El juez procesa a otro exconsejero de Esperanza Aguirre

De la Mata propone sentar en el banquillo a Alfredo Prada, exvicepresidente de la Comunidad, por el caso del Campus de la Justicia de Madrid

Alfredo Prada, Ignacio González y Esperanza Aguirre durante un pleno de la Asamblea de Madrid, en una imagen de archivo.
Alfredo Prada, Ignacio González y Esperanza Aguirre durante un pleno de la Asamblea de Madrid, en una imagen de archivo.MANUEL ESCALERA

El antiguo PP de Esperanza Aguirre sufre un nuevo revés. El juez José de la Mata ha propuesto este jueves sentar en el banquillo a otra de las personas que integró los Gobiernos de la dirigente popular: Alfredo Prada, exconsejero de Justicia e Interior y vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Con esta decisión del magistrado, que lo sitúa al frente de una supuesta trama de malversación en la construcción del Campus de la Justicia de Madrid, se suma un nuevo nombre al amplio listado de altos cargos de los populares madrileños procesados por corrupción. Entre ellos, el también expresidente Ignacio González; o los exconsejeros Francisco Granados y Alberto López Viejo, ambos ya condenados por Púnica y Gürtel respectivamente.

De la Mata ha dictado este jueves un auto donde sitúa a Prada en la cúspide de la red ilegal creada en torno al Campus de la Justicia. Según el magistrado de la Audiencia Nacional, él tomaba en última instancia todas las decisiones tras elaborar, junto a otros cinco presuntos implicados, “un plan criminal” para otorgar “irregularmente” contratos: “Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos”. El instructor les atribuye delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos. Estas pesquisas se corresponden a una primera parte de la investigación del caso. Otra aún sigue en instrucción

Además de procesar al exconsejero de Justicia e Interior, el juez hace lo propio con Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, Alicio de las Heras Rodríguez y Andrés Gómez Gordo, que ocupaban respectivamente los puestos de director general técnico del Campus, subdirector general técnico, director financiero y director de Seguridad. También actúa contra uno de sus asesores, Félix José García de Castro.

El exdirector de Seguridad Gómez Gordo, un comisario que tras pasar por la Comunidad de Madrid aterrizaría en la Junta de Castilla-La Mancha como asesor muy próximo a María Dolores de Cospedal, también se encuentra investigado en el caso Kitchen, la presunta operación parapolicial urdida en la cúpula del Ministerio del Interior para arrebatar al extesorero Luis Bárcenas documentos comprometedores para altos cargos del PP. Según mantiene Anticorrupción, el agente de la Policía Nacional actuaba en esa trama a las órdenes de Cospedal, entonces secretaria general del PP, y se encargó de contactar con el chófer de Bárcenas para captarlo como confidente. Él mismo reconoció en la Audiencia Nacional que había pagado al conductor a través de los fondos reservados.

Los contratos

En el caso del Campus de la Justicia, De la Mata destaca que la causa versa sobre un grupo de “autoridades o funcionarios” que manipularon el sistema de adjudicación de una entidad pública, “que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial”. “Hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros”, calcula el juez. De la Mata detalla varios de los contratos bajo sospecha, como el de redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras, la creación de la marca representativa y estrategia de comunicación o el servicio de asesoramiento jurídico, entre otros.

Los implicados, remacha el magistrado, “conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación”. Es más, prosigue el instructor, pasaron por alto “insuficiencias y defectos” de los pliegos de condiciones y de los informes técnicos de valoración; realizaron propuestas “arbitrarias y no justificadas”; y prescindieron, de hecho, “en múltiples ocasiones, de procedimiento de contratación alguna”. Todo ello, bajo la presunto batuta de Alfredo Prada, a quien De la Mata atribuye una participación “personal, directa y de preeminencia absoluta” en la toma de decisiones.

“De entrada, todos los contratos que tenían que ver con publicidad y comunicación —que alcanzan en su conjunto más de cinco millones de euros en contratación—, se sustrajeron materialmente a la propia mercantil Campus de la Justicia de Madrid (CJM). Estas contrataciones no se decidían en CJM, donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban desde la vicepresidencia y consejería de la Comunidad, es decir, de Prada”, detalla el auto, que señala las empresas que se beneficiaron supuestamente de la trama. Algunas, con vínculos con el PP, como Matchmind, en cuyo consejo de administración está un primo de Adolfo Suárez Illana, actual diputado popular. O Serygur, que tenía como apoderados a Álvaro C., jefe de gabinete del exministro Francisco Álvarez Cascos; y a Alejandro L., vinculado a la seguridad del PP en la sede de la calle Génova.

Tras ocupar puestos de la máxima responsabilidad con Aguirre, Prada se enfrentó a ella. Fue una de las supuestas víctimas del conocido como caso espías, la trama presuntamente urdida para espiar a cargos del PP de Madrid enfrentados con la presidenta. El pasado año, cuando fue imputado por el caso de la Ciudad de la Justicia, el exvicepresidente de la Comunidad aún seguía en primera línea. Tras la llegada a la presidencia del PP de Pablo Casado, que trabajó para el exconsejero al principio de su carrera, lo colocó al frente de la oficina creada para combatir la corrupción en el partido.

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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