El juez pide al Supremo que investigue a Pablo Iglesias por el ‘caso Dina’

García-Castellón solicita que se impute al vicepresidente por descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.EFE
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Lea la exposición razonada para pedir al Supremo la imputación de Pablo Iglesias
Consulte el auto con el que el juez da por concluida la investigación del 'caso Dina'

Ni Podemos ni nadie en el Gobierno vio venir el nuevo revés judicial contra Pablo Iglesias. El juez Manuel García-Castellón elevó este miércoles una exposición razonada al Tribunal Supremo donde solicita que se investigue al vicepresidente segundo por el caso Dina, la pieza del caso Villarejo que versa sobre el supuesto robo del móvil de una antigua colaboradora del líder de Unidas Podemos. El magistrado de la Audiencia Nacional le atribuye los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con “agravante de género”, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito.

La noticia cayó como una bomba este miércoles en medio de la presentación del Plan de Recuperación del Gobierno para la salida de la crisis. Era un día importante para la coalición. La puesta de largo del plan económico para vehicular los fondos europeos en los próximos años debía servir como primer gran paso hacia el futuro de la legislatura, marcada hasta ahora por el día a día que exigen la pandemia y la crisis económica. Pero el bumerán en que se ha convertido el caso Dina dio su último giro inesperado contra el vicepresidente mientras se encontraba reunido telemáticamente con el resto del Ejecutivo. Nadie lo vio venir.

Hace solo tres semanas Iglesias había despejado el último golpe. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le había devuelto la condición de perjudicado en el caso, lo que obligaba al propio García Castellón a revocar su iniciativa del pasado mes de julio de retirar el estatus de víctima en la causa al vicepresidente. Una condición que le había sido otorgada a Iglesias después de que parte de los datos del teléfono robado a Dina Bousselham acabaran publicados en varios medios de comunicación, incluyendo información sobre Podemos o mensajes privados del líder de la formación.

Al magistrado, que considera que el ahora vicepresidente usó de forma fraudulenta este proceso judicial para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral, solo le quedaba la vía del Supremo, por la condición de aforado de Iglesias. La Fiscalía no ha respaldado hasta ahora esta línea de las pesquisas, pero sí se ha pronunciado en otro de los frentes judiciales que tiene abierto Podemos en un juzgado de Madrid, donde ha pedido que se investigue a la formación por la contratación de la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló con el vicepresidente segundo para trasladarle su apoyo. Sánchez, en una conversación informal con periodistas antes de tomar un avión para viajar a Argelia, informó de su charla con el líder de Podemos, aunque no desveló los detalles, y mostró su total respeto por el procedimiento judicial. El presidente añadió que no está preocupado por las implicaciones políticas de esa resolución, informa Carlos E. Cué. Pero en Podemos “no dan crédito” al nuevo giro judicial de un caso en el que se personaron como víctimas y que ha acabado volviéndose en contra. “Conozco muy bien a Pablo Iglesias y estoy muy tranquila y confiada en su inocencia. El tiempo, como siempre, hablará”, aseguró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras conocerse la noticia. El portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique, dirigió sus ataques en Twitter contra el magistrado: “El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía porque contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo”.

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Según señala el juez instructor en sus escritos, Pablo Iglesias recibió el 20 de enero de 2016 de parte de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta y editor de la desaparecida revista Interviú, la tarjeta de memoria original procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella. “Pese a ello, se la guardó en su poder, sin decírselo a su propietaria, aun cuando ambos eran personas cercanas” y a pesar “del conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015”, explica el auto. Esta acción, continúa el juez, puede vincularse a que el líder de Podemos observó que dicho dispositivo contenía capturas de pantalla que la asesora guardaba con conversaciones de grupos de mensajería en los que él aparecía.

A partir de entonces, tras la difusión en los medios de las primeras informaciones basadas en el contenido del móvil, el juez asegura que se urdió una estrategia conjunta dentro de Podemos para vincular la desaparición del teléfono y una supuesta operación orquestada por la policía patriótica contra el partido. En esa campaña, García-Castellón incluye también a Gloria Elizo, ex directora de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta del Congreso; a Marta Flor y Raúl Carballedo, letrados de la formación; así como a la propia exasesora Dina Bousselham y a su pareja, Ricardo Dasaferreira, a quien atribuye delitos de falso testimonio.

El juez asegura que, encabezados por Iglesias, se pusieron de común acuerdo para “instar a los servicios jurídicos a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de disimular falsariamente una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015”. Lo hacen, prosigue el juez en su escrito, con una finalidad “estrictamente de oportunidad política”.

Ese modus operandi, remacha el juez, se mantiene de forma “consciente y planificada” cuando la Audiencia Nacional abre la causa contra Villarejo, tras encontrar en su casa una copia de los datos del móvil. Según el magistrado, entonces Iglesias se persona “fingiendo ante la opinión pública y su electorado haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”. Según el instructor, presentaron la desaparición del teléfono de Dina “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al comisario jubilado Villarejo para publicar en el digital Okdiario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos”.

Casado: “Sánchez debe cesar a su vicepresidente”

El líder de la oposición, Pablo Casado, apenas ha tardado unos minutos en reaccionar. “Sánchez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias. La Audiencia Nacional acaba de pedir al Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura”, ha escrito el dirigente del PP en Twitter. En Podemos manifiestan, en cambio, su sorpresa por la decisión del juez: “Hace unos días la Audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”.

Villarejo y dos periodistas, procesados

A la vez que ha enviado al Supremo su exposición contra Iglesias, el magistrado ha dictado un auto donde procesa al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, y a dos periodistas de la extinta Interviú, Alberto Pozas y Luis Antonio Rendueles. El juez explica que, tras llegar a la revista una copia de la tarjeta de Bousselham, estos se la entregaron al antiguo agente de la Policía Nacional —quien dijo, a su vez, que la había llevado a la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo, seno de la conocida como policía patriótica—. El magistrado les atribuye a los tres posibles delitos de revelación de secretos y ha dado ahora a las partes un plazo de 10 días para que presenten sus escritos de acusación.

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