Justicia militar

La justicia ordena investigar al médico militar que obligó a un soldado a ser explorado delante de su jefe

El tribunal castrense subraya que está en juego el derecho a la intimidad de los datos de salud

Una rastreadora del Ejército el formulario de recogida de datos de contactos estrechos de Covid-19 desde el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Una rastreadora del Ejército el formulario de recogida de datos de contactos estrechos de Covid-19 desde el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME).Ricardo Rubio / Europa Press

El Tribunal Militar Central ha ordenado investigar por qué un soldado fue obligado a someterse a un reconocimiento médico en presencia de su jefe pese a sus protestas. En un auto dictado el pasado 29 de junio, el tribunal ordena que se reabran las diligencias que habían sido archivadas por el juez castrense, quien alegó que no se había producido ningún delito. Aunque no entra en el fondo del asunto, el auto sí reconoce que en este caso “están presuntamente afectados derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad en relación a los datos de salud del denunciante”.

Según admite el mismo auto con el que se archivó la denuncia, el 9 de diciembre de 2020, el soldado Marcos García Rodríguez acudió a la sala de consultas médicas de la sanidad militar en la Academia Logística de Calatayud (Zaragoza). Aunque no se permitió el acceso a las dependencias de su representante, una vez dentro, el teniente coronel médico hizo llamar a un subteniente, jefe directo de Marcos García.

El soldado se quejó de la presencia de su superior, alegando que iban a tratarse “datos confidenciales y personales” relativos a su salud, pero el teniente coronel médico ordenó que el subteniente se quedara con el argumento de que su jefe estaba sujeto a un “deber de confidencialidad” y no iba a relevar lo que allí conociese.

El juez togado archivó la denuncia asegurando que el teniente coronel no había cometido ningún abuso ni se había extralimitado en sus facultades sino que, “para la correcta valoración médica de un militar que presenta un problema adaptativo”, había estimado conveniente “contar con una persona que conozca las vicisitudes profesionales por las que ha pasado, eligiendo para ello a su jefe directo”. Según el juez, la presencia del superior en el reconocimiento médico “estaba plenamente justificada y no supuso ningún perjuicio grave para el soldado”, ya que “no consta” que se divulgaran datos médicos suyos.

Contra esta decisión —que no contemplaba, por ejemplo, la posibilidad de que los problemas adaptativos del soldado se pudieran deber precisamente a la relación con su jefe directo— interpuso recurso García.

En su auto, la sala ordena al Juzgado Togado Militar Central número 1 que “agote la investigación” de unos hechos que “hasta la fecha no han sido esclarecidos” y que instruya un proceso penal que permita a las partes personarse en el mismo y “garantice de forma plena el derecho a la tutela judicial efectiva”.


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