La española retenida cuatro días en un centro de inmigrantes del Reino Unido ya está en casa de su hermana

María, el nombre ficticio con que ha contado su historia, fue víctima de la ley de inmigración posterior al Brexit

Control de fronteras en el aeropuerto de Heathrow, en Londres.
Control de fronteras en el aeropuerto de Heathrow, en Londres.DANIEL LEAL-OLIVAS (AFP)

Ha sido una pesadilla de cuatro días que ha puesto en evidencia la nueva realidad del Brexit, ni tan idílico ni tan amable como muchos británicos presuponen. La joven española retenida durante cuatro días en el centro para inmigrantes de Yarl’s Wood, en Berdfordshire, dormirá este viernes en el domicilio de su hermana en el Reino Unido.

María —el nombre ficticio con el que quiere, por el momento, ocultar su identidad— llegó al aeropuerto londinense de Gatwick el pasado lunes por la noche. Es de Valencia. Tiene 25 años. Había emprendido la aventura británica que otros muchos jóvenes europeos han realizado durante décadas en 2019. Estuvo seis meses de ese año trabajando, con contrato legal, en la hostelería. Y disfrutando de la experiencia junto a su hermana y su mejor amiga, que en esta pesadilla han sido su tabla de salvación. Después de regresar a España por motivos académicos —unos exámenes pendientes— quiso volver al Reino Unido. Estaba convencida de que su estancia previa le permitiría obtener el llamado UK pre-settlement status, el permiso de residencia y trabajo que el Gobierno británico concede a todos los ciudadanos comunitarios que puedan demostrar su permanencia en el país previa al 31 de diciembre pasado. El plazo para solicitarlo se extiende hasta el próximo 30 de junio. Y cometió el “error” de decir en el control fronterizo que volvía al país “por motivos laborales”. Allí comenzó la odisea. Retención durante varias horas en una sala del aeropuerto y viaje de madrugada —a las tres de la mañana— a un centro de retención de inmigrantes, establecimientos que, en su mayoría, gestionan empresas privadas incapaces de controlar con precisión los detalles concretos de cada caso.

Las horas pasaban sin ningún tipo de información y fueron las pesquisas de su mejor amiga —ha pedido que se la identifique como Ana— las que lograron al final dar con ella y obtener algún tipo de información. “Ha sido complicadísimo, un verdadero calvario”, cuenta. “Ella no ha estado mal durante este tiempo, aunque ha pasado frío y solo le han dejado disponer de una muda. Afortunadamente, guardaba la tarjeta SIM del teléfono británico que compró en su momento y le han dejado usarla en un teléfono que le han prestado. Ha sido el modo de poder estar en contacto estos días”.

Consciente del error

María “es consciente del error que cometió”, dice su amiga. Y por eso imploró a los agentes de frontera que le permitieran regresar a España en el primer avión de vuelta. No atendieron a sus peticiones —a pesar de que, en otros casos similares, sí se ha procedido de ese modo— y la llevaron hasta el centro. Todo se complicó al saber que se habían dado algunos casos positivos de coronavirus en las dependencias que compartía con otros inmigrantes. Esa información la conocieron su hermana y su amiga al viajar hasta allí e intentar hablar con ella. No se lo permitieron. Temieron que, en esas circunstancias, la estancia de María en el centro se prolongaría al menos durante diez días, el tiempo exigido por el Gobierno británico de cuarentena. “Necesitaba sus objetos personales, su aparato dental y otras cosas, pero se lo habían requisado. Rellenó un formulario a los dos días, pero ni aun así se los dieron. Puedes imaginar que durante todo este tiempo ha estado mal, desorientada e impaciente”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español, a través de los servicios consulares en el Reino Unido, se interesó por ella en cuanto supo del asunto. Hablaron con ella al menos un par de ocasiones, para saber cuál era su estado. Y contactaron con el Ministerio del Interior británico para obtener más información. “Sobre todo para garantizar que se respetaran sus derechos y comprobar si necesita cualquier cosa. Pero se trata de la legislación de inmigración de otro país y en ese caso no podemos realizar ningún tipo de intermediación legal”, explican a EL PAÍS fuentes del ministerio. “Confiamos en que pueda salir en unos días”. La presión, de los medios y de los amigos de María a través de las redes sociales, ha ayudado a aliviar su situación. Ya está en la residencia de su hermana, donde deberá cumplir la cuarentena completa. No le han entregado su pasaporte y no sabe si en algún momento regresarán para llevar a cabo su deportación. Quiere descansar y contar su historia como es debido cuando ella misma aclare su cabeza después de estos días surrealistas.

Aunque admite que “está observando de manera urgente el caso”, el Ministerio del Interior británico ha asegurado a EL PAÍS que no comenta casos aislados, pero recuerda que “aquellos que no fueran residentes antes de la fecha establecida [31 de diciembre de 2020], como espera la ciudadanía británica, deberán esperar que se les exija un derecho a vivir o trabajar en el Reino Unido”.

Asuntos Exteriores reconoce que no es el primer caso, aunque los anteriores —unos ocho— no han sido tan extremos. Insisten en que divulgó una campaña exhaustiva de información a los ciudadanos durante los meses anteriores a la llegada del Brexit. Igual que en el Reino Unido. El Gobierno de Johnson ha aprobado una nueva ley de inmigración basada en un sistema de puntos por la que los ciudadanos comunitarios son tratados del mismo modo que los inmigrantes procedentes del resto del mundo. Y más de cinco millones de europeos se han acogido al mecanismo que les permite retener sus derechos previos a la salida del Reino Unido de la UE. Entre ellos, la hermana y la amiga de María. Es la nueva realidad del Brexit, aunque todavía resulte chocante para muchos que un ciudadano europeo pueda acabar, en un país europeo, retenido sin más explicaciones en un centro para inmigrantes.



Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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