El aplazamiento electoral catalán enfrenta al Gobierno y la Generalitat

Los partidos y el Govern deciden este viernes si mantienen el 14-F pese al pico de la pandemia

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, durante el pleno del Parlament este miércoles.
El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, durante el pleno del Parlament este miércoles.David Zorrakino (Europa Press)

El aplazamiento de las elecciones catalanas por la pandemia ha desatado una tormenta política que descansa sobre un embrollo jurídico. La ley no prevé la suspensión de unos comicios, aunque ya sucedió el año pasado en Galicia y el País Vasco. El Gobierno y la Generalitat chocaron este jueves por el posible retraso electoral del 14 de febrero, que coincidiría con el pico de la tercera ola. Solo el PSC defendía, hasta la tarde del jueves, mantener el calendario y ahora propone su celebración en marzo. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cree que posponerlo sería “grave”. El Govern insiste en su competencia para decidir nueva fecha, que se conocerá hoy viernes.

“La suspensión de un trámite electoral de este calibre no está contemplada en la ley”, recordó este jueves el ministro Campo en una entrevista en Ràdio 4. Para el ministro de Justicia, dicho aplazamiento sería “grave para la democracia” e insistió en la necesidad de que Cataluña tenga un Ejecutivo “en un 100% de sus facultades” para poder enfrentarse a la pandemia. En la misma línea se pronunció el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien rechazó que la Generalitat haga “reconsideraciones” de la cita electoral y defendió la celebración de los comicios “en un contexto de pandemia” con medidas sanitarias.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el 24 de noviembre de 2020. En vídeo, sus declaraciones a Ràdio 4.JESÚS HUELLÍN / EUROPA PRESS | VÍDEO: RÀDIO 4

El Gobierno se ha posicionado y no es partidario del aplazamiento, que está complicando los planes del PSC para intentar disputar el podio al independentismo. El cambio de fecha podría mitigar el efecto Illa que mostraban algunas encuestas y expone al también titular de Sanidad a un desgaste de alcance desconocido.

De hecho, Illa ha esquivado pronunciarse sobre la conveniencia o no, desde un punto de vista sanitario, de posponer las elecciones. El pasado martes, aseguró que eso era un asunto exclusivo del Govern y los partidos políticos. Illa insistió también en su plan de estar al frente de Sanidad hasta el día que empiece la campaña, sea cual fuere. Día tras día, la oposición e incluso desde Podemos le piden que elija dónde quiere estar.

El PSC ha estado toda la semana intentando defender que el calendario se mantenga. Pese a que insistían en que solo un confinamiento estricto justificaba modificaciones, anoche se abrieron a negociar una nueva fecha. Según adelantó La Vanguardia y confirmó este diario, los socialistas proponen ahora que se vote en marzo, antes de Semana Santa, para evitar la “cuarta ola”. También ofrecen la ayuda del Gobierno para hacer la logística más segura desde un punto de vista sanitario.

Cataluña está bajo un confinamiento perimetral municipal diario y el comercio no esencial solo puede abrir de lunes a viernes. Las previsiones oficiales señalan que el 14-F — en el escenario más benigno— habrá 3.000 casos nuevos de covid-19 diarios y 620 pacientes en las UCI, superando la línea del colapso.

La opinión de Campo cayó mal en el seno del Govern y de otros partidos catalanes. Primero, porque el ministro obvia que, si bien es cierto que la normativa electoral no contempla el aplazamiento, este ya se hizo el año pasado en las elecciones gallegas y vascas, que se movieron de abril a julio por la emergencia sanitaria. El posicionamiento del ministro, añaden, es la prueba de que los socialistas piensan en clave meramente electoralista.

Fecha con garantías

La portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, salió a defender las competencias de la Generalitat para poder posponer las elecciones. El Govern recordó que, en septiembre pasado, la Comisión Jurídica Asesora, un grupo de juristas independiente, dictaminó que el Ejecutivo, teniendo en cuenta el precedente vasco y gallego, podía decidir un aplazamiento.

En el dictamen, los juristas abogan por hacer compatibles salud y la participación política, pero también dejaban la puerta abierta al aplazamiento “en caso de la insuficiencia de las medidas sanitarias adoptadas”. La decisión de posponer, sin embargo, debe ser motivada y con “la afectación mínima imprescindible de la periodicidad de las elecciones”.

El Govern insiste en que la decisión de postergar y la nueva fecha sean tomadas por consenso. De la reunión de este viernes debe salir un calendario que será aprobado por un consejo extraordinario. El Ejecutivo se decanta por que la nueva cita electoral sea a finales de mayo, respetando el margen de 54 días que establece la ley electoral. El dictamen recuerda que en los nuevos decretos de convocatoria en Galicia y el País Vasco se “justificaba la elección de la nueva fecha en la previsión positiva de los expertos”.


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