El juez ordena investigar una posible prevaricación de la Diputación de Ourense en una contratación

El magistrado considera que la institución se benefició “de forma grosera”, con una adjudicación a dedo, sin presupuesto ni contrato y saltándose la normativa

El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, entra en los juzgados para declarar en una causa anterior
El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, entra en los juzgados para declarar en una causa anteriorÓSCAR CORRAL

La Diputación de Ourense “se ha beneficiado de una forma grosera de unos suministros encargados a dedo, sin presupuesto, contrato o formalidad alguna y, lo que es más grave, saltándose la normativa en materia de contratación”. Así consta en la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Ourense, José Andrés Verdeja, que ha condenado a la institución provincial a abonar 193.093 euros a un particular que le suministró bancos y marquesinas en 2011 y que el organismo público no pagó. En la misma resolución , y a la vista de las justificaciones de la Diputación, el juez ordena la investigación de un posible delito de prevaricación cometido por el organismo provincial.

La institución ourensana que preside el popular José Manuel Baltar reconoció en este procedimiento que recibió el mobiliario urbano pero alegó que no lo pagó porque el presupuesto no había sido aceptado previamente, según consta en la sentencia. El juez destaca que, aparte de beneficiarse incumpliendo la normativa, la Diputación ha impedido que otras empresas pudiesen presentar sus propuestas “de modo que finalmente se encargasen los suministros a la que mejor oferta hiciese, con el consiguiente beneficio para los administrados y para las arcas públicas”.

Así mismo, destaca el magistrado que la Diputación “ni siquiera ha tratado de eludir la aplicación de la normativa acudiendo a sucesivos contratos inferiores al mínimo legal para esquivar, en fraude de ley, la aplicación de la normativa contractual, sino que no se hizo contrato alguno, pese a que los suministros encargados han supuesto para el erario público cientos de miles de euros”.

Por todo ello, concluye que procede deducir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal “por si, en el caso de que no se estimase prescrito, se pudiese apreciar la comisión de un delito de prevaricación en la actuación del organismo público”.

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