El general que se resistía a descolgar el retrato de Franco

Francisco Fernández, el promotor de la carta de mandos retirados al Rey, fue cesado como comandante general de Melilla en plena resaca del ‘caso Mena’

Francisco Fernández Sánchez, en su toma de posesión como comandante general de Melilla el 11 de abril de 2003.
Francisco Fernández Sánchez, en su toma de posesión como comandante general de Melilla el 11 de abril de 2003.EFE Paco Guerrero (EFE)

El general de división retirado Francisco Fernández Sánchez, promotor de la carta que 73 mandos retirados del Ejército de Tierra dirigieron el pasado 25 de noviembre al Rey, en la que acusaban al “Gobierno socialcomunista, apoyado por filoetarras e independentistas” de amenazar la unidad nacional, fue destituido en 2006 como comandante general de Melilla. Aunque entonces el ministro de Defensa, José Bono, atribuyó el cese a un “relevo normal” dentro de las fuerzas armadas, el general Fernández fue relevado tras resistirse a descolgar un retrato de Francisco Franco de la sala de honor del cuartel de los Regulares y poner reparos a sancionar como falta grave una carta de un capitán de la Legión a un periódico de Melilla en la que amagaba con “plantarse con su compañía en el Ministerio de Defensa”. Su cese se produjo poco después de que el teniente general José Mena Aguado fuera destituido y arrestado por sugerir, en el discurso de la Pascua Militar de enero de 2006, una intervención del Ejército si el Estatuto de Cataluña sobrepasaba ciertos límites.

El ex comandante general de Melilla no solo es uno de los más destacados firmantes de la carta que 73 generales y coroneles retirados han enviado a Felipe VI, sino también su presunto autor: al menos, el texto se redactó en su ordenador. Así figura en los metadatos del documento que circuló entre los componentes de la XXIII promoción de la Academia General Militar.

Fernández Sánchez fue cesado como comandante general de Melilla en marzo de 2006 por motivos “nunca aclarados”, según recordaba EL PAÍS el 3 de diciembre. Ese mismo día, el general retirado remitió una carta a este periódico en la que recordaba que el ministro Bono calificó entonces su cese como “un relevo normal en las fuerzas armadas”. Pero el pasado 5 de diciembre, en TVE, el exministro ofreció una versión muy distinta. Lo destituyó, dijo, “entre otros motivos, porque tenía en la oficina que él mandaba un retrato del general Franco justo al lado y de proporciones superiores al del Rey”.

Bono hablaba de memoria y de oídas, ya que él nunca vio el retrato del dictador, que no estaba en el despacho del general sino en la sala de honor del Grupo de Regulares. Un desliz que el general Fernández Sánchez aprovechó para ofrecer por primera vez su versión de los hechos al diario Melilla Hoy.

Según Fernández Sánchez, Bono suspendió a última hora una visita que tenía previsto hacer a Melilla el 16 de febrero de 2006 y en su lugar viajó el teniente general Pedro Pitarch, jefe de la Fuerza Terrestre (capitán general de Sevilla), que acababa de ocupar el puesto del cesado general Mena.

Según la versión que el general Fernández dio al periódico melillense, cuando Pitarch, su superior, hubo acabado su inspección, aquel le invitó a visitar “un edificio muy bonito que se iba a dedicar a sala de honor”. Pitarch decidió ir a verlo y, nada más entrar, recuerda Fernández “observó un cuadro de Franco y otro del Rey, uno al lado del otro”. Un coronel de Regulares, presente en la visita, le explicó al alto mando que “Franco había sido teniente y capitán en esa unidad y por eso estaba en el museo”. No obstante, Pitarch “ordenó que se quitara”, rememora el general de división. Fernández agrega que, a la salida, en un aparte, le dijo a Pitarch que Melilla era una guarnición “muy complicada” y que, en vez de retirar el retrato de Franco, lo que iba a hacer “de momento” era “poner el del Rey en sitio preferente”. [Pitarch] se calló, lo que me indicó que la solución le parecía correcta”, sostiene.

