Las agendas de Villarejo confirman la operación ilegal para salvar al PP y a Rajoy

El comisario anotó el interés del ministro Fernández Díaz por las grabaciones y los recibís que pudiera guardar Bárcenas

María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, sale del Congreso el pasado 2 de junio.
María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, sale del Congreso el pasado 2 de junio.E. Parra / Europa Press

El 17 de julio de 2013, solo dos días después de que Luis Bárcenas, extesorero del PP, protagonizase ante el juez Pablo Ruz la confesión más explosiva de la democracia sobre 20 años de corrupción en su partido, altos mandos policiales maquinaron de urgencia una operación ilegal para evitar más daño al Gobierno de Mariano Rajoy.

Aquella confesión de Bárcenas dejó algunas preguntas sin respuesta sobre la existencia de grabaciones o más pruebas documentales de la corrupción del PP. Y los comisarios de policía con más poder, alentados por sus jefes políticos de Interior, se pusieron a buscar esos nuevos indicios para que no llegaran al magistrado instructor, según la investigación judicial.

Esas oscuras maniobras, conocidas como Operación Kitchen, han desencadenado la imputación de media docena de mandos policiales y de los dos principales responsables políticos de Interior en aquel momento, el ministro, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado, Francisco Martínez.

El juez que instruye el caso acumula numerosos indicios de aquellas actividades supuestamente delictivas. Pero ahora las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, incautadas en octubre pasado en uno de los domicilios del comisario, han destapado nuevas pruebas para apuntalar todas las sospechas.

Jorge Fernández Díaz, uno de los ministros más leales al entonces presidente Mariano Rajoy, estaba al tanto de todo el plan policial para buscar los secretos que Bárcenas aún no había confesado al juez. Para demostrar este hecho, Francisco Martínez, número dos de Interior, levantó acta notarial de los mensajes telefónicos que le envió el ministro sobre la operación ilegal en marcha.

El sábado 13 de julio de 2013 ya se sabía que el lunes siguiente Bárcenas iba a tirar de la manta ante el juez. Ese sábado, el ministro envió este mensaje a su secretario de Estado: “Chófer B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con la mujer). Es importante”. El chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, era una pieza clave de toda la trama policial porque se convirtió en confidente de la policía para conocer lo que podía guardar el extesorero.

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Pero el ministro sostuvo ante el juez que nunca envió ese mensaje ni conoció ni ordenó ninguna operación policial para robar documentación a Bárcenas que pudiera comprometer al PP y al Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, los cuadernos encontrados en un registro dirigido por la Fiscalía Anticorrupción en la casa de Villarejo apuntalan ahora la versión de Martínez y comprometen al ministro del Interior.

Lo que sigue resume dos semanas de la agenda de Villarejo desde el 17 de julio de 2013, dos días después de la confesión explosiva de Bárcenas ante el juez y cuatro días después de que el ministro del Interior alertara supuestamente a su número dos del papel clave que podía desempeñar el chófer de la familia Bárcenas.

17 de julio de 2013. “Sobre grabación LB. Pendiente conductor”. Enrique García Castaño, entonces comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), al que se encarga la operación de espionaje ilegal a Bárcenas, según él mismo ha confesado, habla con su compañero José Manuel Villarejo. Este comisario apunta en su agenda de ese día bajo el nombre BIG, con el que denominaba a García Castaño: “Sobre grabación LB – pendiente conductor LB. Gabinete de crisis. Seguimiento para ver dónde están los temas”.

La captación del chófer como confidente de la policía todavía estaba pendiente. García Castaño se había aproximado al conductor sin demasiado éxito. Y Villarejo lo registró en su agenda.

18 de julio de 2013. “Forzando contacto con chófer L. B.” Villarejo apunta en su agenda una clave para lograr que el chófer de Bárcenas colabore en la Operación Kitchen. La clave se llama Andrés Gómez Gordo, un policía de confianza de Dolores de Cospedal, que le ha nombrado director general en Castilla-La Mancha. Villarejo escribe: “ANDRÉS GÓMEZ ha recurrido SERGIO el conductor para contarle que se le han acercado”. Ese mismo día, Villarejo habla supuestamente con Ignacio López del Hierro, pareja de Cospedal, y escribe: “Él se encarga de hablar con ANDRÉS GORDO”. A la vez, el comisario Villarejo registra en su agenda otra conversación con el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez: “Forzando contacto con chófer LB. Quedo en cerrar la reunión”.

22 de julio de 2013. “CHEF. Al principio desconfiado. Después más receptivo”. Villarejo presumió ante el juez de su éxito al captar al chófer de Bárcenas como confidente tras el fracaso de García Castaño para convencerle. Y así lo anota en su agenda: “SERGI CHEF. Al principio desconfiado. Después se ha mostrado más receptivo. Quedo en darle mañana 2.000 y teléfono. Después, todo lo demás”.

