EL 'CASO NEURONA'

La Fiscalía rechaza investigar a toda la ejecutiva de Podemos y a Ione Belarra por el ‘caso Neurona’

El ministerio público insiste en que “no existe indicio alguno del delito de administración desleal denunciado” y se opone también a la práctica de nuevas pruebas relacionadas con Monedero

La nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el pasado 1 de abril.
La nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el pasado 1 de abril.Mariscal / EFE
Agencias

La Fiscalía ha presentado cinco escritos de impugnación ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que investiga el denominado caso Neurona, la causa que mantiene un juez de Madrid contra Podemos por la contratación de la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, sobre diferentes peticiones de las acusaciones particulares en este procedimiento. En uno de ellos, el ministerio público se opone a la petición de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas Essard de extender la imputación en esta causa a toda la ejecutiva del partido y a la recién nombrada ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la investigación de los supuestos sobresueldos, una rama de la causa que ha sido recientemente archivada de forma provisional. La Fiscalía tampoco acepta la solicitud de Vox de requerir los libros contables entre 2017 y 2020 del administrador de Neurona Comunidad, Elías Castejón, para investigar el movimiento de sus cuentas corrientes y otras relacionadas con los ingresos del que fuera fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

La Fiscalía de la Comunidad Madrid se ha opuesto a que se reabra, como pide la exsenadora de Podemos, la investigación recién archivada por el juez Juan José Escalonilla de los sueldos de la gerente y tesorero de dicha formación política, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos. El ministerio público ha señalado este martes en una nota informativa que “no existe indicio alguno del delito de administración desleal denunciado” y en que “lo mismo puede decirse en relación al reembolso de gastos”, sobre los que no se ha encontrado “indicio alguno de su ilicitud”. El archivo provisional del juez Escalonilla, adoptado el pasado 21 de marzo, supone el quinto sobreseimiento de las líneas de investigación dentro del caso Neurona, aunque una de ellas se ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial. Actualmente están cerradas por falta de indicios las que versaban sobre el presunto acceso sin permiso al disco duro de una trabajadora; los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones generales de abril de 2019; los supuestos sobrecostes en la reforma de la sede del partido; y los supuestos “sobresueldos”, sobre los que la exsenadora de Podemos Celia Cánovas reclama nuevas actuaciones.

La Fiscalía subraya que la cuestión relativa a si es o no ético o si se incumplieron las normas internas “podrá ser discutido en otros foros pero desde luego no en el ámbito de una investigación judicial”. Por ello, concluye que la petición de extender la imputación a toda la ejecutiva de Podemos evidencia que el interés de la exsenadora de Podemos “excede” del ámbito de esta investigación. “Y lo mismo puede decirse de la imputación de Ione Belarra, firmante del certificado del partido en relación a la irregularidad de los complementos”, subraya la Fiscalía. La acusación popular pidió que Belarra fuera investigada por delito de encubrimiento o estafa procesal.

Las cuentas de Monedero

En otro escrito, el ministerio público considera que algunas de las diligencias que reclama Vox son “claramente innecesarias”, mientras que las referidas a los ingresos de Juan Carlos Monedero “no son objeto de este procedimiento”.

El exdirigente de la formación Juan Carlos Monedero, al que el magistrado Juan José Escalonilla mantiene bajo sospecha por recibir un pago de 26.200 euros de la consultora mexicana Neurona, declaró ante el juez a mediados de marzo que cobró ese importe por unos trabajos de consultoría que realizó durante 2018. Monedero aportó nueva documentación al instructor y negó que le abonasen ese dinero a cambio de que el partido contratase después a la compañía latinoamericana. El exdirigente de Podemos se presentó como una víctima más de la “guerra jurídica” emprendida contra los miembros de su partido: “Es muy injusta esta persecución”, dijo.



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