crisis diplomática con marruecos

El fiscal de Menores de Ceuta: “Un pabellón no es un sitio donde los niños puedan vivir”

José Luis Puerta, que abrió una investigación sobre las devoluciones en caliente durante la crisis migratoria con Marruecos vivida hace un mes, alerta de que la situación en la ciudad no es sostenible

El fiscal de Menores de Ceuta, José Luis Puerta, el jueves.
El fiscal de Menores de Ceuta, José Luis Puerta, el jueves.Joaquín Sánchez

Ha pasado un mes desde que unas 10.000 personas nadaron a la desesperada para entrar en Ceuta ante la mirada impasible de los guardias marroquíes y la situación sigue siendo de emergencia. La mayoría volvieron voluntariamente o fueron expulsados a Marruecos, pero más de 820 menores llegados en mitad del caos continúan hacinados en centros de una ciudad sin recursos para atenderlos. Otros 200, que fueron identificados como menores en los primeros días, están fuera del radar del sistema. En casas, en la calle o en Marruecos: no se sabe dónde están. A estos hay que sumar un número indefinido de chavales que nunca fueron identificados y que siguen a la intemperie. “Ceuta es una ciudad pequeña, no tiene medios para asumir esta situación”, advierte el fiscal de menores de la ciudad autónoma, José Luis Puerta.

Puerta (Granada, 57 años) acudió los primeros días de la crisis a la nave del Tarajal, el primer espacio que se habilitó para acoger a los más pequeños. Durante días los niños permanecieron sin sombra, sin camas suficientes, comiendo apenas bocadillos y madalenas y haciendo sus necesidades donde podían. “Aquellos días había descoordinación entre la policía y la ciudad autónoma, no estaba claro quién se ocupaba de qué y las condiciones higiénicas no eran adecuadas”, recuerda el fiscal.

Las condiciones han mejorado desde entonces, pero siguen sin ser adecuadas. La ciudad ha habilitado dos naves industriales, un pabellón polideportivo y un espacio con decenas de barracones en mitad de un descampado. En las naves y en el polideportivo no entra la luz del sol y los chicos pasan ociosos prácticamente toda la jornada. “He visitado el polideportivo y aquello es un pabellón con camas y unos baños portátiles. Como situación de urgencia vale, pero no puede mantenerse en el tiempo. Se puede estar así dos o tres meses, pero no más”, advierte Puerta. “Un pabellón no es un sitio para vivir”.

El miedo de los niños, temerosos de ser devueltos a su país, es además una mecha imprevisible que prende rápido. “Se escapan. Cuando se dijo en los medios que el rey de Marruecos había dado orden de facilitar la repatriación de los menores hubo un conato de fuga. Los chicos se pusieron muy nerviosos”, recuerda el fiscal. “Me preocupa, sobre todo, el hacinamiento y los problemas de convivencia que puedan surgir”, dice Puerta. “Son muchos chicos en una edad muy difícil”. El fiscal también alerta de que queda un par de meses para el inicio del curso escolar. “No sé cómo se hará, pero los niños tienen que estar escolarizados”, mantiene.

Las cosas en Ceuta no salieron como se pensó en un principio. A pesar del millar de niños que ya se había contabilizado en los primeros días y que deberían permanecer acogidos, las autoridades locales y nacionales esperaban que la mayoría de los padres querría recuperarlos. Pero no fue así. La mayor parte de las familias ha preferido que sus hijos se queden en España. Se ha visto con los casi 79 padres y madres que llegaron a mandar la documentación de sus hijos, alimentando la esperanza de las autoridades locales de reagruparlos, pero finalmente no han mostrado interés en que vuelvan, según fuentes del Gobierno de la ciudad.

También se han frustrado, de momento, cinco reagrupaciones, que ya habían cumplido todos los trámites legales, por la falta de colaboración de las autoridades marroquíes. “Depende de la voluntad de Marruecos. Los agentes tienen que permitir que los progenitores entren en Ceuta o que se acerquen a la frontera para que la entidad pública verifique que los niños no muestran rechazo al ver a sus familiares. Esa entrega de los niños, con buen criterio a mi parecer, debe realizarse a los propios padres y no a la policía”, explica Puerta. Las únicas reagrupaciones que se han podido realizar han sido con familiares que ya estaban en la Península. Apenas nueve, según los datos que maneja el Área del Menor del Gobierno local.

