El juez da luz verde a investigar otro expediente de 23 millones durante los Gobiernos de Aguirre en el caso de la caja b del PP

El magistrado ordena, a petición de la UDEF, recabar más documentación sobre nuevos contratos para gestionar depuradoras concedidos por la Comunidad de Madrid

El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional, en 2018.
El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional, en 2018.Jaime Villanueva

El caso de los papeles de Bárcenas coge más cuerpo todavía. El juez José de la Mata ha dado luz verde a otra de las líneas de investigación propuestas por la Policía en esta parte de las pesquisas que aún siguen vivas, donde se trata de acreditar el nexo entre la adjudicación de obra pública a empresarios a cambio del pago de donaciones en b al PP, recogidas durante años en la contabilidad paralela que llevó el extesorero Luis Bárcenas. El magistrado de la Audiencia Nacional ha autorizado que se recabe la documentación relacionada con un expediente de 2008 de la empresa pública Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid y gobernada entonces por Esperanza Aguirre, a través de la cual se sacó a concurso la gestión de varias depuradoras por más de 23 millones de euros.

Según consta en un auto, fechado el 25 de noviembre y al que tuvo acceso EL PAÍS, el juez adopta esta iniciativa tras recibir a principios de mes un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que pone el punto de mira en este millonario proyecto. En ese documento policial, según añade la Fiscalía, se evidencia que Rafael Palencia, un empresario del sector de las depuradoras, mostró su interés por esta adjudicación en una conversación que tuvo en 2008 con Ildefonso de Miguel, entonces director general del Canal y hombre de confianza del posterior presidente Ignacio González, que atendió a su interlocutor tras recibir una llamada de Bárcenas para pedírselo. Esa charla, grabada por De Miguel, se encuentra incorporada a la causa.

El proyecto salió a concurso con el nombre de “procedimiento abierto para la contratación de los servicios de gestión indirecta en las estaciones depuradoras de aguas residuales del Canal de Isabel II”; y se dividió en cinco lotes —Lote II Grupo Alcalá Este, Lote III Grupo Alcalá Oeste, Lote IV Grupo Sotogutierrez, Lote V Grupo Guadarrama Medio y Lote VI Grupo El Plantío—, que sumaban en total un presupuesto base de licitación de 23,59 millones. “[La UDEF] quiere comprobar el alcance de las pretensiones que mostró Palencia sobre la adjudicación de alguno de los lotes, especialmente el Lote VI Grupo el Plantío, y de las ofertas realizadas sobre otros dos lotes más”, subraya el ministerio público en un escrito del 24 de noviembre, donde respalda esta iniciativa de la Policía “por ser pertinente y de utilidad”.

Palencia, que estaba al frente de la sociedad Degremont, no es un personaje cualquiera. Desde que el juez reactivó esta parte de las pesquisas destinada a probar el delito de cohecho, su nombre se repite de forma constante en el sumario. Los investigadores consideran que existe “una correlación objetiva, subjetiva y temporal” entre la adjudicación de proyectos por parte de entidades públicas a su empresa y los presuntos pagos efectuados por responsables de esta compañía al PP. De hecho, desde hace semanas, tienen otros tres contratos bajo sospecha: el de explotación de la depuradora Viveros de La Villa, otorgada por Canal; el de mantenimiento y conservación de la depuradora La Gavia, en el que Bárcenas habría mediado ante el Ayuntamiento de Madrid; y la redacción del proyecto de construcción de la depuradora Monte Boyal (Toledo), adjudicada por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) del Ministerio de Fomento.

Documentación a recabar

Tras recibir el informe de la UDEF, el juez dictó el auto del 25 de noviembre, donde no solo da luz verde a esta línea de investigación, sino que ordena al Canal de Isabel II que entregue en formato digital toda una batería de documentación sobre el concurso que ascendía a 23,59 millones. Según su escrito, De la Mata quiere los siguientes papeles:

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—El pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de condiciones técnicas, así como sus anexos.

—La oferta presentada por la empresa Degremont a los lotes en los que concurrió, aunque la Fiscalía indicó que esta empresa no fue adjudicataria bajo esa denominación de ninguno de ellos.

—Las actas de la mesa de contratación y el informe de valoración de las propuestas de los licitadores.

—La resolución de adjudicación.

—Certificación de las actuaciones en las que intervino Ildefonso de Miguel, que se encuentra procesado junto a Ignacio González en el caso Lezo, “así como los documentos justificativos de las mismas”.

Con esta decisión, la Policía trata de recabar más pruebas del cohecho que investiga De la Mata desde que reabriera hace tres años esta parte de la causa. Hasta ahora se habían centrado en adjudicaciones, principalmente en la Comunidad de Madrid, a Degremont. Aunque, como avanza este lunes EL PAÍS, los agentes han dado un nuevo salto al pedir permiso al juez para recabar expedientes de concesiones de cinco ministerios, Renfe y Adif, entre otros organismos, durante el Gobierno de José María Aznar (2000-2004) a Constructora Hispánica, de Alfonso García Pozuelo.

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