Oposición, aliados y varias autonomías exigen al Gobierno más información y medidas alternativas al estado de alarma

Sánchez mantiene la idea de no prorrogarlo el 9 de mayo: “Tenemos suficientes herramientas”

Los portavoces de Más País, Íñigo Errejón (derecha), y del PDeCAT, Ferrán Bel, este martes en el Congreso tras la Junta de Portavoces. En vídeo, declaraciones del líder de Más País, Iñigo Errejón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se encontrará este miércoles en el Congreso un ambiente cómodo ni favorable de la mayoría de los grupos, de la oposición y habituales aliados, a su determinación de no prorrogar el actual estado de alarma más allá de su fecha tope, el próximo 9 de mayo. PP, Cs, Más País, Compromís y hasta EH Bildu plantearon este martes, como aviso, que el Gobierno central debería haber empezado ya hace tiempo a negociar con todos los grupos y las autonomías “un paraguas jurídico” alternativo y más completo a la legislación vigente para encarar esta etapa que se abre tras el 9-M.

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Sin embargo, el presidente mantiene su intención de no prorrogar la alarma después de ese día y cree que hay instrumentos suficientes en manos de las autonomías y, sobre todo, a través de las decisiones en el Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne cada semana, para tomar medidas ya sin el amparo de la alarma. “El Gobierno de España quiere que no haya más prorrogas, con esa intención trabajamos. Se ha intensificado el proceso de vacunación. Ya hay más de 11 millones de dosis administradas. En estos meses, los tribunales han dicho que los acuerdos en el consejo interterritorial son de obligado cumplimiento. El marco va a ser ese, con el control de los tribunales. Tenemos suficientes herramientas para abordar la pandemia en este estadio. Estamos vacunando a medio millón de personas al día”, aseguró Sánchez.

Sorprendió este martes escuchar en el Congreso quejas y exigencias similares de portavoces del PP y de EH Bildu sobre la situación que se plantea ante el fin del actual estado de alarma aprobado el pasado 25 de octubre. Eso sí, la portavoz popular, Cuca Gamarra, aprovechó su exposición para acumular reproches y duras acusaciones contra el presidente, Pedro Sánchez, y contra la “caótica” actuación del Ejecutivo en general sobre todo lo relacionado con la gestión de la pandemia mientras que los portavoces de las formaciones que suelen pactar con el Gobierno le recriminaron sobre todo la falta total de información sobre cuáles son sus planes a partir del 9 de mayo.

La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, siguió por la mañana ese guion árido contra Sánchez y casi avanzó que su partido rechazaría esa opción del estado de alarma si se llegase a consumar porque solo contemplarían esa medida para momentos “excepcionales” y porque abogan ahora por “medidas más quirúrgicas”. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, apostó por esa solución como “la menos mala” para blindar la seguridad jurídica de las autonomías ante la inexistencia de una ley más específica. El barón autonómico andaluz, Juan Manuel Moreno, criticó con contundencia la inactividad e improvisación de Sánchez, la falta de comunicación y reclamó una Conferencia de Presidentes. Esas demanda la suscribieron otros mandatarios autonómicos, como en Aragón y el cántabro Miguel Ángel Revilla, que sin embargo no quiere más prórrogas de la alarma y sí que el Estado se dote de más instrumentos legales. La presidenta navarra, la socialista María Chivite, interpreta no obstante que esas herramientas ya existen, aunque en algún caso se hayan tropezado con problemas en los tribunales.

Sánchez constató ya por la tarde, en la sesión de control del Senado, que el PP no acaba de aclarar cuál sería su posición ante un hipotético planteamiento de otro estado de alarma tras el 9-M tras otro duro cruce dialéctico con el portavoz popular, Javier Maroto, que la acusó de mentir, de electoralismo y de sus ataques a la candidata madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El líder socialista replicó destacando que el PP sobre el estado de alarma tiene muy diversas opiniones “dependiendo un poco de la latitud de la representación territorial” pero luego vota en contra o “chilla” si el Ejecutivo lo propone o si no lo hace.

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El PP llevó su proposición no de ley con su plan b jurídico al estado de alarma al Congreso para su debate el pasado noviembre y ni siquiera esa idea fue tomada en consideración y recabó un rechazo casi total de toda la Cámara, incluido de Vox, que le dedicó las más ácidas descalificaciones. Gamarra recordó este martes de nuevo que aquello fue según su criterio “una oportunidad perdida” y defendió que ahora “no debería contemplarse otro escenario” que retomar aquella propuesta y ofreció “la mano tendida” de su partido al Ejecutivo para reformar algunas de las leyes ordinarias en vigor si sus socios habituales no le apoyan.

Los populares proponían entonces y mantienen ahora que sería suficiente para no insistir en el estado de alarma con reformar dos viejas leyes orgánicas, la de Medidas Especiales de Salud Pública y la que regula la jurisdicción contencioso-administrativa. Sostienen que, con esos cambios, las comunidades autónomas podrían aislar —bajo control judicial— a poblaciones o a personas determinadas por razones sanitarias sin tener que estar en estado de alarma. Eso sí, el PP exige al presidente que, además de acudir este miércoles al Congreso para hacer balance de la situación, también convoque cuanto antes una conferencia de presidentes autonómicos como se acordó en el debate de la prórroga del estado de alarma el pasado otoño.

Algunos partidos ya cuestionaron en noviembre, en aquel debate, que con esos cambios en las leyes ya vigentes fuese suficiente para limitar derechos tan fundamentales como la movilidad general de las personas y así lo volvieron a recordar este martes algunos portavoces, como el de Ciudadanos, Guillermo Díaz, que sin embargo sí respaldó que “sería bueno” disponer de un mejor marco normativo para funcionar a partir del 9-M.

