Interior acerca a Henri Parot, autor del atentado de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987

El apellido del preso bautizó la doctrina del Tribunal Supremo que alargó las penas de numerosos reclusos hasta su derogación en Estrasburgo

El etarra Henri Parot, durante su comparecencia en el juicio del 11-M.
El etarra Henri Parot, durante su comparecencia en el juicio del 11-M.EFE / TVE

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha anunciado este viernes el acercamiento de otros seis presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, entre ellos los históricos etarras Henri Parot Navarro y José María Dorronsoro. El nombre de Parot, condenado por 33 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990, sirvió para bautizar popularmente la doctrina derivada de una sentencia de 2006 del Tribunal Supemo, posteriormente derogada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en 2013. Según el Supremo, que resolvía un recurso del etarra, la reducción de penas por beneficios penitenciarios tenía que aplicarse al total de la pena y no al periodo máximo legal de permanencia en prisión impuesto por una condena. Parot había sido sentenciado a casi 4.800 años de prisión en total por 33 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990. Tanto él como Dorronsoro se encuentran actualmente en la cárcel de Puerto III-Cádiz y serán trasladados a las de León y Pamplona, respectivamente.

Henri Parot, nacido en la Argelia francesa y criado en Bayona, fue detenido en abril de 1990 en Sevilla mientras transportaba una furgoneta cargada con 300 kilos de explosivos con la que pretendía volar la jefatura de policía de la ciudad. El historial criminal de Parot venía de lejos. Formó parte del comando itinerante Argala tras ser captado por el histórico dirigente etarra Txomin Iturbe. La particularidad de este comando radicaba en que estaba compuesto por ciudadanos franceses, lo que dificultaba su seguimiento. Su primer atentado lo perpetró en Irún en 1978, matando al empresario José Luis Legasa Ubiría. Después participó en una decena de atentados en Madrid, como los que acabaron con la vida de Cristóbal Colón de Carvajal en 1986 y la de la fiscal Carmen Tagle en 1989.

En diciembre de 1987 participó en uno de los crímenes más sangrientos de la banda, el de la casa-cuartel de Zaragoza, en el que ETA mató a 11 personas, cinco de ellas niñas, mediante la colocación de un coche bomba cargado de explosivos. Parot, de 63 años, ingresó en prisión el 7 de abril de 1990 y el máximo tiempo legal de permanencia en prisión derivado de su condena es de 41 años. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en febrero de 2020 y, según Prisiones, “acepta la legalidad penitenciaria”, por lo que se ha aprobado que pase a segundo grado y sea trasladado a la prisión de León.

José María Dorronsoro fue condenado a 26 años de cárcel por cooperar en el atentado con coche bomba contra un convoy de la Policía Nacional en junio de 1987, así como por ser cómplice de otro atentado contra el Gobierno Militar de San Sebastián cometido por el comando Donosti ese mismo año. El preso, de 65 años, cumplirá las tres cuartas de la condena en julio de 2023. Ingresó en prisión el 11 de enero de 2001 y cumple una condena acumulada de 30 años por los delitos de atentado y lesiones.

Otros traslados

Los otros cuatro presos de ETA acercados a cárceles próximas al País Vasco son José Lorenzo Ayestarán Legorburu, Óscar Celarain Ortiz, Jon González González e Idoia Mendizábal Múgica, que se encuentran en la actualidad en prisiones de la Comunidad Valenciana.

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Ayestarán dejará Alicante II para ir a la cárcel de Soria. Es autor de varios atentados con víctima mortal y cumplirá las tres cuartas partes de condena en enero de 2037. Óscar Celarain fue condenado en 2011 por la Audiencia Nacional a la pena de 50 años de prisión como autor material del atentado en el que fue asesinado el concejal de UPN José Javier Múgica Astibia, en julio de 2001, y en 2012 por otros dos asesinatos. González fue condenado a 377 años de cárcel por tratar de matar con un artefacto explosivo adosado a un carrito de la compra a la teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, del PSE, en febrero de 2002, y será trasladado a la prisión de Pamplona.

Mendizábal, por su parte, fue condenada a 18 años de prisión por intentar asesinar a la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luisa Guerrero, con un paquete explosivo en enero de 2002. Además, fue condenada a 20 años de cárcel por colocar el 22 de junio de ese mismo año un coche bomba en la calle Vargas de Santander y a otros 25 por atacar con cócteles molotov la casa de un agente de la Ertzaintza en la localidad guipuzcoana de Idiazabal en enero de 1998. Mendizábal también será trasladada a Pamplona.

El etarra Henri Parot, <i>Unai</i>, en 1988 tras ser detenido en una manifestación en Francia.

El caso de Henri Parot y la doctrina bautizada por su apellido

La 'doctrina Parot' se basa en un dictamen del Tribunal Supremo de febrero de 2006 por el que la ejecución de la totalidad de la condena comienza con las penas más graves y los beneficios penitenciarios se aplican individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años en prisión. Con la modificación del código penal en 2003, el límite efectivo de cumplimiento de la pena fue elevado hasta los 40 años y la posibilidad de redimirla por trabajo fue suprimida. Desde su creación, se ha aplicado en su mayor parte a terroristas de ETA con múltiples condenas, además de a algunos asesinos y violadores.

La primera etarra que recurrió la 'doctrina Parot' ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue Inés del Río, condenada por 23 asesinatos a 3.000 años de cárcel, de los que 2.232 correspondían a su participación en el Comando Madrid, que fue responsable, entre otros, del atentado con coche bomba en julio de 1986 en el que murieron 12 guardias civiles. La Justicia le dio la razón en julio de 2012.

En 2013, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la aplicación de la 'doctrina Parot' con carácter retroactivo vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que las reducciones comenzaron a ser aplicadas sobre el máximo tiempo de permanencia en prisión legal permitido.


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