La investigación judicial ha descubierto y acreditado con documentos el pago de 2.000 euros mensuales al chófer de Bárcenas durante dos años por su colaboración. Ese dinero salió de la partida de fondos reservados de Interior. Villarejo puso el nombre de CHEF o COCINERO para denominar a Sergio Ríos en sus apuntes. Solo tres días después de esa anotación, escribe otra: “CHEF. Llamada últ. Hora para reactivar todo. A partir de ahora todo OK”.

22 de julio de 2013. “CHISCO. Muy preocupado por datos CHEF”. Chisco es el nombre que Villarejo utiliza en sus anotaciones para identificar al secretario de Estado Francisco Martínez. Habla con Villarejo y este anota:

“Muy preocupado por datos CHEF. Sobre grabaciones actualmente en su poder”. Bárcenas puede tener guardadas grabaciones con líderes del PP sobre la financiación ilegal del partido, pero aún no las han encontrado. Tres días después de esa conversación, Martínez vuelve a hablar con Villarejo y el comisario anota que el ministro del Interior está muy interesado en conversar sobre recibís y grabaciones, las dos pruebas que, de existir, pueden hundir al Gobierno de Rajoy.

30 de julio de 2013. “Llamadas sistemáticas del minis sobre L. B.”. El 30 de julio, solo dos días antes de que el presidente del Gobierno acuda al Parlamento acosado por el escándalo de la financiación ilegal de su partido y la confesión judicial de Bárcenas, el número dos de Interior vuelve a hablar con Villarejo, quien recoge así su preocupación: “Llamadas sistemáticas del minis sobre L.B.”.

Villarejo retrata en su agenda un mes trepidante para el futuro del Gobierno de Rajoy y del PP. Otras pruebas destapadas durante la investigación apuntalan la veracidad de lo recogido en las agendas del comisario.

El fiscal pregunta si Cospedal y Trillo planearon anular Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción descubrió a finales de 2018, casi un año después de la detención y encarcelamiento del comisario José Manuel Villarejo, un apunte sospechoso en la documentación incautada que hacía referencia a una supuesta operación para anular el caso Gürtel, cuyo coste estimado oscilaba entre ocho y 12 millones de euros en función del éxito del proyecto.

 

Los fiscales encargados de la investigación pensaron que se trataba de otro de los negocios ilegales del comisario, pero nunca encontraron ingresos en las empresas de Villarejo que se pudieran corresponder con esa operación, ni grabaciones en las que se hiciera referencia al supuesto cobro del dinero por esa actividad.

 

A raíz de que la investigación judicial descubriera la Operación Kitchen, el espionaje policial ilegal al extesorero Luis Bárcenas y a su familia con el objetivo de sustraerle documentación u otro tipo de pruebas que guardara contra el PP, la Fiscalía se topó de nuevo con el plan de Villarejo para anular el caso Gürtel.

 

En uno de los últimos interrogatorios a Bárcenas sobre la Operación Kitchen, el extesorero del PP contó que el abogado Ignacio Peláez, ya fallecido, le visitó un día en la cárcel. “Y me puso por escrito que existía la posibilidad de desmontar todo el caso Gürtel, porque las personas que controlaban el tema tenían una información de que las grabaciones de este procedimiento estaban manipuladas y que esa manipulación podía producir la nulidad de todo el procedimiento. En ese tema participaban los comisarios en cuestión, José Antonio González, José Luis Oliveras y José Manuel Villarejo. Y para que ese tema prosperase, la cantidad que pedían no sé si eran 10 o 12 millones de euros, que si entre nosotros nos poníamos de acuerdo y aportábamos esa cantidad o empresarios imputados en el procedimiento, ese tema podría salir adelante”. Barcenas, según siguió relatando al juez, estaba dispuesto a poner su parte alícuota, pero el proyecto fracasó y Peláez llegó a exigir al extesorero que desmintiera por escrito ese supuesto ofrecimiento. El fiscal Anticorrupción, presente en la declaración, preguntó a Bárcenas si la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, estaba al tanto de este ofrecimiento y pudo intervenir en el plan. “A mí no me consta”, contestó el extesorero. A continuación, el fiscal insistió: “¿Y le consta que tuviera información Federico Trillo?". Y Bárcenas aseguró que no lo podía afirmar, pero explicó que Trillo era la persona “encargada por Mariano Rajoy” del procedimiento judicial del caso Gürtel. “Uno de los interlocutores de Trillo para saber por dónde iban los tiros del procedimiento era Ignacio Peláez, lo mismo que lo era Enrique López por otra parte, ¿eh?”. Enrique López era en esa época (2012-2014) magistrado del Constitucional a propuesta del Gobierno del PP. Dimitió tras ser imputado por conducir borracho. Ahora es consejero de Justicia del Gobierno de Madrid.

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