La formación liderada por Inés Arrimadas ya demandó ese plan b al comienzo de la pandemia, pero ahora no quiere precipitar un pronunciamiento sobre qué hará tras el 9-M si se plantea un debate sobre prorrogar el estado de alarma, algo que por ahora el Ejecutivo central rechaza. Díaz avanzó que su partido será “responsable” y apuntó así que estará con lo que determine el Gobierno porque entiende que es el que tendrá en ese momento más datos e información fidedigna para actuar. Pero desde Cs también lamentaron, como hicieron la mayoría de los partidos, la “falta de transparencia” y de información por parte del Ejecutivo sobre cuáles son sus planes de futuro sobre la pandemia.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha reclamado al presidente Sánchez por su parte un decreto con un plan jurídico alternativo a pactar con los grupos aliados habituales y con las autonomías que permita a cada territorio gestionar sus medidas sin que queden a la interpretación “de uno u otro juez”, y así se lo hará saber en el debate de este miércoles en el Congreso. Aizpurua también habló de evitar así el “caos” actual y de que “el 9 de mayo no sea la ley de la selva y no sometamos a la gente a esta desprotección e inseguridad”. Una posición similar a la expresada por el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que también pidió más diálogo con las autonomías y una Conferencia de Presidentes para coordinar posiciones, evitar distintas respuestas de los tribunales y estudiar propuestas diferentes, como las que ya están avanzando algunos mandatarios autonómicos de todo signo político.

Otros partidos

Íñigo Errejón, portavoz de Más País, se mostró “atónito” ante la desconcertante situación actual y el debate abierto sobre cómo continuar la lucha contra la pandemia tras el 9-M y echó en falta también la aportación de alguna alternativa por parte del Gobierno central, que entiende que es la administración a la que le compete ponerla encima de la mesa. Errejón criticó que el Ejecutivo produzca “más titulares que realidades” y añadió que espera que el presidente Sánchez lleve este miércoles al Congreso “un paraguas alternativo” al vigente estado de alarma. En esa línea se posicionó el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, que también apuntó que aguarda a que el jefe del Ejecutivo disponga este miércoles en el debate “una alternativa” y aclare cuál es su plan para el 10 de mayo.

ERC indicó que está aún estudiando qué tipo de intervención tendrá su portavoz, Gabriel Rufián, en el debate de este miércoles, pero ya se explicó también que esa formación entiende que existe en el marco jurídico actual suficiente margen para imponer restricciones sin tener que recurrir de nuevo a más estados de alarma. Es más que probable, sin embargo, que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, se manifieste este miércoles en consonancia con la reclamación de un alargamiento del estado de alarma más allá del 9-M como ha requerido ya públicamente el lehendakari, Íñigo Urkullu.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, rechazó como hizo su partido ya en octubre una eventual prórroga del estado de alarma porque defienden que con ese instrumento se trata a los ciudadanos como niños.

El PNV, por su parte, se decanta por prolongarlo “hasta que la vacunación comience a hacer efecto”. Esta sería la decisión “ideal” para los nacionalistas vascos, asegura el presidente de su ejecutiva, Andoni Ortuzar a este diario, informa Mikel Ormazabal. Ante la insistencia de Sánchez por acabar con esa norma especial el 9-M, el PNV propone una “medida puente” que dé cobertura legal a las que aprueben las autonomías. Esta solución consiste, explica Ortuzar, en “promover un cambio de la legislación ordinaria” a través de una proposición de ley que permita a los Gobiernos regionales regular situaciones extraordinarias frente a la pandemia, como restricciones en la movilidad, limitaciones en las reuniones de personas o en los horarios de toque de queda. Esa reforma necesitaría dos meses para su aprobación y publicación en el BOE y mientras tanto el PNV aceptaría una prórroga del estado actual.

La mitad de contagios y de hospitalizados

La aprobación parlamentaria. El Congreso de los Diputados aprobó el 26 de octubre de 2020 el decreto del Gobierno que imponía seis meses de estado de alarma, España sufría aquel día una incidencia acumulada de 420 casos positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días; los hospitales tenían una ocupación del 14,17% en camas con enfermos de covid (17.520) y el porcentaje de camas UCI utilizadas alcanzaba el 25,81% (2.404 pacientes graves).

 

 

3.500 enfermos más el día que entró en vigor la prórroga. Cuando la prórroga del presente decreto entró en vigor —9 de noviembre de 2020— la incidencia se había disparado a 524, la ocupación de camas superaba el 17% (21.029 enfermos de covid, 3.500 más que el día de la aprobación del decreto en el Congreso) y las UCI ocupadas (3.007) suponían el 31,76% del total disponible.

 

 

11.000 camas ocupadas menos a 26 días del fin de la alarma. A 26 días de que finalice el estado de alarma, España sufre un repunte en el índice de contagios y un incremento de ocupación hospitalaria. Sin embargo, las cifras que recogió ayer el ministerio de Sanidad en su boletín diario (sólo de lunes a viernes) se alejan mucho de las que había en España cuando se aprobó el decreto de alarma ahora vigente. España reflejaba ayer una incidencia de contagios de 196 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Hace cinco meses, la cifra era más del doble (524). La ocupación hospitalaria era ayer del 7,96% (9.953) frente al 17% (21.029) de hace cinco meses. Y las camas de UCI ocupadas ayer eran 2.152 (un 21,56% del total) frente a las 3.007 (31,76%) del 9 de noviembre. Si la tendencia de aumento de las dos últimas semanas se mantiene, España se quedará lejos de las cifras que motivaron el vigente decreto de alarma.

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