Fernández habla también de memoria, pero el 27 de febrero de 2006, solo 11 días después de la visita, el general Pitarch elevó un informe por escrito al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general José Antonio García González, en el que pedía el cese del comandante general de Melilla. En este documento, Pitarch contaba así lo sucedido: “Al visitar la sala de mandos del grupo de Regulares observó que en el mismo lienzo de pared que albergaba el retrato de S. M. el Rey, y a la misma altura que este, se hallaba expuesto un cuadro de grandes dimensiones del general Franco”.

El informe continuaba explicando que, al no estar presente el coronel jefe de Regulares, Pitarch “se limitó a manifestar su extrañeza porque estuviera allí colgado tal cuadro”; pero, a la salida, le expresó al general Fernández “su desagrado por el hecho, y su deseo de que le pusiera pronto remedio”. Este se excusó alegando “su desconocimiento de la situación”, ya que la unidad “estaba todavía instalándose en su nuevo acuartelamiento”.

Cuatro días después, el 20 de febrero, el general Pitarch, según el informe, le preguntó por teléfono “si ya se había retirado la pintura”, a lo que Fernández “contestó que no, alegando que él no entendió que lo dicho [por el teniente general] supusiera una orden” y, “sorprendentemente, mostró su disconformidad con la retirada, por el carácter museístico del recinto donde se encontraba colgado”.

“Para despejar cualquier incomprensible duda”, agrega Pitarch en su escrito, , “[se] le ordenó que se procediera a retirar el retrato [y] se depositara en el almacén de la unidad o en el museo de Melilla”. Es decir, el cuadro no estaba en un museo, como sugiere Fernández, sino en la sala de honor, la estancia más noble del cuartel, y no es “que hubiera estado allí durante años”, sino que se acababa de colocar, según el informe.

La orden del general Pitarch no era un capricho: la normativa exige que el retrato del Rey presida todas las instalaciones y dependencias de la Administración, de los juzgados a los salones de pleno de los Ayuntamientos. En el Ejército, con más motivo, al ser el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Además, si el retrato de Franco estaba allí como antiguo comandante de Regulares y no como exjefe del Estado, no tenía sentido colgarlo junto al del Rey.

El episodio del cuadro no fue el único que provocó la petición de cese del comandante general de Melilla. Además de otras discrepancias en asuntos internos (como la selección de los ascensos a coronel o la composición de la compañía de honores), Fernández atribuye su destitución a la “negativa a aceptar imponer un castigo ejemplar al capitán Roberto González Calderón, que le hubiera supuesto su expulsión del Ejército”.

En plena resaca por el caso Mena, este capitán escribió una carta en el diario Melilla Hoy en la que amagaba con “plantarse con su compañía de la Legión en el Ministerio de Defensa y entregarle en mano al sr. Bono” una carta en la que cargaba contra los dirigentes de los partidos democráticos.

Según el general Fernández, su asesor jurídico le indicó que la conducta del capitán era una “falta leve”, pese a que él “había recibido presiones del general Pitarch para que se le aplicara un correctivo por falta grave, pues aducía que había que dar un escarmiento al Ejército”. Al final, al capitán se le impusieron dos semanas de arresto (falta leve), agrega el general, aunque su superior le advirtió de que “tenía 15 días para corregir la decisión que había adoptado, que estaría vigilante y que en cuanto se moviera cualquiera en el Tercio tomaría las medidas oportunas”. En los días siguientes, subraya Fernández, Pitarch pidió información del estado de las unidades de la plaza, “empleando formas que no son habituales en las fuerzas armadas” y puenteándolo. “En esos días tuvimos más de un enfrentamiento por teléfono el capitán general y yo”, concluye.

No se sabe qué asesor jurídico tenía el general Fernández, pero, con el código disciplinario vigente en ese momento (ley 8/1998), la falta grave no suponía como él asegura la expulsión del Ejército sino, como máximo, un arresto de hasta dos meses o la pérdida de destino. Además, la carta del capitán de la Legión incurría de lleno en una falta grave consistente en “hacer manifestaciones contrarias a la disciplina a través de los medios de comunicación social”.

