El juez imputa al comisario Olivera por su supuesta implicación en el boicot a la investigación de Gürtel

El inspector Morocho contó que el policía intentó comprarle con destinos mejor remunerados

El exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera a su llegada a la Comisión sobre el espionaje ilegal a Bárcenas del Congreso, el pasado mayo.
El exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera a su llegada a la Comisión sobre el espionaje ilegal a Bárcenas del Congreso, el pasado mayo.Europa Press

El juez Manuel García-Castellón ha imputado al comisario José Luis Olivera por los delitos de malversación y prevaricación por su supuesta implicación en las maniobras para boicotear el caso Gürtel, según confirman fuentes jurídicas. El magistrado ha tomado esta decisión en el marco del caso Kitchen, donde indaga el espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas para robarle documentación antes de que llegara a la Audiencia Nacional. Esta iniciativa del instructor llega después de que Manuel Morocho, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado de la investigación de la red de corrupción que asola al PP desde 2009, narrase el martes cómo sus superiores intentaron torpedear las pesquisas y cómo Olivera, que actualmente ejerce como asesor de seguridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), trató de comprarle con el traslado a destinos mejor remunerados económicamente.

García-Castellón ha fijado el interrogatorio de Olivera a las 10.00 del próximo 28 de junio. Según ha previsto el juez, su declaración se producirá un día antes de que desfile por la Audiencia Nacional la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, citada el 29. Además, el 30 de junio, lo hará el marido de la expolítica, el empresario Ignacio López del Hierro, y el 1 de julio, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante la época de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Todos ellos se encuentran imputados por la Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas cuando estalló el escándalo de los papeles de Bárcenas y con el presunto objetivo de robarle material sensible que afectara a altos cargos del PP.

La Fiscalía Anticorrupción hace meses que señaló a Olivera como sospechoso por su supuesta implicación en la trama liderada por Villarejo. El ministerio público considera que existen suficientes indicios de que ambos estaban al tanto de la Operación Kitchen. Incluso subraya que constan en el sumario “serios elementos indiciarios acerca de la posible existencia de acuerdos económicos entre la organización criminal en torno al Grupo Cenyt”, encabezada por Villarejo, y el propio Olivera. Este último fue jefe de la UDEF hasta 2012, cuando pasó a estar al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), que después se renombraría como CITCO. De este puesto fue cesado en 2018, tras llegar Fernando Grande-Marlaska a Interior.

Morocho, principal investigador de la trama Gürtel y autor de gran parte de los informes que han llevado al PP al banquillo, puso sobre la mesa el nombre de Olivera el pasado martes, cuando relató al juez cómo le presionaron durante años para quitar los nombres de dirigentes del partido de sus informes; cómo lo sobrecargaron de trabajo y movieron de sitio para frenar las pesquisas y cómo trataron de comprarlo con un destino mejor dotado económicamente. “Me deja usted un panorama desolador”, llegó a afirmar el magistrado al escuchar el testimonio del agente.

La llamada del ministro

El relato del inspector jefe de la UDEF impacta de lleno en la investigación de Kitchen, cuyo inicio se fija en julio de 2013, ya que evidencia que los intentos del entorno del PP de torpedear el caso Gürtel se remontan a mucho antes. Morocho afirma que en 2009 ya comenzaron las presiones públicas, pero que estas adquirieron otra dimensión en 2012 tras la llegada de los populares a La Moncloa. Según él, la cúpula policial empezó entonces a tratar de frenar sus indagaciones. Y, ante los intentos infructuosos, trataron de comprarlo. En ese sentido, el agente narró cómo en el verano de 2013, cuando ya había estallado el escándalo de la caja b tras publicar EL PAÍS los conocidos como papeles de Bárcenas, sus superiores le ofrecieron el traslado como agregado de Interior a alguna embajada, proponiéndole entre varias la de Lisboa, un puesto con una remuneración que supera los 10.000 euros mensuales.

Según la versión de Morocho, este intento de comprarlo llegó a través del comisario Olivera, en un encuentro que mantuvieron en junio de 2013 en una cafetería de Madrid. Durante la conversación, según dijo el inspector, Olivera recibió una supuesta llamada del entonces ministro Fernández Díaz, de la que dedujo que este le preguntaba precisamente por su conversación con el responsable de la investigación del caso Gürtel: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, ha asegurado Morocho que dijo Olivera a su interlocutor. “Ves, me llama hasta el ministro”, remachó al colgar. El abogado de Fernández Díaz negó que se produjese esta llamada entre su cliente y el mando policial.

Fiscalía pide 10 años de cárcel para otro comisario

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado diez años de cárcel para el comisario Carlos Salamanca por una línea de investigación del 'caso Villarejo'. El ministerio público mantiene que el agente, que trabajaba en el aeropuerto de Barajas, permitió la entrada ilegal en España de empresarios de Guinea Ecuatorial a cambio de regalos. Por ello, le atribuye delitos de cohecho, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de prevaricación administrativa. La Fiscalía también pide seis meses de cárcel para Francisco Menéndez Rubio, un antiguo cliente de Villarejo, por su implicación en esta parte de la trama. Menéndez Rubio, abogado y empresario, envió en 2017 una denuncia anónima a Anticorrupción que permitió abrir la investigación de esta macrocausa. Podemos, personado como acusación popular, pide penas más duras: 15 años y 6 meses de prisión para Salamanca, y dos años y tres meses para Menéndez Rubio.


Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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