Fallece Javier Guerrero, principal condenado del ‘caso ERE’

El exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía, en libertad y pendiente de cumplir 13 años de prisión, muere en su casa de Sevilla

Francisco Javier Guerrero, a su llegada a la Audiencia de Sevilla en una imagen de noviembre de 2019.
Francisco Javier Guerrero, a su llegada a la Audiencia de Sevilla en una imagen de noviembre de 2019.Alejandro Ruesga

Javier Guerrero, el principal condenado por la macrocausa de los ERE y responsable último del reparto de 647 millones de fondos públicos en Andalucía, ha fallecido este domingo en su domicilio de Sevilla. El exdirector de Trabajo de la Junta andaluza, de 63 años, murió de madrugada de un infarto, pendiente de confirmar tras la autopsia. Guerrero, condenado a 13 años de prisión por dos causas, estaba en libertad tras recurrir ambas sentencias ante el Tribunal Supremo.

Carismático, tierno y vividor, Guerrero encajó mal el calvario judicial que acarreó su desenfrenada vida como responsable de un fondo millonario para empresas en crisis que la Junta de Andalucía puso en sus manos. Su etapa como director general del Gobierno andaluz (1999-2008) se ha dilucidado en los tribunales los últimos años, y el severo dictamen hizo mella en su salud, que ayer dijo basta. “Javier se había abandonado y en los dos últimos años iba muy cuesta abajo. No estaba bien de moral”, ha apuntado un amigo que pide anonimato.

Guerrero, el más mediático y principal implicado en la macrocausa de los ERE fraudulentos, que ha tenido más de 500 imputados, comenzó con problemas respiratorios en la madrugada de este domingo y murió poco después. Los servicios sanitarios, que acudieron tras la llamada de su hija y su esposa, solo pudieron certificar el fallecimiento y trasladar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla, donde se le practicó la autopsia. “Fue algo totalmente inesperado. Él se encontraba bien y animado porque la semana pasada le habían comunicado que le eximían de tres procedimientos que eran piezas separadas de la causa principal de los ERE y habíamos presentado dos recursos de casación”, ha relatado su abogado Rafael Ramírez-García del Junco. Su fallecimiento se suma al de otros imputados relevantes en los ERE, como los empresarios José María Ruiz-Mateos y José Enrique Rosendo, la mayoría de ellos de muerte natural.

El exalto cargo de la Junta andaluza, una de las caras más conocidas del mayor escándalo de corrupción de la comunidad, fue director general de Trabajo durante los Gobiernos de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán. Tanto Guerrero como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández fueron condenados a 7 años y 11 meses de prisión por prevaricación y malversación continuadas en la pieza política de los ERE, las penas más altas impuestas por la Audiencia de Sevilla en 2019.

En paralelo, Guerrero había sido condenado a cinco años, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo que contrató a 44 trabajadores de la empresa informática Umax, contratados de manera verbal y con los que tenía “vínculos de vecindad y amistad”, según los jueces.

Guerrero también fue alcalde socialista de su pueblo El Pedroso (Sevilla) de 1999 a 2008, y por el caso ERE estuvo en prisión preventiva ocho meses en 2012 y otros dos meses y medio en 2013. Actualmente estaba en libertad, tras recurrir ambas sentencias ante el Tribunal Supremo, a la espera de la decisión del alto tribunal, que estudia la sentencia que condenó a 19 ex altos cargos responsables de la política de empleo del socialismo andaluz.

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Guerrero manejó a su antojo un fondo de 647 millones que en una primera declaración policial tildó de “fondo de reptiles”, que sugería el uso de comisiones ilegales para comprar voluntades. La expresión cuajó e inundó titulares, tanto como otras para definir a los beneficiados por las pólizas de prejubilación: “Criaturitas necesitadas de ayuda”, muchos de ellos amigos, conocidos, sindicalistas y personas afines al partido socialista. En sus años de mayor desenfreno, a veces despachó sus ayudas públicas en un conocido bar de copas de Sevilla. La declaración judicial de su exchofer, Juan Francisco Trujillo, en 2012 multiplicó el escándalo, al confesar que se gastó en “cocaína, fiestas y copas”, para él y su jefe, 900.000 euros de dos subvenciones públicas que le concedió Guerrero. El cóctel de mala salud, dos condenas y decenas de juicios pendientes, explotó este domingo de manera trágica.

Pendiente de decenas de procesos

La dura sentencia de la pieza política del caso ERE está en manos del Tribunal Supremo, que debe ratificar o modificar las condenas a Guerrero, a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 16 excargos de la Junta. Pero al margen de su proceso más mediático, Guerrero soportaba la losa de decenas de procesos en instrucción que podrían acarrearle más años de prisión. El ex alto cargo se sentó recientemente en el banquillo por el caso Acyco, una de las 150 piezas de la macrocausa de los ERE, pendiente de sí la Audiencia de Sevilla lo eximía del proceso por su condena en la pieza principal.

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