El informe que el general Pitarch elevó al jefe del Ejército explica otra circunstancia a la que no alude su antiguo subordinado: cuando se publicó la carta del capitán de la Legión, con el consiguiente revuelo en la opinión pública, la guarnición de Melilla estaba descabezada. El comandante general Fernández estaba de vacaciones en Cádiz; su segundo, haciendo un curso en Madrid; y el jefe del Tercio al que pertenecía el capitán, de descanso en la Península. Pitarch pidió hablar con la autoridad militar que estaba al mando en Melilla, para “conocer de primera mano la situación interna”, y le pusieron al habla con el jefe de la Unidad Logística. “Sorprendentemente, este oficial informó de que no se le había hecho entrega de mando alguna y alegó no estar seguro de si le correspondía a él”, explica el informe. Es decir, nadie estaba al mando de las tropas en Melilla.

Pitarch llamó al comandante general y le mostró su “preocupación y disconformidad con esta situación de acefalia en una plaza tan sensible” y le ordenó regresar de inmediato, tanto a él como al jefe del Tercio. “Incomprensible y quizá fatuamente”, agrega el informe, el general Fernández le contestó que, “aun ausente, él seguía ejerciendo el mando desde cualquier lugar que estuviera” y consideró “innecesario” el regreso del jefe del Tercio. Pitarch le reafirmó la orden, pero horas después, el general Fernández insistió en su disconformidad con el regreso del coronel del Tercio, lo que llevó al capitán general a recriminarle su “empeño en discutir una orden legítima de su jefe inmediato”. Ocho horas después de que se hubiera ordenado su vuelta, el general y el coronel llegaron al aeropuerto de Melilla.

En su escrito, Pitarch calificaba de “desafiante” la actitud de Fernández y la achacaba al hecho de que los jefes militares de Ceuta y Melilla habían sido “hasta hace muy poco tiempo independientes”, pues reportaban directamente al jefe del Ejército. “Quizá a alguno le esté costando adaptarse a la nueva situación”, en la que pasaban a estar bajo las órdenes del capitán general de Sevilla, en este caso un oficial de su misma promoción, razonaba Pitarch.

Un militar antifranquista retirado demanda a Vox por acusarle de "traición"

El teniente coronel retirado José Ignacio Domínguez, histórico dirigente de la Unión Militar Democrática (UMD), la organización que luchó contra la dictadura en el seno de las Fuerzas Armadas, ha demandado al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y le exige que se retracte de la acusación de “traición” que hizo en TVE so pena de presentar una querella por injurias.

Domínguez ha sido objeto de una campaña en las redes sociales acusándole de haber filtrado el chat en el que miembros de la XIX promoción de la Academia General del Ejército del Aire, a la que pertenece, hablaban de “fusilar a más de 26 millones de españoles”. Espinosa de los Monteros se hizo eco el pasado día 9 de esas acusaciones en una entrevista televisiva en la que eludió condenar el contenido del chat, apelando a su carácter privado. “Lo que ha pasado en este caso”, añadió, “es que ha habido uno de ellos [de los participantes en el chat], que es un acólito de Unidos Podemos, que ha decidido a traición publicar el contenido de una manera bastante fea. Es un teniente coronel… que es ayudante del antiguo Jemad [Julio Rodríguez] hoy jefe de Gabinete de Pablo Iglesias”.

El teniente coronel Domínguez niega tener relación alguna con Unidas Podemos y alega que es imposible que fuera ayudante de Julio Rodríguez, ya que pertenece a una promoción anterior. En el verano de 1975, cuando fueron detenidos sus compañeros de la UMD, Domínguez se exilió y se convirtió en el portavoz de la organización clandestina de militares antifranqu¡stas. En 1977, ya disuelta la UMD, fue condenado a siete años de cárcel por un consejo de guerra del que formaba parte el general de brigada Luis Torres Rojas, que cuatro años después se convertiría en uno de los cabecillas del golpe de Estado del 23-F.

El Ministerio de Defensa ha remitido a la Fiscalía el contenido del chat por si fuera constitutivo de delito y ha cuestionado su carácter “privado”, subrayando que en el mismo participaban más de medio centenar de personas.

Sobre la firma

Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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