El Defensor de Pueblo reclama a Interior una regulación “exhaustiva y detallada” sobre el uso de pistolas eléctricas

La institución pide un mayor control y que se registren en vídeo todas las actuaciones de la policía con estos dispositivos

Un miembro de la policía de Atlanta (Georgia, EEUU) portando una pistola táser en su cinturón.
Un miembro de la policía de Atlanta (Georgia, EEUU) portando una pistola táser en su cinturón.ELIJAH NOUVELAGE (Reuters)

El Defensor del Pueblo ha hecho una recomendación este miércoles al Ministerio del Interior para que regule de forma “exhaustiva y detallada” el uso, por parte de las Fuerzas de Seguridad, de las pistolas eléctricas, dispositivos conocidos por su nombre comercial, Táser. La institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán ha reclamado que se establezcan directrices y criterios comunes a todos los cuerpos policiales para la utilización de estos dispositivos, un arma paralizante cuyo uso genera polémica. La Policía Nacional adquirió el año pasado 1.000 unidades. En concreto, Fernández Marugán solicita que los agentes reciban una formación y se establezcan procedimientos de supervisión. Y pide, además, “un mayor control” donde las actuaciones policiales sean grabadas para que se puedan realizar inspecciones.

En junio del año pasado la oficina del Defensor del Pueblo ya había lanzado una advertencia en su informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) sobre la presencia cada vez más generalizada entre el armamento de las Fuerzas de Seguridad de los denominados “dispositivos eléctricos de control”. Ahora, la oficina presidida por Fernández Marugán hace un llamamiento a Interior para que exista “un procedimiento de control y supervisión, que incluya la presentación obligatoria de un informe por cada caso en el que se haya usado la pistola Táser”.

Fernández Marugán reclama que la regulación de estas armas de descarga eléctrica contenga “instrucciones minuciosas para su utilización”. En su informe del MNP, el Defensor del Pueblo coincide con el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura para que la utilización de los dispositivos se limite a “los casos en que exista una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesión grave”.

La Policía Nacional sigue trabajando en la redacción del protocolo que fijará las condiciones de uso de estos dispositivos por parte de sus agentes. Serán los destinados en las unidades encargadas de Seguridad Ciudadana, responsables de patrullar las calles y, por tanto, las primeras que acuden ante los incidentes, a las que se les facilite en primer lugar estas armas. “Se está formando al personal que tendrá que entrenar a los policías”, indican fuentes de la Dirección General de la Policía. “Los agentes que los usen tienen que superar un curso, ser formados, y todavía estos no han empezado” aclaran. La tenencia de esta pistola está regulada en el artículo 5.1 del Reglamento de Armas, junto con las semiautomáticas y los espráis de defensa. Son de uso exclusivamente policial o militar y no pueden ser adquiridas por civiles ni agentes de forma externa.

Axón, empresa que distribuye los dispositivos entre los diferentes cuerpos de seguridad, confirma que en España hay más de 2.000 armas repartidas entre Policía Nacional, Policía Municipal de Madrid (150), Mossos D’Esquadra (134) y policías locales (más de 800). La empresa sostiene que las pistolas eléctricas reducen las lesiones entre los detenidos en comparación con las armas de fuego. Sin embargo, el Defensor del Pueblo muestra su preocupación por el uso en personas que puedan padecer afecciones cardiacas y recomienda prohibir su empleo en la población vulnerable, incluidos menores, mujeres embarazadas o personas mayores.

El dispositivo, que había sido una antigua demanda de los sindicatos policiales, funciona por inmovilización neuromuscular y utiliza dos dardos unidos al arma mediante un cable que envían impulsos eléctricos que “interfieren las señales nerviosas que se trasmiten al sistema muscular y sensorial del sujeto para obtener una incapacitación”, según recogía la memoria justificativa elaborada por la Policía para su adquisición. La Guardia Civil declaró desierto un concurso de licitación el año pasado para adquirir 150 dispositivos por un problema técnico en el equipo presentado. Fuentes del cuerpo de seguridad informan de que se está “tramitando un nuevo expediente” para dotarse de estas armas en 2022.

El escrito del Defensor del Pueblo se suma a los llamamientos que otras organizaciones como Amnistía Internacional han hecho desde hace tiempo. Su director en España, Esteban Beltrán, detalla que esta puede llegar a ser un arma “muy peligrosa para ciertos colectivos” como menores de edad o personas con problemas físicos y de salud mental. Beltrán pone de relieve los estudios que han realizado en otros países como Holanda donde en el 44% de las ocasiones la policía utilizó el arma en contacto con el cuerpo de la persona detenida, algo que se conoce como drive stun. “El problema en España es que la policía, al amparo de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, tiene una mayor discrecionalidad que antes en el uso de la fuerza”, apunta Beltrán. “Hay un peligro de que cuando sucedan problemas serios no haya una adecuada rendición de cuentas”.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Logo elpais

Ya no dispones de más artículos gratis este mes

Suscríbete para seguir leyendo

Descubre las promociones disponibles

Suscríbete

Ya tengo una suscripción