La jueza procesa al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus por los trabajadores ‘zombis’

La magistrada propone juzgar al exsecretario autonómico Máximo Caturla y al actual subdelegado de Gobierno, el socialista Rafa Rubio en esta pieza separada del ‘caso Taula’

Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de Valencia, en una imagen de archivo.
Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de Valencia, en una imagen de archivo.Monica Torres

La jueza del llamado caso Taula ha procesado al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, al exsecretario autonómico Máximo Caturla, ambos del PP, y a otros antiguos cargos públicos por las contrataciones irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa del ente supramunicipal, el llamado caso de los trabajadores zombis. Rus presidió la institución de 2004 a 2015 y fue alcalde de Xàtiva entre 1995 y 2015, además de presidente del partido en la provincia de Valencia. En la investigación se aprecian delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y falsedad documental.

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Según se recoge en la resolución, Rus, su entonces jefe de gabinete, Emilio Llopis, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y Máximo Caturla utilizaron dicha mercantil “en beneficio propio” y contrataron a trabajadores “para responder a favores solicitados por terceras personas”. Entre los investigados también se encuentran los exdiputados provinciales Rafael Rubio (PSPV-PSOE) y Salvador Enguix (PP), el exalcalde de Cofrentes Raúl Mateo Ángel Balufo y un jugador del Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, que presidía el propio Rus. Rubio es el actual subdelegado del Gobierno en Valencia y el único cargo socialista de los procesados, en su caso por solicitar la contratación de dos asesores en Imelsa, según el auto que pretende recurrir. El diputado del PP en el Congreso, Luis Santamaría, ha preguntado esta tarde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si va a mantener en su cargo a Rubio, que “está a punto de sentarse en el banquillo”.

En muchos de esos casos los empleados contratados tenían la condición de asesores de miembros del consejo de administración de Imelsa, pero no desarrollaron ningún trabajo para la empresa. Esas incorporaciones de personal “se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad” y tampoco respetaron las limitaciones impuestas en las Leyes de Presupuestos Generales entre los años 2009 y 2014, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado unido a las actuaciones.

De igual modo, el auto refiere otras cinco contrataciones presuntamente irregulares en Ciegsa, la empresa de la Generalitat dedicada a la construcción de colegios e institutos, cuyo consejero delegado entre 2003 y 2007 fue el también secretario autonómico de Educación Máximo Caturla. Ente los contratados destacan el que fuera alcalde de la población de Llosa de Ranes por el PP Evaristo Aznar y el exconcejal del Ayuntamiento de Requena por este partido Manuel Gómez.

Por todo ello, esta pieza separada del caso Taula ha recibido también el nombre de zombi, en alusión a los trabajadores que cobraban sin trabajar. El caso Taula consta de 10 piezas separadas y estalló a principios de 2016 con la detención de una veintena de personas, los registros y el bloqueo de cuentas corrientes por parte de la policía que investigaba una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas (ayuntamientos, Diputación de Valencia y Generalitat). El principal confidente de todo ello era el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, que se intentó justificar su actuación por su condición de “yonqui del dinero”.

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Otra de las piezas separadas es la referida al pitufeo, el supuesto blanqueo de dinero en el grupo popular municipal con entregas de 1.000 euros. Por ello, fue interrogada por el Tribunal Supremo el 21 de noviembre de 2016 la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en calidad de investigada al ser entonces senadora. Dos días después falleció en un hotel de Madrid.

En un auto notificado este martes, la magistrada da diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas en las diligencias para que formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias contra los 26 investigados en la causa, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En la práctica, este auto es equivalente al procesamiento y constituye el paso inmediatamente anterior a la apertura de juicio oral.


Sobre la firma

Ferran Bono

Redactor de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, ha ejercido como jefe de sección de Cultura. Licenciado en Lengua Española y Filología Catalana por la Universitat de València y máster UAM-EL PAÍS, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria periodística en el campo de la cultura.

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