PSOE y Podemos acuerdan acabar ya con el voto rogado

La coalición de Gobierno registra una reforma de la ley electoral para eliminar trabas en las votaciones de los españoles en el extranjero que se está pactando con el PP

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.EUROPA PRESS/E. Parra. POOL (Europa Press)

El PSOE y Unidas Podemos han registrado este jueves en el Congreso una proposición para reformar la vigente ley electoral, acabar con urgencia con el voto rogado de cara ya a las siguientes elecciones y mejorar y simplificar el sistema de las votaciones de los españoles residentes en el extranjero. La intención es que el proyecto se pueda debatir y aprobar en pleno a finales de este mismo mes y se está pactando incluso con el PP, aunque esa negociación todavía no está cerrada. Cuando entre en vigor la reforma, para próximos comicios, los electores expatriados podrán descargarse telemáticamente las papeletas y recibir la documentación necesaria para votar en menos tiempo y en plazo, que ha sido uno de los principales inconvenientes para votar desde que se introdujeron los actuales requisitos en 2011.

La vigente ley electoral (Loreg) cambiada en 2011 introdujo el sistema de voto rogado que establecía la obligación de reclamar la documentación para votar e implicaba otras dificultades y trámites para el envío de los votos a tiempo desde el extranjero que provocaron una caída en la participación de esos votantes superior al 20% (unos dos millones), del 31,88% en 2008 a porcentajes inferiores al 10%. En las elecciones generales de abril de 2019 solo el 8,69% de los españoles inscritos en el extranjero solicitaron votar y ese cupo subió hasta el 10,61% en la repetición de esos comicios en noviembre de 2019. Además, de entre los que solicitaron votar se perdió entre un tercio y la mitad de los votos, por insuficiencia de los plazos para enviar la documentación y remitir los votos a las Juntas Electorales a tiempo para su cómputo.

Los dos partidos socios de la coalición ya habían presentado una iniciativa similar en la anterior legislatura, en febrero de 2019, y volvieron a acordar cambiar ese sistema en su pacto de gobierno hace un año. El asunto se abordó en octubre pasado en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, que aprobó casi por unanimidad (salvo la abstención de Vox) una proposición no de ley defendida por la diputada de JuntsxCat, Mariona Illamola, para que el Gobierno tramitase la reforma en un plazo de cuatro meses.

Los dos socios de coalición habían avanzado en las últimas semanas los contactos para ultimar los detalles de la propuesta con la idea de registrarla y presentarla conjuntamente, pero al final el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se adelantó unos minutos y compareció primero y por separado. El PSOE la firmó también, pero ya no ofreció explicaciones públicamente, aunque dirigentes de esa formación y del Ejecutivo, como la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, son los que han establecido contactos discretos con el PP para recabar el mayor número de votos posibles. Podemos será el grupo que llevará la proposición legislativa en su cupo a finales de este mes a pleno y el que defenderá su utilidad para acabar con lo que ayer Echenique calificó como “una vergüenza democrática”. El PP está negociando, pero aún no ha fijado su criterio de voto.

Echenique celebró este jueves el impulso a una medida que consideró que va “más allá” de las diferentes posiciones ideológicas: “Esto va de democracia y limitar el voto de los compatriotas en el exterior es todo lo contrario”. “Registramos esta proposición con el ánimo y el objetivo de mejorar la calidad de nuestra democracia y hacer posible que las personas que residen en el extranjero puedan ejercer su derecho a voto con mayor facilidad”, destacó por su parte la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra. La dirigente socialista resumió así las mejoras de la futura norma electoral: “La complejidad de las gestiones necesarias para el voto rogado que incluyen una duplicación de los trámites administrativos, el breve plazo de tiempo y la dependencia de los servicios extranjeros dificulta el cumplimiento de los plazos previstos en la normativa electoral e impide el ejercicio de este derecho fundamental a un número muy elevado de ciudadanos”.

La proposición persigue cambiar tres artículos (75, 103 y 107) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, sobre la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero de manera que se faciliten los procedimientos y los plazos para que los residentes en el exterior puedan ejercer su derecho al sufragio sin los obstáculos actuales.

Las principales novedades que la reforma plantea son estas:

· Eliminación del voto rogado: La norma recupera el sistema de voto sin solicitud previa. La Oficina del Censo Electoral remitirá de oficio a todos los inscritos en el Censo Electoral de los residentes Ausentes (CERA) las certificaciones, los sobres y la documentación requerida para votar, así como las indicaciones necesarias para descargar las papeletas de forma telemática y obtenerlas presencialmente en los consulados.

· Acortamiento del plazo para remisión de la documentación: El plazo máximo para remitir la documentación a los inscritos en el CERA se acorta del día 34 al día 18 posterior a la convocatoria de elecciones.

· Descarga de las papeletas de forma telemática: Las papeletas se descargarán de forma telemática, o se indicará en la documentación que se remita a los inscritos la forma para obtenerlas en papel. Esto facilita el proceso, y permite enviar las certificaciones necesarias para votar antes de la finalización del plazo de proclamación de las candidaturas, que es imprescindible.

· Se mantiene la opción de remisión por correo del voto a la oficina consular o votación presencial en las oficinas consulares: Se adelantará el plazo para hacerlo y ampliándose la duración del mismo. Ahora es entre el cuarto y el segundo día anterior al de las elecciones (del miércoles al viernes anterior al domingo electoral) y se cambiará a entre el octavo y el tercer día anterior (del sábado al jueves anterior al domingo electoral).

· Ampliación del plazo del escrutinio hasta el quinto día posterior a las elecciones: Si de verdad se quiere valorizar el voto de los residentes ausentes, es necesario que este llegue a tiempo al escrutinio para ser tomado en cuenta, y con el plazo actual de 3 días se pierde casi la mitad de los votos recogidos por los Consulados. Retrasando el escrutinio hasta el viernes posterior al domingo electoral se posibilita la llegada a tiempo del voto exterior.

· Publicación de los datos de voto por los inscritos en CERA, desglosado por consulados de emisión: Los impulsores e la reforma consideran necesario dar a conocer los datos de voto emitido por consulados, para dotar de transparencia y trazabilidad al sistema de voto de los inscritos en el CERA.

· Posibilidad de realizar telemáticamente los trámites vinculados a la inscripción en los registros censales y variaciones de datos de los mismos: A excepción del ejercicio del voto, se faculta al Gobierno para reglamentar en el plazo de 12 meses la realización telemática del resto de trámites con el censo (inscripción, modificación de datos...).

· Procedimiento extraordinario de verificación de datos y limpieza del CERA: Actualización del CERA (y con ello del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, PERE). Los datos del CERA no se actualizan porque los consulados no acceden a los datos de las personas con la misma facilidad que el padrón nacional a través de los datos de los Ayuntamientos. La desactualización del CERA es un problema de primer orden, porque un sistema de voto garantista no puede contemplar el reparto o la devolución masiva de documentación electoral entregada de forma errónea. Por eso la proposición establece que el Gobierno y la Administración consular deberán llevar a cabo en los próximos seis meses un proceso extraordinario de verificación de datos de los inscritos.

Sobre la firma

Javier Casqueiro

Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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