Ciudadanos desconocía la propuesta del Gobierno andaluz de dar un sueldo a los expresidentes de la Junta

Los socialistas aseguran que el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, les comunicó la iniciativa

Los expresidentes andaluces José Antonio Griñán (segundo por la izquierda), Manuel Chaves (cuarto) y José Rodríguez de la Borbolla (quinto), en una imagen de archivo.
Los expresidentes andaluces José Antonio Griñán (segundo por la izquierda), Manuel Chaves (cuarto) y José Rodríguez de la Borbolla (quinto), en una imagen de archivo.

Ciudadanos, miembro del Gobierno andaluz de coalición con el PP, desconocía la propuesta elevada por el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, al grupo socialista para que los expresidentes de la Junta puedan ser consejeros permanentes del Consejo Consultivo con sueldo de alto cargo de manera vitalicia. Así lo ha reconocido este miércoles el portavoz adjunto de Cs en el Parlamento andaluz, Francisco Carrillo, quien ha mostrado su pleno rechazo a la iniciativa. “Mientras Ciudadanos esté en el Gobierno, estará muy en contra de pagas, sueldos vitalicios y cualquier tipo de chanchullos y prebendas”, ha dicho.

Bendodo no informó, según este diputado, ni al vicepresidente de la Junta y coordinador regional de Ciudadanos, Juan Marín, ni al grupo parlamentario de sus planes, que conocieron a través de EL PAÍS. “Hasta ahora la relación de lealtad está funcionando”, ha dicho Carrillo sin abundar en una convivencia política que se mantiene estable, pese a la convulsa situación interna del partido liberal y la ruptura del pacto en el Ayuntamiento de Granada. Esa situación, por el momento, no se ha trasladado al Parlamento.

El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, ha dicho que no tenía todos los detalles de la propuesta. “No conozco ninguna iniciativa del Gobierno en esta materia; no conozco ningún texto legal” de reforma de la ley del Consejo Consultivo, ha repetido varias veces. Nieto sí ha admitido que mantuvo varias conversaciones con las anteriores direcciones del grupo socialista —renovado al completo tras la victoria de Juan Espadas en las primarias socialistas— para regular la situación de los expresidentes andaluces, todos ellos socialistas.

Nieto señaló que fue el PSOE el que desde el principio de la legislatura cpmunicó “la preocupación” por dar una salida al primer presidente electo de la Junta, Rafael Escuredo, consejero electivo del Consejo Consultivo, cuyo mandato de una década caduca este año. La versión de los socialistas es que fue el PP el que tomó la iniciativa. Nieto abogó “por dignificar y poner en valor la figura de los expresidentes”, sin entrar al detalle de si deben tener o no una asignación económica.

Ha sido la portavoz adjunta del grupo socialista, María Márquez, quien ha revelado en rueda de prensa que fue el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, el que el pasado 7 de julio entregó a la nueva portavoz del grupo parlamentario, Ángeles Férriz, antes de comenzar el pleno del Parlamento, el documento con las reformas propuestas de la Ley del Consejo Consultivo.

Esa propuesta, adelantada por EL PAÍS, contempla la reforma de los artículos 7, 14 y 16 de la normativa y de los artículos 14 y 26 del Reglamento del órgano de asesoramiento legal de la Junta. En el texto entregado, sin membrete oficial como suele ser habitual cuando se trata de borradores, se elimina el tope de 65 años de edad a los expresidentes de la Junta para pertenecer al Consejo Consultivo; se les considera, si ellos lo piden, consejeros permanentes; y además se les da un sueldo: “Tendrán derecho a percibir las retribuciones en los conceptos y cuantías que anualmente se fijen en la ley de Presupuestos de la comunidad autónoma”, se dice en el documento, como ya lo tienen la presidenta, los consejeros electivos a tiempo completo y el secretario general del Consultivo, con sede en Granada. En la reforma del reglamento propuesta también se contempla el pago “a una cantidad equivalente al coste medio de una vivienda” en el caso de que tengan que trasladar su residencia a la capital granadina.

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Según figura en el portal de transparencia de la Junta, la retribución anual de la presidenta del Consultivo es de 69.243,84 euros; de 68.149,92 para los seis consejeros electivos y de 58.352,06 para el secretario general. Los consejeros permanentes en la actualidad tienen derecho a percibir dietas y gastos por desplazamiento.

Para el PSOE, “el Gobierno andaluz se ha metido en un lío y ha creado una cortina de humo”. Márquez dijo que para los socialistas este asunto “no es una prioridad” ni lo ha debatido en profundidad.

La idea inicial de Bendodo era tramitar por lectura única y ya en el próximo Pleno la reforma de la ley, algo imposible de conseguir porque para que así sea se requiere unanimidad de todos los grupos. “Con Vox que no cuente”, dijo su portavoz, Manuel Gavira. El partido ultra defiende la eliminación del Consejo Consultivo previsto en el Estatuto de Autonomía. La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Inma Nieto, mostró su rechazo “rotundo”. “Al Gobierno del cambio le ha bastado tener un presidente del PP para cambiar de opinión sobre los expresidentes”, destacó.

En 2005, cuando el Parlamento reguló por ley el estatuto de los expresidentes con un complemento mensual a su pensión igual al 60% del sueldo del presidente de la Junta en ese momento, el PP votó en contra porque lo consideraba un “pensionazo”, según dijo en el debate el portavoz popular de entonces, Antonio Sanz, y hoy viceconsejero de la Presidencia. Bendodo se ha limitado a comentar sobre la propuesta que él comunicó: “No se va a hacer absolutamente nada de eso”.

El Gobierno andaluz barajó en marzo pasado un documento con mayor enjundia política para que los expresidentes tuvieran una retribución pública. Se creaba dentro del Consultivo una comisión de Estudios y de Evaluación de Políticas Públicas integrada por los ex jefes del Gobierno autónomo y también por algunos consejeros electivos, una propuesta con anclaje en el artículo 138 del Estatuto de Autonomía. Este borrador fue encargado por el Gobierno pero no a sus propios servicios jurídicos, según fuentes conocedoras del mismo.

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