Cifuentes, fuera de Púnica; Aguirre y González siguen dentro

El juez afronta la fase final de la instrucción sobre la financiación irregular del PP de Madrid

Cristina Cifuentes, a la izquierda, jura como presidenta de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos en Sol junto a Esperanza Aguirre e Ignacio González, en 2015.
Cristina Cifuentes, a la izquierda, jura como presidenta de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos en Sol junto a Esperanza Aguirre e Ignacio González, en 2015.

Manuel García-Castellón, juez del caso Púnica, archivó este martes las pesquisas contra Cristina Cifuentes, una de los tres expresidentes madrileños imputados por esta trama de corrupción urdida supuestamente para financiar ilegalmente al PP autonómico, entre otros extremos. El magistrado concluye que Cifuentes no ostentaba entonces ningún cargo de suficiente implicación, al contrario que Esperanza Aguirre e Ignacio González, a quienes situó en la cúspide de la toma de decisiones para el desvío de dinero público desde el Gobierno regional.

El juez instructor adopta esta decisión en plena campaña electoral en la Comunidad y, aunque de forma aislada, algún parlamentario del PP no desaprovechó este martes la ocasión para cargar contra la izquierda, a la que exigieron “pedir perdón”. La propia Cifuentes también se manifestó a través de Twitter: “Después de tres años de linchamiento, de vivir un auténtico calvario, la Audiencia Nacional rechaza mi participación en Púnica. Siempre fui inocente. ¿Quién me va a resarcir ahora el sufrimiento padecido? ¿Y el de mi familia? ¿Quién me va a devolver todo lo que me arrebataron?”.

El sumario del caso otorga a Cifuentes un papel menor, muy distinto al que perfila para sus dos predecesores en el cargo, Ignacio González y Esperanza Aguirre, que permanecen imputados.

Cifuentes. La Guardia Civil detectó presuntas “irregularidades” en la adjudicación de los servicios de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea regional en 2009 y 2011. Esos contratos se concedieron al Grupo Cantoblanco, liderado por Arturo Fernández, señalado como uno de los empresarios que financió irregularmente a los populares madrileños a través de donaciones a Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad).

Cifuentes había sido patrona de Fundescam y formó parte de la mesa para otorgar esa adjudicación, pero el juez afirmó este martes que no existen indicios suficientes que acrediten que actuase movida por “una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones [al PP] que había realizado”. Según García-Castellón, la expolítica había salido del patronato de la fundación, donde nunca ocupó un cargo relevante: “Ni presidenta, vicepresidenta, secretaria o gestora”. Por tanto, dice, su implicación en esta entidad era “irrelevante” y “no se puede sostener que tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Fernández en Fundescam”.

Así, tras tomar declaración a varios miembros de la mesa de adjudicación (incluido alguno de otro partido), el juez concluye que no se aprecia “arbitrariedad” en dicha concesión. Además, el magistrado recuerda que solo la declaración de otra investigada sitúa a Cifuentes en reuniones con uno de los empresarios implicados en la trama, algo que ella y su supuesto interlocutor negaron.

Aguirre. El poder de Esperanza Aguirre en aquella época era, en cambio, muy distinto. En su auto de imputación en 2019, el juez atribuyó a Aguirre la “supervisión” de los mecanismos irregulares detectados en la trama y de la supuesta caja b del partido regional. Ocupó la presidencia de Fundescam de 2004 a 2010 —una de las supuestas herramientas de financiación irregular—. Mantenía jerarquía directa y una estrecha relación con los principales implicados: como el entonces vicepresidente Ignacio González; Francisco Granados, consejero y secretario general del PP de Madrid; o Beltrán Gutiérrez, gerente del partido. Además, en base a la declaración de otro exconsejero y del empresario Horacio Mercado, se le sitúa en reuniones con este último donde se dieron presuntamente directrices para beneficiarlo.

Además, Aguirre fue la gran beneficiaria de la trama, con la supuesta financiación de sus campañas electorales o el desvío de dinero para pagar iniciativas de mejora de su imagen en internet.

González. Procesado también por el caso Lezo, se le sitúa en las reuniones con Mercado. Era también patrono de Fundescam —para la que aprobó subvenciones que supuestamente acabaron desviadas—. Además, otras dos de las empresas públicas usadas por la trama, la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y el Canal de Isabel II, estaban bajo sus órdenes directas.

Una larga instrucción en la recta final

La confesión. La instrucción del caso Púnica afronta la recta final —se espera que concluya este verano— y el juez ha acelerado la toma de decisiones. Entre otras cuestiones, deberá resolver si procesa a Aguirre y González. Para ello, cuenta con una batería de indicios. Entre otros, la confesión de Horacio Mercado, uno de los implicados en la trama. El empresario relató que realizó servicios para la campaña electoral del PP de Madrid en 2007 y que el partido le indicó que las facturas por estos trabajos las girase a “cuatro o cinco empresas”. Según su relato, trató todo el asunto sobre la facturación en b con Beltrán Gutiérrez: “Y creo que tanto Francisco Granados como Ignacio González conocían el tema, sin ninguna duda”, apostilló Mercado, cuyas empresas recibieron en 2006 contratos públicos de la Comunidad por valor 5,6 millones de euros. Durante su declaración, el empresario también afirmó que se reunió en varias ocasiones con Aguirre, pero que nunca abordó el asunto directamente con ella.

 

La agenda. Los investigadores aprehendieron a Francisco Granados, que acumulaba un millón de euros en billetes de 100, 200 y 500 en un maletín guardado en el altillo de casa de sus suegros, una libreta de tapas negras con datos sobre la supuesta caja b del PP De Madrid. Este cuaderno estaba lleno de anotaciones manuscritas del exconsejero sobre la organización de actos de campañas electorales, junto a las palabras “IN-OUT”. Según los investigadores, estos apuntes recogen la presunta relación de “ingresos procedentes de determinados empresarios”. El juez añade en sus escritos que la instrucción ha constatado que Granados “recaudó dinero en efectivo de proveedores de la Comunidad de Madrid, que presuntamente agradecían las adjudicaciones públicas de las que eran objeto sus empresas”. El sumario también acumula indicios de facturas ficticias para camuflar el desvío de fondos y escuchas telefónicas, entre otras pruebas. Al igual que Cifuentes, Aguirre y González niegan cualquier conocimiento sobre una caja b del PP autonómico.

 

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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