El PP bloquea en un momento clave la renovación del Tribunal de Cuentas

El órgano fiscalizador tramita una causa multimillonaria contra 40 independentistas. El Congreso no responde al requerimiento de la presidenta de la institución de control

El líder del Partido Popular, Pablo Casado (a la izquierda), y el diputado popular Teodoro García Egea, entran en el hemiciclo del Congreso, el miércoles pasado. En vídeo, declaraciones de Casado, este lunes, sobre el Tribunal de Cuentas.EMILIO NARANJO / EFE / epv

El jueves pasado, en su último pleno, varios consejeros del Tribunal de Cuentas preguntaron a su presidenta, María José de la Fuente, por la renovación del órgano fiscalizador, cuyo mandato de nueve años concluye el 23 de julio. Y la presidenta reconoció que “no sabía nada”, según fuentes del tribunal. De la Fuente envió en abril un escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, requiriendo el relevo en tiempo y forma de los 12 consejeros del tribunal, pero no obtuvo respuesta.

Batet le planteó el dilema a los grupos, sin éxito. El PP se niega a negociar esa renovación ahora, tras la concesión de los indultos a los líderes separatistas y en vísperas de conocerse la sanción de 5,4 millones euros que el tribunal impondrá a 40 ex altos cargos de la Generalitat.

Los populares rechazan negociar con el Gobierno y el PSOE porque, como pasa en el Consejo General del Poder Judicial, disponen de mayoría absoluta también en ese órgano (7 de los 12 consejeros fueron propuestos por el PP) y no la quieren perder.

La disputa entre el Gobierno y el PP con motivo de los indultos a nueve dirigentes independentistas catalanes se juega en todos los frentes. Y esta semana le toca el turno al Tribunal de Cuentas, el organismo fiscalizador de las instituciones públicas.

El tribunal debe resolver este martes el expediente abierto por la responsabilidad contable de los cargos del Gobierno catalán entre 2011 y 2017 al usar de manera indebida fondos públicos para la promoción exterior del proceso independentista. El informe abarca la gestión del organismo público Diplocat y de varias consejerías, y afecta a casi 40 ex altos cargos de la Generalitat, desde los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell o Raül Romeva, entre otros.

El expediente sancionador de 500 páginas que se discutirá el martes en el Tribunal de Cuentas apunta a que se pudieron emplear más de 5,4 millones de euros en ese cometido de buscar apoyos internacionales para el proyecto independentista. Ese mismo día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá en La Moncloa en una entrevista bilateral al nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para retomar una relación institucional y política perdida en estos últimos 10 años de deriva del proceso independentista.

El Gobierno central de coalición encara así un momento crítico de la legislatura, tras una semana difícil por la concesión de los indultos a los líderes separatistas catalanes. El presidente Sánchez ha multiplicado su presencia estos días para explicar lo que ha denominado “la agenda del reencuentro”, con apelaciones constantes al “perdón”, “la concordia y la convivencia” para justificar esas medidas de gracia en razón de la utilidad pública.

Los indultos fueron aprobados el martes pasado por el Consejo de Ministros, pese a los informes en contra del propio Tribunal Supremo, que fue el que dictó las sentencias condenatorias, y de la Fiscalía. Pese a esos escollos, el Ejecutivo debatió durante horas su propuesta de una solución más política que jurídica al conflicto catalán. En esa estrategia se cruza ahora la aprobación del expediente sancionador del Tribunal de Cuentas contra los ex altos cargos de la Generalitat.

El miércoles, en el Congreso, los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y de Junts, Míriam Nogueras, exigieron al Gobierno “más pasos adelante” y “valentía” en el proceso para destensar la crisis catalana y apuntaron directamente contra las decisiones del Tribunal de Cuentas. Rufián llegó a descalificar al tribunal por su composición, que atribuye a determinadas sagas familiares conservadoras (Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, está entre los consejeros del PP), y demandó una renovación en su sistema de elección.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, en una comparecencia en mayo.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, en una comparecencia en mayo.J.J. Guillén (EFE)

Fuentes de ERC indicaron más tarde que esos planteamientos ya se los “habían hecho llegar al PSOE” y que ese partido había tomado nota al respecto. Pero matizaron que sus ideas son solo “propuestas” y “no presiones”.

El viernes, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se pronunció sobre esas quejas en una entrevista en la Cadena SER en Cataluña: “Estas causas no dejan de ser piedras en este camino, pero sabíamos que estaban ahí. Nos corresponde ir desempedrando este camino dentro de la legalidad. Es la única forma. Claro que es más complicado desandar lo mal andado”.

El viernes, el presidente catalán, Pere Aragonès, replicó a las tesis del ministro y le conminó a desempedrar los baches de ese camino del reencuentro. “El Tribunal de Cuentas se ha convertido en la nueva inquisición, la inquisición económica. Ante esa situación de injusticia, tenemos que usar los mecanismos que todos tengamos a nuestro alcance para evitar la situación. Cada parte sabe lo que está en su mano para revertir la represión. Alentamos a que lo haga”, dijo Aragonès.

En ese contexto de juego de tensiones se celebró el pasado jueves el último pleno del Tribunal de Cuentas. Varios consejeros interpelaron entonces a la presidenta sobre su situación y sobre la renovación que debería ser inminente de los 12 consejeros nominados por los partidos políticos (seis en el Congreso y seis en el Senado), como prevé la Constitución. De la Fuente tuvo que reconocer que no había obtenido ninguna respuesta de la presidenta del Congreso, a la que escribió el 22 de marzo. Los consejeros optaron entonces por volverse a citar para el siguiente pleno, el jueves 29 de julio, ya con su mandato prorrogado.

