El Gobierno denuncia ante la Fiscalía el cartel electoral de Vox contra los menores migrantes

El PSOE y Unidas Podemos solicitan a la junta electoral la retirada inmediata del cartel

El diputado de Vox José María Figaredo (izquierda), hace un gesto en presencia de su compañero de partido Iván Espinosa de los Monteros (a la derecha) durante el pleno del Congreso de los Diputados, este miércoles. En vídeo, Espinosa de los Monteros justifica el cartel de Vox contra los menores migrantes ante la vicepresidenta Carmen Calvo.ANDREA COMAS / EFE

El cartel electoral de Vox contra los menores migrantes ha estado este miércoles en el centro de las críticas políticas y conforme pasan las horas se acumulan los escritos en dependencias judiciales. Aunque la Fiscalía ya había abierto una investigación el martes por un posible delito de odio, las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Asuntos Sociales, Ione Belarra, han anunciado una denuncia ante el ministerio público. A su vez, el PSOE y Unidas Podemos, cada uno por su lado, han pedido a la junta electoral que intervenga para su retirada inmediata y que se requiera a la candidatura de Rocío Monasterio para que deje de utilizar expresiones y alusiones de contenido xenófobo y racista. Los socialistas han denunciado además la campaña ante los juzgados de instrucción al apreciar también un posible delito de odio y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, lo ha hecho ante la Fiscalía. Durante la sesión de control del Congreso, Vox ha presumido de su iniciativa y ha recibido duras recriminaciones del Gobierno, Más País y ERC.

El Ejecutivo entiende que el partido de extrema derecha pretende la “criminalización absoluta de los niños y niñas que migran solos”. “El odio, la xenofobia, la intolerancia y el racismo no tienen cabida. Es obligación del Estado proteger la dignidad y garantizar los derechos humanos de todas las personas de nuestro país. Ante el discurso racista y xenófobo tenemos la obligación de actuar”, ha afirmado la ministra Montero en una conferencia de prensa convocada junto a la ministra Belarra, y en la que han anunciado la acción judicial. La ministra de Derechos Sociales también ha mostrado su rechazo ante lo que el socio minoritario del Gobierno ha calificado de un “ataque directo” a la democracia.

La sesión de control del Congreso se ha enrarecido más de lo habitual cuando el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha querido introducir en la discusión antes que nadie los polémicos carteles electorales racistas de su partido distribuidos por Madrid sobre la situación de los menores migrantes y en los que se hace una comparación entre el coste mensual de los que llaman menas ―acrónimo de menores extranjeros no acompañados― con la pensión más baja de una jubilada. Espinosa de los Monteros preguntaba a Calvo sobre la mala situación económica del país, pero al final introdujo que mientras no hay dinero para muchas cosas sí lo hay “para mantener a menas en toda España y a inmigrantes ilegales”. Vox está intentando por todos los medios incluir en la agenda de discusión de esta campaña el delicado asunto de la inmigración.

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La vicepresidenta Calvo no pasó por alto el intento de provocación de Vox. Primero destacó “la gran democracia” que es España y acto seguido recalcó que lo que se ha hecho durante este año contra la pandemia ha sido luchar sin la ayuda de partidos como Vox y sus “falacias” pero “cumpliendo escrupulosamente con los derechos humanos sobre todo con relación a los menores que llegan al país”. Y arremetió más contra Vox: “Lo que han hecho ustedes con esos carteles, señalando a unos niños y niñas, menores, que vienen a nuestro país en algunos casos que bien conozco en situaciones terribles, sin familia, habiendo sido objeto de delitos gravísimos en los tránsitos que hacen, se llama inhumanidad, odio”.

Espinosa de los Monteros no se quiso retractar e insistió en que con los cálculos elaborados por su propio partido, con datos extraídos de la Asamblea de Madrid y de informes publicados en EL PAÍS, la Comunidad de Madrid se gastó 4.751 euros por cada menor o 140 euros al día. Y arremetió contra Calvo al interrogarla sobre si es una falacia decir que existen los menores migrantes. Calvo optó por subrayar que en la sociedad madrileña y española lo que hay es “compasión y solidaridad” y apuntó que a Vox “debería darle vergüenza intentar instalar ese debate en la política del país”. Espinosa cerró ese cruce dialéctico: “Vox sí tiene compasión porque jamás traeríamos a niños no acompañados y eso es lo que debería darles vergüenza”. Esa refriega provocó que más tarde, otros miembros del Gobierno y diputados de otras formaciones, como Nadia Calviño, Yolanda Díaz o Íñigo Errejón, arremetiesen contra Vox por unas posiciones que tacharon de “insolidarias, machistas, xenófobas”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha repudiado un cartel que a su juicio es “repugnante” y que “cambia la verdad de forma insultante”. La ministra de Defensa ha dicho sentir “vergüenza” y confía en que “se quite lo antes posible”. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso también ha criticado la campaña. “Hay que ser una bestia para criminalizar de esta manera a menores y hacer ver que son culpables de todos los males de este país”, ha cargado Rufián. “Más solidaridad, más acogida y menos racistas, homófobos y xenófobos subvencionados”, ha pedido el representante de ERC.

Responsabilidades penales

La denuncia del PSOE ante la Junta Electoral de Zona de Madrid reclama que se inste a Vox la retirada de la propaganda “en el plazo de seis horas”. La candidatura de Unidas Podemos, que también ha recurrido ante este órgano administrativo, solicita la retirada “inmediata”. Las dos formaciones piden a la junta que requiera al partido de extrema derecha que deje de utilizar expresiones y alusiones de contenido xenófobo y racista. El PSOE cree que se ha incumplido el artículo 50 de la ley electoral. “Se entiende por campaña electoral, a efectos de esta ley, el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios”, destaca el escrito socialista, al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Esos carteles señalan como lo hacían los nazis con los judíos. En democracia no tiene cabida el fascismo”, ha declarado la número dos de la lista de Unidas Podemos, Isa Serra. El líder de la formación, Pablo Iglesias, también ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía y solicita que inicie acciones penales por delito de odio. El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid considera que el contenido del mismo es “discriminatorio y de carácter xenófobo, rechazando al extranjero”. El texto de la denuncia recoge que “los carteles electorales alientan el odio, la humillación, menosprecio y descrédito por razón de su raza y origen a los MENAS, pertenecientes estos a un colectivo discriminado y especialmente vulnerable dado que se trata de menores”, añade, “que se encuentran en acogimiento residencial”, informa Paula Chouza.

El PSOE también ha presentado una denuncia ante el decanato de los juzgados de instrucción “a fin de depurar las responsabilidades penales”. Los servicios jurídicos de Ferraz consideran que Vox, “desatendiendo totalmente el fin con el que debe emplear sus espacios publicitarios con fines electorales” dentro de la campaña del 4 de mayo, utiliza el cartel “para lanzar mensajes de odio” contra el colectivo de los menores extranjeros no acompañados. El objetivo evidente que se persigue, según los socialistas, con el mensaje de que el supuesto coste de los migrantes de menos de 18 años llega a los 4.700 euros mensuales frente a las pensiones de 426 euros al mes “es intentar que se compare con datos absolutamente falsos el gasto que se destina a uno y otro colectivo desde las administraciones públicas”. El mensaje de “protege Madrid” es “un claro y evidente intento de conexión de la falta de seguridad con los menores extranjeros”, concluyen.

Otras denuncias

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado ante la Fiscalía el cartel electoral de Vox sobre menores migrantes porque considera que puede constituir un delito de odio, ya que "promueve, incita y fomenta directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación y violencia hacia los niños".

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