El ‘caso Astapa’ entra en punto muerto

Uno de los mayores casos de corrupción urbanística de la Costa del Sol, con 50 personas investigadas, sigue sin fecha de juicio y una carencia crónica de medios para su resolución

El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, en su consulta médica el pasado jueves.
El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, en su consulta médica el pasado jueves.Garcia-Santos

En junio de 2008, la policía arrestaba a 25 personas en Estepona, entre ellas el entonces alcalde, el socialista Antonio Barrientos, en una operación contra la corrupción urbanística bautizada como Astapa. Cinco años después había 109 personas encausadas. El caso no paraba de crecer, pero los medios menguaban. Cada vez más. Desde hace dos años, un solo funcionario con un sistema informático insuficiente se encarga de una macrocausa que hoy tiene 116 tomos principales y 646 documentales. Desde que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona iniciara la investigación en 2007, diez jueces y seis secretarios judiciales han pasado por el caso y una decena de investigados han fallecido. Nadie se atreve ya a poner fecha a un juicio que va camino de 2023 donde se juzgará finalmente a 50 personas. En este tiempo, muchos de ellos se han arruinado, divorciado o necesitado tratamiento psiquiátrico. “La incertidumbre constante pesa como una losa. Nadie debe estar bajo sospecha tanto tiempo”, dice el abogado José Carlos Aguilera.

Astapa nació de una denuncia, en 2006, de los concejales socialistas Cristina Alarcón y David Valadez, quien luego sería alcalde de Estepona. La investigación arrancó en 2007 y las primeras detenciones se realizaron en 2008. La instrucción se cerró en mayo de 2017 y en julio de 2018 la Fiscalía Anticorrupción acusó a 51 personas a las que pedía, en total, 205 años de prisión. En otoño de ese año, el juzgado decretó la apertura de juicio de oral contra 50 acusados —falleció uno poco antes— a los que pedía el abono de 184 millones de euros en global en concepto de fianza. Entre ellos hay concejales del PSOE, del Partido Estepona (PES, heredero del GIL) y empresarios. Destaca el exalcalde, Antonio Barrientos, para el que se solicitaron 10 años y nueve meses por cuatro delitos. El caso se basa en supuestas infravaloraciones de convenios urbanísticos para enriquecimiento personal de los responsables políticos y la “financiación subrepticia” de campañas electorales por parte de “empresarios favorecidos por resoluciones municipales”, según la fiscalía.

Nadie sospechaba en origen de la magnitud de problema y la falta de medios ha sido crónica, lo que mantiene a Astapa en casi punto muerto. Tras la formalización de la acusación, toca abrir el plazo para los escritos de defensa, pero aún no se ha iniciado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denunció en 2015 la falta de personal en el juzgado número 1 de Estepona y hoy sigue haciéndolo: “Hay un problema grave”, subrayan fuentes del TSJA. Solo un funcionario para este caso y otra funcinaria se encarga de cinco macrocausas —una con 45 imputados por narcotráfico—. Todo, con ordenadores colapsados que eternizan cualquier procedimiento. A ello se suma el día a día. “En estos juzgados cualquier causa, con un solo acusado, se alarga demasiado. Imagina con 50”, explican las mismas fuentes, que señalan que también hay 64 piezas de medidas cautelares abiertas en Astapa. Los más de 600 tomos documentales se encuentran, además, en un archivo de la Junta de Andalucía en Málaga, por lo que no pueden ser consultados por las defensas con garantías hasta que no sean trasladados a otro lugar.

Desde la Consejería de Justicia de la administración andaluza aseguran que los tomos fueron escaneados y están a disposición del juzgado en 24 horas, que hay nueve funcionarios y si solo uno se dedica a Astapa es por “decisión” de la Administración de Justicia del Gobierno central. Tampoco le constan “incidencias de gravedad” que alteren el funcionamiento del juzgado, donde los funcionarios pueden adelantar trabajo de forma remunerada tres tardes a la semana. Las mismas fuentes aseguran que se ha aumentado la plantilla de cinco de los seis juzgados de Estepona y que hay presupuesto para un nuevo Palacio de Justicia.

Una denuncia de David Valadez, en la foto y exalcalde de Estepona, originó el caso Astapa.
Una denuncia de David Valadez, en la foto y exalcalde de Estepona, originó el caso Astapa.J. ROJAS

Petición para investigar la vinculación de Villarejo

Camino de cumplir los 60 años el próximo 20 de abril, Antonio Barrientos es uno de los que espera juicio desde 2008, cuando pasó seis meses en prisión provisional. Hoy ejerce de médico entre Málaga y Cádiz. Esta semana se quitó la bata blanca para ofrecer su primera rueda de prensa en 13 años para denunciar la manipulación de informes policiales que sustentan la operación y la ocultación de sus siete denuncias antes la Fiscalía Anticorrupción, “la primera en 2003”. “Se me ha linchado públicamente”, asegura quien defiende su inocencia y critica que llegaran a investigar a su madre y a su hermano para luego retirar los cargos. Barrientos ha estudiado a fondo cada detalle de Astapa y cree que fue orquestada por el excomisario José Manuel Villarejo “y su mafia policial”. Por eso ha solicitado, como han hecho otras defensas, que se practiquen diligencias por la su posible vinculación con el caso y ha acusado a la Fiscalía de no querer investigarlo. El juez del caso Tándem decretó recientemente el embargo de una veintena de fincas propiedad de Villarejo en Estepona.

“Como metamos a Villarejo en esto, no acabaremos nunca”, señala José Antonio Aguilera, primer abogado de Barrientos. Hoy ya no es su cliente, pero el letrado defiende a otra media docena de acusados en la operación. Opina que están sufriendo unas consecuencias “excesivas” por unos hechos “de otra época”. “El caso es una prueba del mal funcionamiento de la administración de Justicia, el peor servicio de la España del siglo XXI. Es una situación inasumible en un estado de Derecho”, subraya el letrado, que cree que estos procesos deberían tener fecha de caducidad. “Si en un plazo lógico no se ha resuelto nada, pues se archiva”, apunta. “Malaya fue más importante y se solventó. Allí hubo interés, aquí, ninguno”, añade el abogado José Antonio Martín Espinosa, que cree que acercarse al caso permite ver “su complejidad” y “el gran cúmulo de despropósitos” que han causado su lentitud. La posibilidad de la aplicación de la atenuante de dilación indebida en la sentencia está ahí, pero nadie se atreve a dar plazos para juicio o si éste diluirá como ocurrió en la vecina Manilva y la operación Ballena Blanca. “Materia para juzgar, hay. Pero parece que a nadie le interesa meter mano en el caso”, concluye Espinosa. Astapa ruega paciencia.

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