El requerimiento del Tribunal de Cuentas al Congreso sobre su próxima renovación fue abordado por la Mesa de la Cámara el 6 de abril. Batet reenvió esa petición a los diferentes grupos y no recogió ninguna solución.

En ese tiempo ocurrió, además, que el PSOE y el PP rompieron sus negociaciones en marcha desde hacía meses para la renovación también pendiente desde hace más de dos años y medio del Consejo General del Poder Judicial y otros órganos constitucionales. Los únicos contactos que continúan en marcha, y que pese a las múltiples dificultades podrían cerrarse este lunes, son para culminar la nueva estructura directiva de RTVE, pero en este caso las conversaciones que siguen vigentes desde la cúpula del PP son con el nuevo presidente del ente público.

Desde la dirección parlamentaria del PP se confirma que todas esas negociaciones no se han reactivado tras las elecciones madrileñas del 4-M y que, además, se consideran ahora más inviables todavía tras la concesión de los indultos. El PP rechaza, en ese sentido, abrir ahora cualquier puerta a discutir tanto sobre el Poder Judicial como sobre el propio Tribunal de Cuentas. El bloqueo que mantienen en órganos institucionales clave lo argumentan ahora con una frase: “El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha demostrado que no es de fiar”.

El reparto político

Fuentes del Tribunal de Cuentas precisan, además, que al PP no le interesa nada entrar a debatir ahora un cambio en la composición de los 12 consejeros de procedencia política de ese organismo porque disfruta desde hace años en el mismo de una amplia y cómoda mayoría absoluta. Los 12 consejeros políticos actuales se decidieron en 2012 con un reparto que favoreció entonces claramente a los populares: siete consejeros los designó el PP y cinco el PSOE. El sector socialista, además, perdió en 2018 a uno de sus consejeros promovidos desde el Senado, Lluis Armet, que renunció y a día de hoy aún no ha sido sustituido, por lo que ahora solo mantienen a cuatro consejeros de su ámbito ideológico.

En el PSOE entienden, como sucede en el Consejo General del Poder Judicial, que esa distribución está desfasada y que ya no se corresponde con lo ratificado por los españoles en las urnas en las elecciones de noviembre de 2019 y de las que emanó el actual Gobierno de coalición socialista con Unidas Podemos. Fuentes socialistas apuntan así que la composición de los nuevos consejeros del tribunal debería ser justo al revés, es decir, con siete designados desde el Ejecutivo progresista (con aportaciones por primera vez de Podemos y también posiblemente de partidos nacionalistas) y cinco para los conservadores. No será fácil esa transacción.

El líder del PP, Pablo Casado, y varios miembros de su equipo han acusado al Gobierno de Sánchez de ceder ante estas pretensiones independentistas sobre el Tribunal de Cuentas y de promover “ataques a instituciones del Estado”. Los populares exigirán explicaciones al ministro Ábalos de sus palabras en el Congreso.

24 años seguidos de presidentes populares

El artículo 136 de la Constitución define al Tribunal de Cuentas como “el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público”. Y específica que depende “directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado”.

La Ley Fundamental precisa que los miembros del Tribunal de Cuentas gozan “de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces”, y señala que su composición, organización y funciones se regulan a través de una ley orgánica, por tanto, no fácil de modificar sin grandes mayorías, como se han quejado precisamente la semana pasada en el Congreso los portavoces nacionalistas de ERC y Junts.

La realidad de ese organismo fiscalizador es que su presidente, su comisión de gobierno y sus consejeros se deciden en un reparto político, como ocurre con los demás órganos constitucionales. En este caso con mandatos de nueve años, y que requieren una mayoría de tres quintos de las Cortes. Es decir, imposible de cambiar en estos momentos sin el acuerdo del PSOE y el PP.

El actual Tribunal de Cuentas cumple su mandato oficialmente de nueve años el próximo 23 de julio, por lo que ante la falta de acuerdo tendrá que continuar prorrogado, lo que ya ha sucedido más veces.

Desde su creación en 1982, el Tribunal de Cuentas ha tenido ocho presidentes. Los tres primeros fueron elegidos a propuesta del PSOE y los siguientes, desde 1994, han sido nominados por el PP. Los populares, por tanto, llevan proponiendo al presidente de esta institución desde hace 24 años, aunque no ha estado gobernando todo ese periodo, sino solo 15 años desde esa fecha. La primera presidenta procedente del PP fue Milagros Crespo, en 1994, tras el cese de Adolfo Carretero por una enfermedad grave que le causó la muerte.

Los ocho presidentes del Tribunal de Cuentas han sido José María Fernández Pirla (1982-1988), Pascual Sala (1988-1990), Adolfo Carretero (1990-1994), Milagros Crespo (1994-1997), Ubaldo Nieto (1997-2007), Manuel Núñez Pérez (2007-2012), Ramón Álvarez de Miranda (2012-2018) y ahora María José de la Fuente (2018-2021). Nieto, que es el que más tiempo ostentó el cargo, aparece en los papeles de Bárcenas como donante de 3.000 euros.

 


Sobre la firma

Javier Casqueiro

Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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