadie convierta esto en un circo o en un acto electoral que pretenda desprestigiar a Europa”, advierte.

Fuentes parlamentarias señalan que si los nacionalistas deciden enfocarlo de ese modo, como parece probable, será tiempo perdido, dado que la comisión no es competente para analizar su participación en el 1-O ni los acontecimientos relacionados con su posterior marcha a Bélgica. Insisten en que la Eurocámara solo se pronunciará sobre si la petición del Tribunal Supremo de que se levante la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí tiene que ver con su papel de parlamentarios o pretende socavar su actividad política o la del Parlamento. Si determinan que no es así, recomendarán a los 705 eurodiputados del pleno que den vía libre para que se les retire el aforamiento, aunque serán estos con su voto los que tendrán la última palabra.

Puigdemont, que ha pasado parte de sus vacaciones en la comarca francesa de Vallespir, fronteriza con la provincia de Girona, aguarda la llamada del Parlamento para librar la primera batalla de un curso político que se presume ajetreado. Su defensa se plantea acudir al Tribunal de Justicia de la UE si el suplicatorio sale adelante, como parece probable si los grandes partidos votan lo esperado. Y aun cuando la justicia belga retome la euroorden, la decisión de esta de no enviar a España al exconsejero Lluís Puig, por estimar que el Supremo no es competente para reclamar su entrega, ha supuesto un espaldarazo importante a su estrategia que esperan sirva de precedente, dado que el caso llegará al mismo juez.

El hecho de que otros procesos importantes, como el de la audiencia en el Parlamento Europeo del nuevo comisario irlandés, necesiten de una solución práctica para poder llevarse a cabo en las instalaciones del Parlamento Europeo, puede acelerar los tiempos en el suplicatorio. “Una vez iniciado el proceso en comisión, no llevará más de cuatro o cinco meses como muchísimo”, auguran fuentes parlamentarias. La defensa de los eurodiputados dice estar lista para el envite. “Hemos dejado la maleta hecha, hablar de plazos es arriesgado”, afirma el abogado Gonzalo Boye.

Sobre la firma

Álvaro Sánchez

Redactor de Economía. Ha sido corresponsal de EL PAÍS en Bruselas y colaborador de la Cadena SER en la capital comunitaria. Antes pasó por el diario mexicano El Mundo y medios locales como el Diario de Cádiz. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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