“Ambigüedad” contra desinformación

Varios juristas coinciden en que el plan del Gobierno para vigilar las redes y dar “una respuesta política”, publicado en el BOE, genera inseguridad jurídica

Pedro Sánchez abandona el Congreso junto a su jefe de gabinete, Ivan Redondo.
Pedro Sánchez abandona el Congreso junto a su jefe de gabinete, Ivan Redondo.Jaime Villanueva (EL PAÍS)

Al Gobierno se le ha abierto un nuevo frente con la publicación el jueves en el BOE de “un procedimiento de actuación contra la desinformación”. La oposición se ha lanzado al ataque contra La Moncloa, a la que acusa de querer crear un “orwelliano Ministerio de la Verdad”, mientras el Ejecutivo alega que su plan, no solo respeta la libertad de expresión, sino que tiene como objetivo “evitar la injerencia extranjera” y “detectar campañas promovidas desde el exterior”. Pese a esas palabras, varios juristas consultados por EL PAÍS subrayan sus recelos ante una iniciativa “ambigua” y que genera “inseguridad jurídica”.

“El texto desprende una ambigüedad de tal calibre que parece que cabe todo. Y eso no es posible cuando se quieren abordar temas que afectan derechos fundamentales como el de la información”, resume Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. El documento publicado en el BOE deja en manos de la Administración decidir qué es una campaña de desinformación y qué no lo es, además de concederle la capacidad para poner en marcha la coordinación de una “respuesta a nivel político” —sin aclarar cómo puede ser esta—. Y “tiene frases sueltas que ponen a uno muy nervioso”, prosigue el abogado Borja Adsuara, exdirector general del ente público Red.es.

Así, en la iniciativa del Gobierno se habla de “monitorización y vigilancia”. O de “examinar la libertad y pluralismo de los medios de comunicación”, en referencia a una de las líneas marcadas por el plan europeo. “Pero, ¿monitorizar a quién? O, por ejemplo, ¿qué es examinar el pluralismo informativo?”, cuestiona Adsuara, que se pregunta si todo eso supone que, si el Ejecutivo opina que un periódico publica noticias falsas, puede lanzar una campaña pública de contrainformación: “¿Y le va a obligar a insertarla?”. “El fin del derecho es la seguridad jurídica” y, en cambio, en este texto no se concreta nada, continúa el jurista: “Tendrían que tipificarse las conductas”. Pero no lo hace. “Es un arma que vale para todo”.

En la misma línea se pronuncia Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia: “El problema reside en que la orden no dice lo importante. Explica que se crea un órgano [de supervisión de la desinformación], pero no dan una mínima pista de qué va a hacer y cómo. Carece de concreción”. Además de abrir las puertas a posibles campañas de “contrapropaganda”, el docente hace hincapié en otro riesgo que, en su opinión, entraña el texto: que se lleguen a sacar de la red mensajes que caben dentro de la Constitución —por ejemplo, la defensa de la independencia de Cataluña— porque el Gobierno opine que hay detrás una “influencia extranjera”.

Cotino explica que en Francia se aprobó en 2018 una ley de desinformación centrada en los procesos electorales —el periodo que más preocupa en Bruselas—. En esa normativa se prevé un sistema para detectar una posible campaña de estas características. Pero entonces, esta se denuncia y “hay un juez que tiene que evaluarla” y autorizar si se toman medidas. “Es un proceso ultrarrápido”, que se puede adoptar en solo días, apostilla el catedrático.

Dependiente del Ejecutivo

Gerardo Pérez también critica la composición de ese comité de supervisión, formado por “órganos muy próximos al Gobierno”. Eso pone en duda su “neutralidad, imparcialidad e independencia”, asevera el profesor. “Una opción sería, al menos, integrar en este a jueces o miembros de la sociedad civil”, apunta Cotino, que cree que así se ganaría “transparencia” y se sabría qué se mueve allí dentro. “Porque ese órgano está supeditado, además, a la presidencia del Gobierno y a la Secretaría de Estado de Comunicación”, destaca Adsuara, que puntualiza: “Analizar la veracidad de las noticias es un tema de los jueces. Lo que sí se puede hacer es actuar contra las redes de bots [que propagan bulos], porque los bots no tienen derechos fundamentales. El problema no es una noticia falsa, sino su viralización”.

“El Gobierno tiene que identificar los riesgos e informar a los ciudadanos de su existencia”, considera Cotino, que cree indispensable para ello estar en coordinación con las plataformas digitales —como Facebook, Youtube o Twitter—. Pero de eso, añade, no hay ni rastro en lo publicado en el BOE. “Lo que nos ha pedido la UE es que estemos atentos y creemos sistemas para identificar amenazas”, concreta Cotino. El problema está en cómo dar ese paso. “Y que el remedio no sea peor que la enfermedad”, concluye el profesor Gerardo Pérez.

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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