Juan Carlos Campo, ministro de Justicia: “No había alternativa al indulto”

El titular de la cartera que ha pilotado la concesión de la medida de gracia espera de los independentistas “diálogo constructivo dentro del marco legal” y ve “implanteable” una amnistía o un referéndum

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, en su despacho en la sede del ministerio, este miércoles. En vídeo, parte de la entrevista. FOTO: SAMUEL SÁNCHEZ/ VÍDEO: OLIVIA L. BUENO

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 60 años), ha pilotado una decisión que marcará el Gobierno de Pedro Sánchez: los indultos a los líderes independentistas condenados por sedición. Admite que no existe garantía de éxito, pero sostiene que no había otra alternativa. Ante el diálogo con los independentistas, considera “implanteable” una amnistía o el referéndum pactado.

Pregunta. ¿El convencimiento de que había que indultar a los presos por utilidad pública existía desde el principio o es fruto de una evolución?

Respuesta. Es fruto de analizar muchas cuestiones. Esto se nos plantea cuando se solicitan los indultos, no es una decisión que nazca del Gobierno. Y a partir de ahí se empieza a formar un cuerpo de opinión a nivel individual y de Gobierno. La maduración de la propuesta culmina con los indultos parciales.

R. El presidente, Pedro Sánchez, aseguró que cumplirían íntegra la pena. ¿Ha claudicado el Gobierno, aunque sea por interés general, como defienden?

R. No es un problema de claudicación, sino de convencimiento. No había alternativa al indulto. Eso ya lo habían hecho otros y fracasaron. El Gobierno respeta la sentencia del Supremo, pero mientras la unidad de España quedó restablecida en unos segundos [tras la declaración unilateral de independencia], la fractura de la sociedad se ha agudizado. Y la función de un Gobierno es remover los obstáculos para garantizar la convivencia.

P. Ha dicho que no había alternativa al indulto, ¿el Gobierno analizó ese escenario?

R. Sí, y la conclusión es que dar [rechazar] los indultos negativos no eran la solución porque no se iba a resolver el problema. Hay momentos en los que los Gobiernos tienen que poner elementos positivos para cambiar las cosas. No tenemos garantía de que esto sea exitoso, pero no nos perdonaríamos no intentarlo.

P. Ha habido indultos controvertidos, pero pocos con la oposición del tribunal y de la Fiscalía. ¿Pesó algo esa opinión?

R. Ha sido muy tenida en cuenta. Pero no son informes vinculantes y lo que hay que hacer es explicar por qué ejerce el Gobierno ese acto de discrecionalidad. Es verdad que esos informes hacen más referencia a la justicia y la equidad. Las razones de utilidad pública son las que pone en la mesa el Gobierno. Se ha estudiado mucho la jurisprudencia del Supremo y hasta dónde llega su control sobre un acto que es político.

P. ¿Le sorprendería que prosperaran los recursos?

R. Uno lleva al Consejo de Ministros una propuesta pensando en la corrección absoluta. Esperemos que sea así y no haya ningún reproche del Supremo.

P. El Supremo consideró que perdonar a los presos era un autoindulto. ¿Entiende que resulte cuestionable indultar a líderes de sus socios de investidura?

R. Las opiniones son perfectamente admisibles, lo que no quiere decir que se comparta. Pero la lectura del artículo 102 de la Constitución y la doctrina sobre él ponen de manifiesto que el Gobierno no puede indultarse a sí mismo. No voy a decirle al Supremo cómo tiene que pronunciarse, pero tengo claros los criterios seguidos para proponer los indultos.

Juan Carlos Campo, en su despacho en la sede del ministerio de Justicia.
Juan Carlos Campo, en su despacho en la sede del ministerio de Justicia.Samuel Sánchez

P. Algunos condenados han desdeñado el indulto, ¿le hubiera gustado otra actitud?

R. Claro, sin duda. Pero no es lo que más nos preocupa. Lo importante es el interés general y este está por encima del de los beneficiados del indulto. ¿Que me hubieran gustado otras actitudes? Pues sí, pero no pasa nada. Y por eso la ley no exige el arrepentimiento para indultar.

P. La justificación legal del indulto es la utilidad pública. ¿Pero había también razones de justicia o de equidad?

R. El Gobierno se ha centrado en las de utilidad pública. Esto no es una revisión de la sentencia. No se trata de una cuestión de justicia ni equidad.

P. ¿Se plantearon no indultar el delito de malversación?

R. El indulto es sobre una pena, no se quitan los dos delitos ni un delito sí y otro, no.

P. El PSOE pidió en el Congreso, siendo usted portavoz de Justicia, una reforma de la ley del indulto para excluir delitos de corrupción. ¿Ya no lo defendería?

R. Las circunstancias de hoy hacen que parte de la condena penal sea perdonada, con unas condiciones y por interés general.

P. Los expedientes aluden a que muchos ciudadanos piensan que las penas fueron desproporcionadas. ¿Usted lo cree?

R. No, eran las que procedía en Derecho. No consiguieron romper la unidad de España porque esta está garantizada por la Constitución, pero la fractura social continúa.

P. Si no son desproporcionadas las penas, ¿hay que reformar el delito de sedición?

R. Sí, hay que hacerlo. No solo reformar el delito de sedición o de rebelión, sino que hay que tocar todos los elementos del orden público como bien jurídico protegido. No se trata de bajar la pena en un delito o en otro, sino de articular una respuesta jurídico-penal adecuada. Cuando esté ultimada, se llevará a debate.

