La Fiscalía carga contra Cifuentes en el juicio del ‘caso máster’: “Por su cargo, no se manchó las manos”

La defensa de la expresidenta madrileña esgrime que no existen “pruebas directas” contra ella

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes llega a la Audiencia Provincial de Madrid, este viernes.
La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes llega a la Audiencia Provincial de Madrid, este viernes.Mariscal (EFE)

El relato final de la fiscal Pilar Santos ha abierto este viernes la quinta y última sesión del juicio del caso máster, que ha quedado visto para sentencia. Sus palabras se han sucedido como un mazo contra la defensa de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, que se sienta en el banquillo acusada de inducir a la falsificación del acta de su trabajo de fin de máster (TFM) en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). “Nada de lo que ella ha manifestado ha podido ser acreditado”. “Hay irregularidades que son notorias”. “Por su cargo, no se manchó las manos”, ha subrayado, contundente, mientras desgranaba los indicios que, según mantiene, prueban la participación de la exdirigente del PP en la comisión del delito. Pide al tribunal que sea condenada a tres años y tres meses de cárcel.

Bajo la atenta mirada de Cifuentes, que ha observado desde el banquillo el alegato del ministerio público, la fiscal Santos ha recordado primero todas las “facilidades” que se le concedieron a la expresidenta madrileña durante el curso académico 2011-2012. Nunca fue a clase. No tuvo contacto con ningún profesor. Aprobaba las asignaturas con unos supuestos trabajos que siempre entregaba en mano al fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático responsable del máster y supuesto “cerebro” de la trama. Siempre se comunicaba con él por teléfono, sin que quedase ningún rastro en el correo electrónico. “Demasiadas irregularidades que siempre beneficiaban a los mismos”, ha incidido la fiscal. “Y esto pasaba solo con los alumnos que captaba él”, ante la necesidad que tenía de conseguir estudiantes para que siguiera impartiéndose el título. Además, ha añadido, una funcionaria de la universidad, Amalia Calonge, compañera de la hermana de la expresidenta, cambió la nota del TFM de la política sin tener autorización para ello.

Ese contexto resulta imprescindible para llegar a la conclusión clave del ministerio público. Porque una vez que estalló el escándalo el 21 de marzo de 2018, Cifuentes necesitaba justificar que había hecho el máster. “Ella sabía que las consecuencias podían ser nefastas”. Y, entonces, se instó presuntamente a la fabricación del acta. “La única, primera y la última beneficiaria de esa acta era ella y su carrera política. Y, tan pronto como tuvo esa acta y su expediente, procedió a exhibirla”, ha expuesto la fiscal, pese a que la popular nunca había defendido el TFM ante ningún tribunal. “Utilizó un documento oficial que sabía que no respondía a la realidad y lo introdujo en el tráfico jurídico. Lo dirigió a miles de ciudadanos”. “Ella misma lo dijo en un vídeo en Twitter: ‘Las cosas se acreditan con papeles, no con palabras”.

La fiscal Pilar Santos. En vídeo, su intervención en el juicio.VÍDEO: EUROPA PRESS

“El documento se creó por las presiones ejercidas”, ha proseguido el ministerio público, que ha centrado entonces su arremetida en María Teresa Feito, la asesora de la Comunidad de Madrid que acudió a la universidad cuando estalló el escándalo, para quien se pide también tres años y tres meses de cárcel. La Fiscalía la considera el nexo entre Cifuentes y Cecilia Rosado, la profesora que confesó la falsificación del acta y a quien Feito llamó con “insistencia” el 21 de marzo de 2018, cuando se publica la primera información que salpicaba a la entonces presidenta autonómica.

Como ha recordado Santos, la asesora no solo estaba en el “epicentro” de la gestión para intentar solucionar la crisis y telefoneó durante todo el día a Rosado, sino que los dirigentes de la URJC daban por hecho que hablaba en nombre de la Comunidad de Madrid. Además, uno de los testigos, Andrés Martínez, vicerrector de Planificación y Estrategia, afirmó que ella fue la primera en facilitar la fecha en la que Cifuentes supuestamente había defendido el TFM: el 2 de julio de 2012. Ese día es, precisamente, el que consta en el documento falsificado. “Y entendemos que esta fecha le fue suministrada a Álvarez Conde o Rosado por alguien del entorno de Cifuentes”, ha recalcado el ministerio público, que ha puntualizado que, en aquella época, la dirigente del PP ya era subdelegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y, por tanto, “no valía cualquier fecha”.

“La versión de Feito, [que dice que aquel día se encontraba en la universidad y contactó con los implicados por casualidad], no se sostiene. Las llamadas a Rosado fueron constantes. Bastaba el solo sonido del teléfono para recordarle a Cecilia que esta situación requería de una solución inmediata. La presión basta con que sea sutil y constante. Y más, si quien la ejerce está en el poder y quien la sufre no tiene mecanismos para protegerse”, ha destacado la fiscal. “Nada de lo que fue manifestado por Feito es veraz”. “A sabiendas de que tenía una posición privilegiada, pues tenía un pie en la Comunidad y otro en la URJC, intentó arreglar la situación”, ha dicho Santos. “Cifuentes tenía un interés evidente en salvar la situación. Ella y Feito tenían el dominio del hecho. Pero, por su cargo, Cifuentes no se manchó las manos”, ha concluido la fiscal.

“Todo se cocinó en el seno de la universidad”

Tras el turno de la Fiscalía, a la que ha seguido el abogado de la Rey Juan Carlos —que también pide cárcel para la expresidenta madrileña—, ha llegado la hora de las defensas. El letrado de Cifuentes ha calificado de “frágil” y “débil” el relato de ambas acusaciones. En su opinión, no solo no existe “prueba directa” contra la exdirigente del PP (”Rosado no menciona para nada a Cifuentes y no existe ningún otro testimonio que lo haga”), sino que no se sostienen los indicios esgrimidos contra ella. “No se ha probado que el TFM no existiera”, ha dicho. “Se han dado alternativas que justifican la presencia de Feito en el gabinete de crisis”, ha apostillado.

Tampoco, ha remachado el abogado de la exjefa del Gobierno regional, se ha acreditado que fuera Cifuentes quien “hiciera nacer” la “idea criminal” de falsificar el acta. Es decir, ha sostenido que pudo ser que se le ocurriera a Álvarez Conde durante la reunión que se produjo el 21 de marzo en la URJC, donde se dijo que “sería bueno que apareciera” ese papel. “La presión para falsificar el documento es más atribuible a las injerencias internas y exigencias del rector que a la posibilidad de unas influencias externas”, ha afirmado: “Todo se cocinó en el seno de la universidad”.

La defensa de Feito ha mantenido una línea similar. Según su abogado, la exasesora de la Comunidad no acudió el 21 de marzo a la URJC “como intermediaria, enviada o en representación de la Comunidad de Madrid”. Simplemente, había ido aquel día a la universidad a encontrarse con otro profesor. “A la luz de la prueba practicada, ¿se puede afirmar más allá de toda duda razonable que Feito actuó siguiendo instrucciones de Cifuentes? Es evidente que no. Ni era del entorno ni de la confianza de Cifuentes”, ha apuntado su letrado, que ha cargado el peso de la presión para falsificar el acta sobre el fallecido Álvarez Conde. En ese sentido, ha recordado que se han encontrado más documentos falsificados: “Era algo cotidiano [en ese máster]”. Y por tanto, según su tesis, no hacía falta que su representada y la expresidenta indujeran a fabricar ningún papel.

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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