El fiasco de El Prat complica el plan de Sánchez para desactivar al independentismo

La marcha atrás de la Generalitat fuerza al Gobierno a descartar una inversión clave

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el jueves en una comparecencia en Barcelona. En vídeo, sus declaraciones sobre el aeropuerto del Prat.EPV (ENRIC FONTCUBERTA / EFE)

La ampliación del aeropuerto de El Prat era una de las joyas de la llamada “agenda del reencuentro”, el plan que Pedro Sánchez presentó como su forma de pasar página del procés independentista y volver a la negociación de lo posible. Era la inversión más importante de las que tenía en cartera el presidente del Gobierno para reforzar su mensaje central en Cataluña: más gestión, dinero, acuerdos para devolver a esta comunidad el liderazgo económico que ha perdido en los últimos años frente a Madrid. Todo cuadraba.

El sector socialista del Gobierno, pese a la oposición radical de Unidas Podemos desde el primer momento, estaba eufórico. El primer gran pacto con la Generalitat después de años de tensión implicaba un cambio total de discurso. El acuerdo del pasado 2 de agosto fue vendido con boato por ambas administraciones: “El Govern y el Estado desbloquean 1.700 millones de euros para convertir El Prat en un hub [centro de conexión] internacional”, decía la nota oficial de la vicepresidencia que dirige Jordi Puigneró, hombre fuerte de Junts.

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Pero las cosas poco a poco empezaron a torcerse. La oposición en Cataluña empezaba a crecer, sobre todo liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y mientras Junts promovía el acuerdo, ERC tenía dudas. El Gobierno aún confiaba en que la Generalitat no dejaría escapar una millonaria inversión que la cúpula política y empresarial catalana lleva 20 años reclamando.

El viernes de la semana pasada se reunió a todos los afectados —Generalitat, el Ministerio de Transportes y varios ayuntamientos de la zona incluidos— para presentar el plan definitivo de Aena, el documento de regulación aeroportuaria (DORA), que incluye la ampliación “hacia el este” y afecta a un área natural protegida por la UE. El representante de la Generalitat, Isidre Gavín, hombre de Puigneró, dejó claro que están a favor. “No queremos estar en una posición de bloqueo”, dijo según fuentes presentes en la reunión. Los representantes de los ayuntamientos de Barcelona y de El Prat, ambos en manos de los comunes, mostraron su rechazo. Pero ahí el Gobierno, con el apoyo de la Generalitat, aún creía que podía seguir adelante. El proyecto en firme se tenía que concretar en un plan director, ya que el DORA no entraba en detalles.

De izquierda a derecha, el director del Centre de Recerca Ecològica, Joan Pino, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.
De izquierda a derecha, el director del Centre de Recerca Ecològica, Joan Pino, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Albert Garcia (EL PAÍS)

Sin embargo, la lectura mediática de ese documento, que se hizo rápidamente público aunque en teoría era confidencial, generó una gran tensión política porque el plan afecta a la reserva natural. Y Pere Aragonès, el president, no aguantó la presión. La CUP, completamente opuesta al proyecto, tiene la llave de los Presupuestos y la gobernabilidad. “El DORA que se ha hecho público no refleja el consenso establecido en el sí del Govern. Exigimos explicaciones y la rectificación de un DORA que perjudica a la zona protegida de La Ricarda”, dijo en Twitter.

En Transportes, Aena y La Moncloa saltaron las alarmas. Es imposible seguir adelante sin apoyo de Aragonès. En el Ejecutivo señalan que no hay posibilidad de ampliar El Prat sin afectar aunque sea mínimamente a la zona protegida, e insisten en que la Generalitat lo sabía desde el principio porque llevan tres años trabajando en el proyecto y lo han asumido en todas las reuniones.

Para entonces el Gobierno tiene ya muy poco margen de tiempo. Antes del final de septiembre hay que enviar al Consejo de Ministros el plan de inversiones quinquenal de Aena, una empresa semipública, controlada por el Estado al 51%. Había que tomar una decisión. Yolanda Díaz, la vicepresidenta de UP, también se mueve y acepta visitar la zona para expresar su rechazo al plan.

