Zaldibar un año después, ni cuerpo ni caso

Las familias de los fallecidos claman para que no se detenga la búsqueda de Joaquín Beltrán mientras la lenta investigación judicial podría dar un vuelco si se admite un correo electrónico que alertaba de grietas

Un agente de la unidad canina de la Ertzaintza, con su perro, busca  a Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldibar, el miércoles.
Un agente de la unidad canina de la Ertzaintza, con su perro, busca a Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldibar, el miércoles.Ertzaintza (EFE)

Joaquín Beltrán lleva un año enterrado en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia). Su esposa y sus tres hijos no quieren que siga ahí, sepultado entre tierra y basuras. “No se puede parar hasta encontrarle”, piden. El 6 de febrero de 2020 Joaquín fue devorado junto a otro trabajador, Alberto Sololuze —los restos de este fueron encontrados en agosto—, por un gigantesco aluvión de residuos tras derrumbarse la escombrera. “Un año después seguimos aquí, esperando que lo encuentren”, se lamenta Laura Beltrán, la hija del desaparecido: “Necesitamos traerlo de vuelta a casa con nosotros y así poder darle el descanso que tanto se merece”.

En casa de los Beltrán no han perdido la esperanza, aunque cada vez son más descreídos. Se han rastreado millones de toneladas, palmo a palmo, sin obtener aún ningún rastro de Joaquín (de 51 años y residente en Zalla, Bizkaia). Solo quedan dos zonas por revisar. Una de estas corresponde al lugar donde estaba el lavadero del vertedero. “Si aparece, tiene que ser ahí. Si no está, las posibilidades de localizarle se agotan”, afirma el abogado Manu Unzueta, portavoz de la familia.

Una pala retira escombros en una de las zonas altas del vertedero.
Una pala retira escombros en una de las zonas altas del vertedero.IREKIA

Nahia es hija de Alberto Sololuze y solo quiere que encuentren a Joaquín, que cierren el vertedero para siempre y se aclaren todas las responsabilidades. El miércoles coincidió con los hijos de Beltrán en Ermua: “Todas las muertes son horribles, pero estar enterrado en un vertedero es insoportable”, añade. Y eso que muchos técnicos coinciden en que los criterios de búsqueda son correctos. El antropólogo forense Paco Etxeberria cree que el asentamiento del terreno y la búsqueda de los restos humanos se están haciendo con buen criterio, pero aclara que ese tipo de desplazamientos son imprevisibles. “En los deslizamientos de ladera, corrimientos de tierra, aludes, desprendimientos de esta magnitud el cuerpo puede moverse hacia abajo y hacia delante mucho o poco, nunca se sabe previamente y esto requiere paciencia”, asegura.

Al dolor por la ausencia de Joaquín y la rabia por una búsqueda que está resultando estéril, se une el malestar por la lentitud del proceso judicial que investiga la mayor tragedia medioambiental ocurrida en el País Vasco, y eso que hay elementos que podrían dar un vuelco a la investigación.

Imagen de una de las manifestaciones en demanda de responsabilidades por la muerte de los dos trabajadores.
Imagen de una de las manifestaciones en demanda de responsabilidades por la muerte de los dos trabajadores.JAVIER HERNÁNDEZ

A las 9.30 del jueves 6 de febrero la empresa de ingeniería a la que recurrió Verter tras las advertencias de Beltrán de que había grietas y movimientos remitió un correo electrónico a la propiedad del vertedero. El mensaje, que hacía referencia a una visita de sus especialistas tres días antes, advertía a Verter de que “no se descarta ningún escenario”. El mensaje, recogido en el atestado policial, ha sido impugnado por las defensas de los investigados porque “no es un documento oficial”. Su confirmación en las testificales puede ser crucial para el procedimiento que sigue el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango.

Uno de los incendios al poco tiempo de desplomarse la ladera.
Uno de los incendios al poco tiempo de desplomarse la ladera.FERNANDO DOMINGO-ALDAMA


El mensaje fue tristemente premonitorio. Siete horas después, una masa de 800.000 metros cúbicos de terreno se precipitó ladera abajo, se tragó a los dos operarios y llegó a colapsar la autopista AP-8 que conecta Bilbao con San Sebastián.