P. ¿Penalizará la desobediencia reiterada al Constitucional?

R. Se está estudiando. Dotamos al Constitucional de unas competencias, pero no hemos establecido respuestas a esas conductas. Hay que verlo. Y ver cómo lo tratan en otros países y acoger el modelo que más se parezca a nuestro sistema.

P. La reforma de la sedición podría beneficiar a Puigdemont, ¿lo asume el Gobierno?

R. El Gobierno lo que desea es que los huidos de la Justicia rindan cuentas ante ella. Cuando se modifica un Código Penal no se hace pensando en alguien, sino pensando en la generalidad.

P. Con la reforma que preparan, ¿Puigdemont sería detenido y encarcelado si vuelve?

R. La reforma del Código Penal no es a corto plazo, es una ley orgánica que tiene unos tiempos bastante generosos.

Juan Carlos Campo, durante la entrevista.
Juan Carlos Campo, durante la entrevista.Samuel Sánchez

P. ¿Los indultos refuerzan los argumentos de los condenados ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos?

R. En absoluto. El derecho al indulto está reconocido en todos los sistemas, el propio Tribunal Europeo ha dicho que tiene que haber mecanismos de clemencia.

P. ¿Una victoria de los presos en Europa cuestionaría el juicio más importante de la historia reciente de España?

R. Lo que tengo claro es que, con esta medida difícil y que puede ser incomprendida por muchos, gana la convivencia.

P. ¿La ley del indulto debería también reformarse?

R. No es bueno hablar de los cambios legislativos en situaciones concretas. Deben venir fruto de un análisis de pros y contras.

P. ¿Pero está entre sus objetivos reformarla?

R. No, no está en cuestión.

P. ¿Sería partidario de reformarla para excluir del indulto algunos delitos como propuso en su momento el PSOE?

R. Soy partidario de debatirlo todo y, si hay consenso, poder llevarlo a la ley.

P. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho que es la hora de la amnistía, del derecho a la autodeterminación y de un referéndum acordado. ¿Descarta un cambio legal para dar cabida a alguna de estas iniciativas?

R. El Gobierno quiere favorecer el diálogo y hacerlo con el ordenamiento jurídico vigente. La idea de una amnistía es implanteable; la idea de un referéndum pactado es implanteable. La amnistía supone el olvido y el indulto supone el perdón para construir a partir de ahí, pero sin olvidar que hubo unos acontecimientos en 2017 muy graves y que no deberían repetirse.

P. ¿Qué gesto esperan ahora de los independentistas?

R. Esperamos una actitud para el diálogo constructivo dentro del marco legal.

P. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa apoya los indultos y la retirada de las euroórdenes contra los independentistas huidos. ¿Lo comparte?

R. No comparto ni el método ni la solución, pero respeto todos los pronunciamientos. Tengo muy claro que somos un Estado de derecho de primera, una democracia plena. Y de pleno respeto a la separación de poderes.

P. ¿Le preocupa que se equipare a España con Turquía?

R. Claro que me preocupa porque es un gran desenfoque.

P. ¿Y por qué ha pasado?

R. Hay que preguntárselo a la Asamblea.

P. ¿No ha indagado el Gobierno o usted como ministro?

R. El Gobierno es muy respetuoso con los organismos internacionales. Si consideran que han debido votar eso, ellos sabrán.

P. Tras lo ocurrido en la pandemia de covid-19, ¿hay que reformar las leyes sanitarias?

R. Creo que tenemos que seguir con el ritmo de vacunación actual. Tenemos una sociedad que sabe luchar en los momentos más críticos y tenemos que poner todas nuestras energías en aplicar bien los fondos de recuperación y poner al país donde todos queremos

P. Pero al margen de eso, ¿cree que hay que reformar las leyes sanitaria?

R. Creo que tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en la recuperación del país.

P. ¿Tiene el Gobierno algún plan b para convencer al PP de renovar el Consejo General del Poder Judicial? ¿Se plantean reformar el sistema de elección de los vocales para que rija ya para la próxima renovación?

R. La única fórmula que hay es hacerle ver al PP que el cumplimiento de la Constitución no tiene excusas. Hay que renovarlo. Se puede hablar de soluciones, pero tengo claro que no hay alternativa a la renovación. No podemos jugar con las instituciones. No se nos puede llenar la boca diciendo por un lado que hay que cumplir la Constitución y, por otro, no cumplirla. Hago un llamamiento al PP para que cerremos un pacto que, por otra parte, está ya muy cerrado.

P. ¿Hay un plan para desbloquear si el PP no se aviene al pacto? ¿La reforma legal para cambiar la mayoría necesaria está descartada completamente?

R. Ese es un tema zanjado. El presiente del Gobierno ya dijo que quedaba en el congelador. Los grupos parlamentarios la retiraron y ya no está en cuestión.

P. Están tramitando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para, entre otros cambios, dejar la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales. Pero el anteproyecto de ley no ha gustado al Consejo Fiscal. ¿Hay que mejorar el texto?

R. Asumo las críticas con carácter enriquecedor porque para eso se piden los informes. Cuando presenté el anteproyecto dije que esta era la primera palabra, pero no la última, porque la última la darán las Cámaras, Todas las críticas constrictivas serán asumidas, debatidas y ojalá admitidas con el mayor consenso. Cuantas más voluntades seamos capaces de sumar a un texto tan importante, mejor nos irá a todos.

Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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