Marcha atrás definitiva

El Ejecutivo empezó a pensar en la marcha atrás definitiva. Esperaron un poco a ver si era solo un tuit o una posición de fondo, pero empiezan a verlo claro ya el viernes pasado. La decisión se precipita, según fuentes del Gobierno, cuando ERC anuncia oficialmente el miércoles que irá a la manifestación del día 19 contra la ampliación. El plan está muerto. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, habló con Sánchez y remató la decisión. También habló con el presidente de Aena, Maurici Lucena, gran defensor del proyecto en el que lleva trabajando dos años. Todos estaban de acuerdo en que no se puede seguir. La ministra Sánchez, exalcaldesa de Gavá, municipio cercano al aeropuerto, llamó a Puigneró poco antes de comparecer para anunciar la marcha atrás.

La ampliación ya era una operación difícil, en la que había que convencer a Bruselas de que permitiese la afectación de un espacio protegido dentro de su proyecto Natura 2000. Pero tanto el Gobierno como la Generalitat lo veían factible cuando lo pactaron. Confiaban en que el proyecto que ampliaba la zona protegida un 25%, en un lugar aledaño, disiparía los recelos también de Bruselas. El descuelgue de ERC era demasiado grave. La Generalitat tiene que estar implicada por motivos obvios, pero además esta Administración es la que debe defender ante Bruselas los motivos para afectar a la zona protegida.

Ahora todos se culpan del fiasco, pero lo que más preocupa son las consecuencias políticas del fracaso. Gobierno y Generalitat están condenados a entenderse. De sus relaciones depende en buena medida el éxito de la legislatura. Sin los votos de ERC no hay Presupuestos, y el Ejecutivo podría empezar a perder sistemáticamente votaciones. Sin embargo, los mensajes que trasladan tanto el Gobierno como ERC implican que este fracaso no rompe ni el diálogo para preparar la mesa de la semana que viene ni las negociaciones para aprobar las cuentas y consolidar la mayoría de la legislatura. Sí complica mucho el gran plan de infraestructuras de Sánchez, aunque las demás prometidas —conexión AVE de los aeropuertos, Rodalies, puertos— siguen adelante. Tanto el PSOE como UP y ERC se esfuerzan ahora por salvar el pacto de fondo pese al golpe muy fuerte a la confianza.

En público, Aragonès fue durísimo con el Gobierno a pocos días de la mesa de diálogo y en el que ha sido el primer bache de la operación deshielo entre ambas administraciones. “No tenemos confianza en el Estado en la gestión del aeropuerto”, aseguró en una atención en los medios, acusando de querer “imponer”, mediante el chantaje, “un modelo de desarrollismo propio de otra época”. El escenario de Aragonès era muy diferente al que dibujó Puigneró tanto el miércoles como el jueves.

Sin reproches

Por otra parte, el president se cuidó de no hacer ningún reproche a sus socios, intentando ocultar la división y poniendo el foco en la que también tienen el Gobierno central y el de Barcelona con los socialistas y Podemos. En una entrevista en RAC-1, el líder de Junts señaló que el acuerdo de agosto “bueno” dejaba blindada, a su entender, “la laguna de La Ricarda”, lo que no quiere decir toda el área protegida por la UE. También afirmó que el DORA “no ha modificado el marco del acuerdo de agosto”, algo que Aragonès insiste en que sí sucede.

El president se sumó a la tesis defendida por la ministra de Transportes de que el choque no tiene por qué influir en el desarrollo de la mesa de negociación sobre el conflicto político. El republicano fue más allá y dijo que “no se pueden mezclar carpetas” cuando se le preguntó sobre la legislatura. Junts aprovechó para presionar a ERC para que vayan juntos en la negociación de las cuentas.

Todos parecen intentar encapsular el fiasco para que no afecte a la gran decisión de fondo que tomó ERC: apoyar a Sánchez. Pero con los 1.700 millones volatilizados de El Prat se esfuma también el corazón del plan del presidente para cambiar por completo el relato en Cataluña.

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