Si los ingenieros que estudiaron el vertedero ratifican su contenido ante la jueza, las acusaciones podrían fundamentar que en Verter conocían el riesgo que entrañaba mantener la actividad en la escombrera. Una conducta que ahora se califica como imprudente podría considerarse “dolo eventual”, aclara un penalista. En ese supuesto, añade, cabría imputarles un delito de homicidio y el caso sería juzgado por un jurado popular

Pero nadie ha sido llamado a declarar, denuncian las acusaciones. Están pendientes las de unos 40 testigos, alguno de los cuales podría ser clave. Se trata de los responsables del citado correo, un equipo de ingenieros y topógrafos que acudieron al vertedero el 3 de febrero de 2020, lunes, para comprobar su estado. Como había advertido uno de los trabajadores a los responsables de la empresa días antes del derrumbe, los técnicos también constataron que había grietas y corrimientos en el terreno. Pese a ello, los camiones de basura siguieron accediendo a la instalación, abierta desde 2011 y con la previsión de colmatarse en 2022.

El alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal, guarda un recuerdo nítido del momento en el que le llamó el jefe de la Policía Municipal para advertirle de que la ladera del vertedero se había venido abajo. “La ladera se recuperará, se estabilizará y volverá a ser verde, se recuperará todo menos la vida de Alberto y de Joaquín”, lamenta, convencido de que la clausura del vertedero es lo mejor que puede pasar.

Y esto es lo que la familia de Beltrán no quiere que ocurra, al menos si antes los técnicos no han encontrado el cadáver. El Gobierno vasco ha anunciado que sellará el vertedero cuando terminen las tareas de búsqueda. Eso podría ocurrir a finales de marzo. “No se puede parar hasta encontrarle”, coinciden todos los partidos en los pueblos circundantes. También coinciden en el rechazo a la personación de Vox como acusación popular en la causa. La formación ultraderechista ha recurrido a la Audiencia la negativa de la Fiscalía y del juzgado a permitírselo.

Los muros de contención que se han construido en Zaldibar no pueden sujetar la tristeza de las familias por la terrible muerte de Alberto y Joaquín. No hay nada que temple la desolación. Todo menos colocar una lápida en el vertedero, dicen. La llama de la esperanza aún no se ha apagado mientras siga habiendo un mínimo resquicio para lograr un descanso digno. Mientras tanto, solo queda el recuerdo.

Una causa torcida

La causa ya nació torcida cuando dos juzgados de Durango se repartieron los dos delitos que se investigan, uno contra el derecho de los trabajadores y homicidio imprudente, y otro contra el medio ambiente. Hasta septiembre no se acumularon en el de Instrucción 1 de la localidad vizcaína, aunque se mantienen los dos procedimientos separados. Después la titular del juzgado pidió un juez de refuerzo para acelerar la causa, pero el Superior de Justicia vasco lo rechazo: “No se dan los presupuestos necesarios” respondió.

La única citación judicial se produjo a finales de julio tras las detenciones por la Ertzaintza del propietario de la escombrera y de la empresa Verter Recycling que la gestiona, José Ignacio Barinaga; la administradora única, responsable legal de la misma y sobrina de Barinaga, Arrate Bilbao, y el ingeniero director técnico del vertedero, Juan Etxebarria. Todos se acogieron al derecho a no declarar. Los investigados adujeron que no habían tenido acceso a los más de 500 folios de las actuaciones. Quedaron en libertad con cargos. No ha habido más declaraciones a instancia judicial, pese a que la Fiscalía las solicitó en julio y las pidió de nuevo en noviembre.

Verter emitió este viernes por la tarde un comunicado: “En primer lugar la empresa quiere mostrar su dolor por las pérdidas humanas de los compañeros Sololuze y Beltrán”. En el mismo se mostraba totalmente favorable a aclarar lo sucedido.

“El procedimiento por el delito contra el medio ambiente está absolutamente parado y en el que se sigue por el delito de homicidio imprudente no se ha hecho nada de nada”, afirma la defensa de Joaquín Beltrán. “Todo está muy parado; la demora es importante”, coincide el abogado de la familia Sololuze. El único movimiento de la jueza, sostienen, ha sido ordenar el embargo de las cuentas de Verter, “en lugar de requerirles una fianza de 500.000 euros, como resolvió la audiencia provincial”, para cubrir posibles responsabilidades civiles que den lugar a indemnizaciones económicas.

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