Durante los primeros días también se esperaba que buena parte de los chiquillos serían declarados adultos tras las pruebas para determinar su edad. Pero tampoco está siendo así. Hasta ahora se han incoado 229 exámenes forenses a los chavales que aparentaban ser mayores, se han realizado alrededor de 120 pruebas y se han obtenido cerca de 70 resultados. “Prácticamente la totalidad” ha revelado que no llegan a los 18 años, según el fiscal.

Hay un problema añadido para poner cierto orden en la situación, según Puerta: la lentitud de la Policía para reseñar a los menores, inscribirlos en el registro oficial y darles un número de NIE. Ese trámite es indispensable para identificarlos formalmente, para realizarles las pruebas de determinación de la edad, elaborar y registrar su historial clínico, gestionar su posible repatriación, su tutela o un futuro traslado. Es el primer y más básico trámite para que entren en el sistema de protección. “Va muy lento. Son muy pocos y sin la identificación no podemos seguir”, advierte. Fuentes conocedoras de la situación señalan que, en el mes que ha transcurrido desde las entradas masivas, la policía ha reseñado 1.108 menores, pero solo ha inscrito en el registro oficial a poco más de 200.

La solución sigue sin concretarse y no será inmediata. “No veo ninguna solución buena”, lamenta el fiscal. “La única es trasladarlos a la Península o bien a Europa y hablar con entidades que puedan hacerse cargo porque las administraciones públicas no tienen suficiente capacidad”, defiende Puerta. La ciudad está de hecho estudiando cómo mandar a los menores a la Península y que sean ONG especializadas las que se encarguen de su acogida, sin que dependa de la solidaridad y los fondos de los gobiernos autonómicos. En un principio, se pensó en delegar en las entidades también la tutela de los niños, pero ese trámite alargaría aún más el proceso. La ciudad asume ya que será la tutora legal de los chavales, aunque luego sean acogidos en otro lugar. Solo ese trámite de formalizar la tutela puede demorarse en circunstancias normales un mínimo de tres meses.

Devoluciones en caliente de menores

A finales de mayo llegó a la Fiscalía una denuncia de la ONG Coordinadora de Barrios que ha empujado a Puerta a investigar las expulsiones de niños, fuera de cualquier marco legal, que se realizaron la semana del 16 de mayo. En el escrito se denunciaba la devolución en caliente de Ashraf, un adolescente marroquí de 16 años, que entró en la playa del Tarajal con un flotador hecho de botellas de plástico e implorando a los militares que lo entendiesen. Su expulsión fue grabada en vídeo por el fotoperiodista Jon Nazca, de la agencia Reuters y, ya en Marruecos, Ashraf contó a EL PAÍS cómo los militares españoles lo habían obligado a volver, no una, sino dos veces. A la denuncia se sumaron otros dos escritos de Fundación Raíces y la Plataforma de Infancia solicitando que investigase esta y otras devoluciones.

El fiscal busca ahora saber qué ocurrió en esa puerta de la valla que separa ambos países y, para ello, pidió a la Comandancia General de Ceuta que le informase de cuáles eran las órdenes e instrucciones ante la devolución de menores de edad, vetadas ex profeso en la última sentencia del Constitucional sobre las devoluciones en caliente. Aún no ha obtenido respuesta. La Fiscalía sí cuenta con las imágenes que solicitó a la agencia y en ellas, según el fiscal, “se ve a los militares expulsando no solo a un menor, sino a varios”. También ha visto las imágenes que le ha facilitado la Guardia Civil, aunque en ellas no se aprecia el detalle de lo sucedido, explica.

“Que hubo devoluciones de menores está claro, se ve en las imágenes”, afirma Puerta. “Ahora hay que identificar quién es el autor y estudiar si es delito o no”, explica. “El autor pueden ser los militares o el superior que dio la orden. Hay que saber si la orden partió de más arriba”. “El procedimiento de repatriación de menores está contemplado en la ley y su incumplimiento puede ser un delito de prevaricación o una infracción administrativa”, afirma. “Para que sea un delito es necesario que la orden sea arbitraria, contraria al derecho y no haya ninguna forma lógica de explicar el apartamiento de la ley”.

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